El anuncio de la Procuraduría se conoce luego de la denuncia formal presentada el jueves 25 de septiembre por la Red de Veedurías de Colombia ante esta entidad y ante la Fiscalía General de la Nación.
Según el presidente de la Veeduría, el señor Pablo Bustos, habría un presunto intento del gobernador de Antioquia de imponer un aspirante afín a él, hecho que según la Veeduría compromete la independencia y la transparencia de la Contraloría Departamental que deberá investigar las acciones del hoy mandatario regional.
Cabe mencionar que por medio de la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025, se delegó a la Universidad de Cartagena como operador académico para la elección del próximo contralor de Antioquia, asunto que a los veedores les ha generado suspicacia.
“Entre las irregularidades recibidas por la red se hayan las señaladas respecto de la cuestionada escogencia de la Universidad de Cartagena como operador académico, las denuncias de presunto favoritismo hacia los candidatos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón, quienes estarían siendo impulsados por el actual gobernador, la participación de aspirantes con antecedentes administrativos y éticos cuestionados, aducidos reportes de reuniones indebidas entre directivos de la Universidad y el gobernador, así como el interés del rector de dicha institución en acelerar irregularmente el proceso en detrimento de la transparencia y la rigurosidad técnica”, escribió la veeduría en sus redes.
“La ciudadanía ha alertado sobre irregularidades que se estarían presentando en el concurso para Contralor de Antioquia. Desde la Secretaría de Transparencia ponemos en consideración de la Procuraduría General la posibilidad de intervenir de manera preventiva y garantizar la transparencia del proceso”, indicó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
¿Quién selecciona al contralor?
A raíz de las denuncias hechas por la veeduría, este diario contactó a la Gobernación de Antioquia y desde la entidad indicaron que quien selecciona al contralor es la Asamblea Departamental. “La Gobernación no participa en ese proceso”, comentaron.
Este diario hizo lo mismo con la Asamblea de Antioquia y desde allí indicaron que próximamente se pronunciarán sobre las denuncias.
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Luego de asumir su papel de vigilancia, la Procuraduría insistió en que los informes que resulten de la observación en Antioquia servirán como insumo para adoptar las decisiones preventivas y de ser necesario, disciplinarias ante presuntas irregularidades en el proceso.
“Con ello se busca reforzar la confianza ciudadana en un proceso que debe estar regido por la transparencia y el mérito”, indicó la entidad.
Finalmente, el Ministerio Público recordó que su intervención es preventiva y no constituye coadministración ni aval a las decisiones de las entidades convocantes, pero sí implica velar porque se respeten los principios de transparencia, mérito y objetividad.
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