Esta semana el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que gracias al trabajo de la secretaría de Seguridad, la Policía y el Inpec 70 personas que están recluidas en las estaciones de Policía del departamento serán trasladadas a centros penitenciarios por fuera de Antioquia.
Esto para, según dijo Rendón, “liberar pie de fuerza militar y policial para proteger y cuidar a los antioqueños”.
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Y es que además del terrible hacinamiento que se presenta en las estaciones de Policía de Antioquia donde hay personas que duran meses esperando una condena o una absolución que los saque de esos centros de retención transitoria donde en teoría no deberían pasar más de 36 horas, otro problema es que los pocos policías con los que cuentan los municipios deben dedicarse a cuidar a los reclusos (una labor que debería hacer el INPEC) y no a hacer las labores que deberían para proteger la población y enfrentar a los delincuentes.
Como se dijo, buena parte de estas personas recluidas en las estaciones de Policía están esperando un traslado para una cárcel, sin embargo, en las cárceles del departamento, el nivel de hacinamiento actual es del 51,6%, pues hay 8.191 cupos y en este momento hay recluidas 12.423 personas, lo que significa que hay una sobrepoblación de 4.232 personas. Siendo este uno de los hacinamientos más grandes del país.
Aunque no se conocen las cifras de hacinamiento en las estaciones de Policía del departamento, las de Medellín pueden dar una idea del fenómeno. Según la Personería, en mayo del año pasado el hacinamiento en la capital antioqueña era de hasta el 1.000%.
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Los centros de detención que presentan hacinamiento son el de la comuna 1 - Popular con un hacinamiento del 1020%, con 102 detenidos adicionales a su capacidad máxima. Otras estaciones de Policía con la misma problemática son: Manrique con el 850% de hacinamiento y 85 personas más a su capacidad; Buenos Aires con el 670% de hacinamiento, con 67 personas de más; Doce de Octubre con el 475% de hacinamiento, con 57 personas de más; Villa Hermosa con el 480% de hacinamiento, con 48 personas más de su capacidad; San Javier con el 440% de hacinamiento, con 44 reos adicionales; Castilla con el 308% de hacinamiento, con 77 personas de diferencia y Candelaria con el 331% de hacinamiento, con 248 sindicados de más.
Según el ente de control local, uno de los casos más graves se da en las celdas de la Sijín que poseen una capacidad para albergar 20 detenidos, pero actualmente tiene 357 presos. Esto representa un nivel de sobrepoblación del 1.685%.
La medida de los traslados la anunció el Gobernador en medio de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Peque, Occidente antioqueño. Allí, Rendón también anunció que con los recursos que recibirá del nuevo impuesto de Seguridad, ampliará la estrategia de Entornos Educativos Seguros a las placas polideportivas del departamento.
“Vamos a ampliar la estrategia de los Entornos Educativos Seguros, una petición de los alcaldes. Con los recursos que habremos de incorporar al presupuesto de la Tasa de Seguridad que pagarán los antioqueños, vamos a extender esta la estrategia a las 5.000 placas polideportivas, las cuales se habrán de mejorar sustancialmente para que pasen de ser sitios del hampa a sitios de espacio público, recreación y esparcimiento para nuestros niños y Jóvenes”, dijo el Gobernador Andrés Julián Rendón.
Finalmente, aseguró que con la estrategia de derribamiento de casas foco de inseguridad, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz identificó cuatro inmuebles, tres en Frontino y uno en Cañasgordas, que podrán ser demolidos próximamente.
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