La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a la decisión del Gobierno nacional de suspender los controles de la fuerza pública contra la minería ilegal en el Bajo Cauca.
Ante las reiteradas denuncias por el incremento de las actividades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y el aumento de la deforestación por el uso mercurio para explotación ilegal de oro, la Procuraduría General le solicitó al Gobierno nacional retomar los operativos contra la extracción ilícita de yacimientos mineros y el control de la maquinaria pesada destinada para este fin, acciones que fueron interrumpidas por el Ejército y la Policía Nacional desde noviembre de 2022.
El Ministerio Público advirtió que la interrupción de los operativos por parte de las autoridades fue revelada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y miembros de la fuerza pública, quienes advirtieron la instrucción recibida para el cese de las acciones de control contra minería ilegal en esta zona del país.
Esta situación y la preocupación por parte de la Procuraduría, fue puesta en conocimiento ante la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, desde el pasado mes de diciembre, ante el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef).
Según la Procuraduría, la falta de control de autoridades competentes y la suspensión de operativos ha generado el aumento de las actividades de grupos ilícitos y daños irreversibles en el medio ambiente en esta zona, causando a octubre de 2022, la deforestación de 10.504,91 hectáreas superando las 10.291,35 hectáreas reportadas en el mes de agosto del mismo año.
El Ministerio Público también afirmó que la contaminación por mercurio de fuentes hídricas, producto de la minería ilegal, se viene replicando y aumentando en diferentes regiones del país, como en Santander, sur de Bolívar y los departamentos de Chocó, Caldas, Boyacá, Córdoba y Sucre.
En un recorrido que realizó EL COLOMBIANO en noviembre de 2022 a la Ciénaga Colombia, en Caucasia, uno de los sitios más golpeados por la minería aluvial por parte de informales e ilegales, presenció el cambio de estrategia por parte de la Fuerza Pública, dejando de lado la confrontación y el decomiso de minidragas y motobombas, entablando con los mineros espacios de diálogo, que hacen parte de los compromisos del Gobierno Nacional para lograr soluciones de fondo en una problemática endémica de la región en torno a la explotación de oro.
Según el informe de la JEP sobre el impacto del conflicto armado en el medio ambiente, hay 500 veredas que quedaron semidesérticas en el Bajo Cauca por cuenta de la minería ilegal y los cultivos ilícitos que han arrasado durante años su cobertura vegetal y riqueza hídrica.
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