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Por la presunta celebración directa de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Carlos Mario Gómez Urrea, exalcalde del municipio de San Luis, Antioquia, entre 2012 y 2015.
El ente de control cuestionó al investigado por presuntas irregularidades al suscribir un convenio de Asociación Solidario con la Asociación Comunitaria Alta Vista, ASCA, por $108 millones, "desconociendo que esta acción era improcedente, dado el objeto del contrato, la cuantía, y que implicaba una contraprestación a favor del ente territorial".
A juicio de la Procuraduría, la contratación de la entidad, que se encargaría del "desarrollo del proyecto de restauración pasiva mediante el aislamiento de cerco de alambre y estacones en 96 hectáreas de zonas de sucesión natural", debió adelantarse mediante una convocatoria pública.
Del mismo modo, el Ministerio Público indicó que "se le reprochó al exmandatario" por presuntamente omitir la aprobación de las garantías únicas de cumplimiento que le fueron exigidas al contratista, conforme a las leyes que rigen la contratación pública.
"Con este posible actuar, Gómez Urrea podría haber contravenido el principio de moralidad que regula y garantiza la función pública, alejándose con su comportamiento de los fines estatales que buscan la garantía de los principios, derechos y deberes y la procura de una convivencia pacífica, entre otros”, señaló el ente de control en un comunicado.
La presunta falta del exmandatario fue calificada provisionalmente como "grave cometida con culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario a sus actuaciones".
La Procuraduría agregó que el exmandatario local podrá presentar su versión de los hechos por los que será investigado, así como solicitar o aportar pruebas al caso.
Tiene otra investigación
Esta no es la primera investigación que la Procuraduría adelanta en contra del exalcalde de San Luis. En marzo de este año el Ministerio Público le formuló cargos por presunto “fraccionamiento de contratos” para transportar a las selecciones que participarían en los intercambios culturales y deportivos del municipio.
Gómez Urrea habría adelantado dos contratos con el mismo objeto por un valor de $222’000.000, mediante “selección abreviada de menor cuantía”, a pesar de que por sus valores iniciales correspondía suscribir un solo proceso bajo la modalidad de licitación pública.
El ente de control le reprochó al exmandatario el presunto desconocimiento de los límites legales establecidos para “adicionar uno de los dos contratos celebrados con la Cooperativa de Transportes Cootrasal por más del 50% de su valor inicial, por medio de dos otrosíes”, por esto la Procuraduría Provincial de Rionegro calificó las presuntas faltas de Gómez Urrea como gravísima a título de dolo, y grave a título de culpa gravísima.