Por la venta de la chatarra de Medellín, vendida mediante subasta a $900 menos del valor comercial, la Personería de Medellín anunció ayer que hará una indagación sobre este proceso para establecer si se presentó o no un detrimento patrimonial.
Los vehículos que llevan más de un año abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín fueron comercializados a $98 el kilo, cuando el valor comercial supera los $1.000, en un proceso de subasta en el cual se presentó un oferente, la Unión Temporal RYM, conformada por Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S., tal como lo denunció en su momento este diario.
El Ministerio Público anunció que evaluará si se presentó el detrimento patrimonial en cuestión y en caso tal de comprobarse, se iniciará la apertura formal de Investigación Disciplinaria y de ser el caso, la formulación de pliegos a los funcionarios implicados en este proceso.
La subasta que despertó la polémica se realizó el pasado 21 de abril, a las 9:00 a.m., en la que la empresa con sede principal en Cartagena y con subsedes en Bello, Bogotá y Cali fue la única que habría cumplido con los requisitos para participar, razón por la cual se quedó con el lote de vehículos que actualmente se encuentran en Barbosa. El proceso se realizó cuando Carlos Mario ‘Flaco’ Mejía aún era el secretario de Movilidad de Medellín, aunque se investiga si hubo participación de otros funcionarios de la entidad.
La Alcaldía de Medellín argumentó, en respuesta a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, que el valor de la subasta se hizo con base en las propuestas presentadas por algunas compañías chatarrizadoras y al hacer la ponderación, se estableció que el valor de la chatarra era de $98 el kilo.
Rafael Naranjo, representante de la Unión Temporal que se quedó con esta subasta, argumentó que el valor comercial de $1.000 el kilo es el que ellos tienen para comercializarla ya procesada y que se adquiere a precios como el ofrecido a la Alcaldía de Medellín porque deben hacerle el proceso para quitarle los fluidos, vidrios, plásticos y demás elementos no ferrosos para posteriormente compactar la chatarra. Todo eso sumado al traslado de la chatarra desde los patios de Barbosa a las sedes de Bello y Cartagena para procesarla.
Una de las irregularidades que fue denunciada por el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, está en el presunto acomodo de los requisitos para la subasta, con la idea de favorecer a uno de los oferentes, exigiendo una prensa que solo tendría la unión temporal liderada por Naranjo.
Los 50.000 vehículos que estaban en este proceso de subasta tienen más de un año de estar abandonados en los patios de la Secretaría por infracciones de tránsito o implicaciones en accidentes.
Avalados en la ley 1730 de 2014, en la cual se pueden declarar en abandono estos automotores, la autoridad municipal tomó el poder de estos para proceder con su chatarrización.
Y aunque Naranjo aseguró que hay ciudades del país donde les regalan la chatarra para procesarla, será la Personería de Medellín la que defina si hubo irregularidades en este proceso de subasta
