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Antioquia se endeudará para impulsar la economía en 2021

La Gobernación radicó ayer el presupuesto que está aforado en $5,068 billones, 19,52 % más que en 2020. La clave de la reactivación pasará por las obras públicas.

  • Las obras estarán en el primer orden para la reactivación. En la imagen, la construcción de un puente de la conexión Mar 2 en Cañasgordas. FOTO juan antonio sánchez
    Las obras estarán en el primer orden para la reactivación. En la imagen, la construcción de un puente de la conexión Mar 2 en Cañasgordas. FOTO juan antonio sánchez
06 de octubre de 2020
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Jalonado por mayor endeudamiento —que llegará al techo de 118 % en 2021—, Antioquia tendrá en su billetera del próximo año 19,52 % más de recursos que en la vigencia en curso. Así se desprende del proyecto de ordenanza 21, radicado ayer en la tarde en la Asamblea, que aforó el presupuesto en $5,068 billones ($4,66 billones para el nivel central departamental y $404.634 millones para los establecimientos públicos).

Aterricemos este plan que será la carta de navegación del departamento para afrontar el año clave de la reactivación económica. Los $4,66 billones del nivel central se dividirán así: $3,019 billones para inversión, $1,055 billones para gastos de funcionamiento y $589.000 millones para pagar el servicio de la deuda. Ese monto del nivel central en el presupuesto inicial para este año fue de $3,9 billones, lo que se traduce en incremento de 19,52 %.

¿De dónde salió más plata?

La crisis generada por la pandemia impactó de manera negativa a todos los sectores de la economía, lo que ralentizó su desempeño y disminuyó sus ingresos y la capacidad de pago. Esto, a su vez, mermó el recaudo de impuestos y de transferencias a los entes territoriales. Con corte a julio, la Gobernación estimó un golpe fiscal de $567.000 millones entre 2020 y 2021, entre plata dejada de percibir y atención de la pandemia por la covid.

Pues bien, el Decreto 678 de mayo de 2020 de la Presidencia de la República otorgó facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y modificar el presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2021.

El decreto en su artículo cuarto definió que para efectos de ejecutar proyectos de inversión dentro de la reactivación económica los mandatarios locales podrán suscribir crédito público en las vigencias 2020 y 2021, siempre que la relación saldo de la deuda- ingresos corrientes no supere 100 %.

Incluso, la entidad territorial podrá superar ese límite si demuestra que tiene calificación de bajo riesgo crediticio que corresponda a la mejor calificación de largo plazo.

Amparada en esa atribución, la Gobernación elevará su endeudamiento hasta 118 % a finales de 2021. Es decir que la deuda que tendrá el Departamento el próximo año llegará a $2,2 billones, según la secretaria de Hacienda de Antioquia, Luz Elena Gaviria.

Los recursos de crédito se incrementarán entonces en 145 %, al pasar de $248.850 millones en el presupuesto inicial de 2020, a $609.600 millones para la nueva vigencia.

“Ante una pandemia con muchísimas dificultades, el departamento, a través de múltiples actividades y estrategias, ha logrado sobrellevar este año. En 2020 tuvimos el reto de cuidar la vida. Nos queda el aprendizaje del autocuidado pero para 2021 el gran reto es la defensa de la economía”, dijo Gaviria.

En 2022 los gobiernos locales deben retornar a los niveles establecidos por el Gobierno Nacional que es tener el endeudamiento por debajo de 80 %. Según Gaviria, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, Antioquia cerraría ese año en 75 %. “Se van a generar varias estrategias para poder lograr bajar ese nivel”, indicó.

La funcionaria añadió, sin embargo, que la Federación Nacional de Departamentos trabaja en una propuesta que presentará al Gobierno para que el desmonte de ese techo de endeudamiento al que llegarán los entes territoriales sea gradual durante tres años.

La Gobernación también mencionó el crecimiento de los ingresos tributarios en 10% como consecuencia de la evolución de rentas propias como impuesto de vehículos, impuesto al consumo cerveza y registro e impuesto al consumo de cigarrillo.

El compromiso, señaló, es ahondar en los programas de fiscalización, fortalecer la cultura tributaria y la gestión de cobranza. “Los ingresos no tributarios aumentarán 12 %, debido a la reactivación en el consumo de licor, lo que repercute en la renta denominada participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licor, tanto producidos en su jurisdicción como los que provienen de licor nacional e importado”, señaló.

Tres frentes prioritarios

El cupo de la deuda solicitado a la Asamblea será invertido en tres frentes para la reactivación en las subregiones: (1) construcción y mejoramiento de vivienda, sector que impulsa 38 sectores productivos; (2) infraestructura, con la priorización de vías secundarias y terciarias para conectar las carreteras con las autopistas de cuarta generación (4G); y (3) conectividad de acueducto y de electricidad de las escuelas rurales, porque al menos 3.000 no tienen agua potable.

El propósito en este último ítem, al que se vinculó el sector privado, es saldar una deuda de vieja data con las instituciones educativas del campo para que puedan regresar a labores el próximo año, así sea en el modelo de alternancia.

Generación de empleos

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, dijo el jueves en la instalación de las sesiones ordinarias en la Asamblea que la administración departamental buscará alternativas durante estos dos meses para la consecución de nuevos recursos, “buscando el equilibrio entre la contención de los contagios y la reactivación económica y social”. Explicó que aumentar la capacidad de endeudamiento permitirá dinamizar la economía en las regiones con la puesta en marcha de obras públicas y la apertura de nuevos empleos.

Añadió que la Alianza Arriba Antioquia ha empujado la revitalización económica y social durante la crisis generada por la covid-19 y dijo que gracias a esta unión de esfuerzos público – privados se “logrará motivar la generación de por lo menos 40.000 empleos de aquí a junio de 2021”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Jairo Ruiz Tamayo, dijo que el monto apropiado deberá apuntar al cumplimiento de las metas prometidas en el plan de desarrollo 2020-2023. La Comisión de Presupuesto estudiará el proyecto (ver recuadro) y hará el primer debate antes del 15 de noviembre. La aprobación final deberá ser antes del 30 de noviembre.

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