Personeros de Antioquia piden garantías para su labor

La Asociación de Personerías de Antioquia dice que faltan garantías para defender los derechos humanos. Estos son sus principales reclamos.

A pesar de tener el presupuesto más grande del departamento, la Personería de Medellín también tiene problemas para solventarse. FOTO CAMILO SUÁREZ

Custodiado por soldados, el pasado martes 2 de marzo, el personero de Peque abordó un helicóptero y abandonó ese municipio en medio de una evacuación de emergencia. Luego de denunciar y atender el desplazamiento forzado de 187 familias de ese territorio, que habían quedado atrapadas en medio de los enfrentamientos de grupos derivados de las disidencias de las Farc y el “Clan del Golfo”, Juan Diego Fernández abandonó su oficina.

Pese a recibir amenazas y tener información de un plan para atentar contra su vida, 77 días después Fernández cuenta que no ha recibido acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección y continúa desempeñando sus funciones por fuera de su municipio, a través de videoconferencias y medios digitales.

“Como personero me tocó atender el desplazamiento de 476 personas provenientes de la zona norte y sur del municipio, desplazados por los combates. Cuando la población recibe protección para que no estén en medio del conflicto, eso no le gusta a los grupos armados, porque son usados como escudo. Por eso se dieron las amenazas”, dice Fernández.

El caso de Peque es solo un ejemplo de los riesgos que han llevado a los personeros del departamento a levantar su voz de protesta en contra de la falta de garantías y los obstáculos para ejercer sus funciones. Intimidaciones de los grupos armados, limitaciones presupuestales, sobrecarga laboral, entre otros, hacen parte de los problemas que los han llevado a pedir reformas estructurales en el ordenamiento jurídico que regula su trabajo.

Problemas presupuestales

William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín y presidente de la Asociación de Personerías de Antioquia, advierte que su inconformidad aborda varios puntos. En materia presupuestal y laboral, por ejemplo, señala que mientras sus responsabilidades vienen creciendo, su capacidad de acción se ha quedado estancada.

“Nuestras instituciones se han quedado rezagadas financieramente y en la contratación de más servidores. Mientras tanto, los problemas sociales y de violación a los derechos humanos de los municipios cada día crecen”, dice.

Según explica, el principal obstáculo presupuestal consiste en que sus márgenes financieros están atados a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, que fija un porcentaje máximo de transferencias por parte de los municipios.

Según establece esa norma en su décimo artículo, los gastos de funcionamiento para las personerías y contralorías locales no pueden superar un porcentaje determinado, que varía de acuerdo con la categoría de cada municipio.

Mientras en los de categoría especial (como Medellín), los gastos no pueden superar el 1,6 % de los ingresos corrientes de libre destinación, en los de primera categoría (como Itagüí y Envigado), no pueden pasar del 1,7 %.

De esta forma, la restricción varía progresivamente hasta llegar a la sexta, que reúne a los municipios con menos ingresos y población. En ella, que en 2021 reúne al 79,2 % de los municipios antioqueños, la restricción en los gastos es de 150 salarios mínimos, es decir, $136 millones.

En la práctica, según detalla Vivas, ese último margen se traduce en que en los municipios de sexta categoría solo alcanzan para solventar el salario del personero, un asistente y los gastos esenciales de funcionamiento. En otras palabras, dos funcionarios para los problemas de toda una localidad.

En el caso de Peque, que de acuerdo con las proyecciones demográficas del Dane tiene 8.414 habitantes, Fernández explica que la personería solo está compuesta por dos personas: una auxiliar administrativa y él. En una semana, calcula, en su oficina se atienden en promedio unas 350 personas, la mayor parte víctimas del conflicto armado que acuden a la entidad en su condición de enlace con los procesos de la Ley de Justicia y Paz.

“Nosotros necesitaríamos al menos otro profesional universitario, de profesión abogado, para que nos ayudara con la carga administrativa, de víctimas y los procesos disciplinarios”, explica Fernández, advirtiendo que, en el marco de la pandemia, las funciones de las personerías se han incrementado, por ejemplo, vigilando procesos como la vacunación contra la covid-19.

Por el lado de la Personería de Medellín, la de más recursos de Antioquia, Vivas Lloreda señala que, aunque el presupuesto de 2021 fue aprobado en $26.288 millones, dado el tamaño de la ciudad y los procesos que deben vigilarse, únicamente los gastos de personal son de $15.559 millones, lo que equivale a un 59 %.

Bajo ese contexto, advierte, la entidad está supeditada a firmar convenios con otras entidades y así cumplir con sus funciones. Por ejemplo, para operar la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que desde el inicio del paro nacional se encarga de hacer seguimiento a las manifestaciones ciudadanas, documentar los presuntos abusos de la Fuerza Pública, entre otros, se depende de un convenio firmado con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, con el que se vincula a cerca de 120 servidores.

Cambios estructurales

Jesualdo Arzuaga Ramírez, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), detalla que los problemas de Antioquia son compartidos por las demás personerías del país.

Él dice que para esa organización son preocupantes los casos de los personeros como Férnandez o el de Andes, Duván Alberto Graciano, quien también ha recibido amenazas por denunciar las masacres que se han cometido en ese municipio.

Según sostiene, en el caso de ellos y otros personeros, cuando se han activado las rutas de protección, las medidas que ha desplegado el Estado son ineficaces o no son acordes al riesgo. De igual forma, en materia laboral, coincide en que hay una sobrecarga de funciones sobre los personeros, asociada a la delegación de responsabilidades que hacen la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Bajo ese contexto, agrega Arteaga, la federación pidió a la Procuraduría habilitar un espacio para ser escuchados. Dentro de las acciones que están sobre la mesa, explica, están la creación de un comité para la protección de los personeros y una reforma a la ley, para que las personerías puedan mejorar sus finanzas.

“Hay que visibilizar esta problemática. Las personerías nos hemos convertido en esa oficina que llega a todas las necesidades del ciudadano”, concluye Fernández, para quien debe abrirse el debate