Tras atender una denuncia ciudadana, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por diez meses para ejercer cargos públicos, en fallo de primera instancia, al inspector de Policía y Tránsito de Campamento, Héctor Julián Álvarez, quien atendía en su despacho en estado de embriaguez.
El caso trascendió gracias a una denuncia ciudadana que alertó, vía telefónica, a la Procuraduría Provincial de Yarumal, sobre el comportamiento del funcionario en su despacho.
Según el informe del organismo disciplinario, el inspector reconoció su falta ante la Secretaría General y de Gobierno, que visitó su puesto de trabajo y comprobó que no atendía con el decoro que exige su cargo.
En su fallo, la Procuraduría recordó a Álvarez y, de paso, seguramente a los demás funcionarios estatales, que “a los servidores públicos les son exigibles paradigmas de comportamientos que sobrepasan a los de los particulares; en ese orden de ideas deben imprimirle a sus actuaciones públicas un nivel de diligencia y cuidado que linden con extremos de meticulosidad (...)”.
La falta fue calificada como grave a título de dolo.
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