El Partido Comunista acaba de lanzar una grave denuncia en la que pide con urgencia medidas por parte del Gobierno y de los organismos internacionales ante el inminente riesgo contra la vida de varios de sus integrantes en Antioquia.
A través de un comunicado, el Partido Comunista y el Pacto Histórico denunciaron haber recibido amenazas de muerte a través de correos electrónicos el pasado 18 de febrero. En dichas amenazas mencionaron siete integrantes a quienes les exigieron abandonar el departamento en un plazo de 24 horas. Además, los victimarios amenazaron con realizar atentados a la sede del partido en Medellín.
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Según denunciaron en el comunicado, la amenaza incluyó información detallada de la ubicación de los militantes mencionados, lo que evidencia el grave riesgo que tienen tanto ellos como sus familias. En los mismos correos los criminales amenazaron con explotar la oficina de reuniones y perseguir a cada persona mencionada hasta asesinarlas, acusándolos de ser auxiliares de las Farc y de milicias urbanas.
Por estas amenazas, el partido exigió la protección de su militancia, así como de la Juventud Comunista Colombiana, para que las autoridades les garanticen sus derechos políticos y sociales. “Pensar distinto no puede seguir siendo un motivo para la eliminación física e ideológica de quienes nos oponemos al régimen político, social y económico que por años ha marcado la historia del país”, señala el comunicado.
Directamente, el partido le hizo un llamado al Ministerio Público, a la sociedad civil y organismos internacionales para que investiguen y toman las medidas correspondientes para evitar que las amenazas se materialicen.
El partido Comunista ha sido víctima de persecución y genocidio político a lo largo de sus casi 95 años de existencia en Colombia. Algunas organizaciones políticas y de derechos humanos señalan que cerca de 7.000 militantes comunistas han sido asesinados en Colombia en las últimas cuatro décadas. En 2019, el partido entregó al a JEP un informa con evidencia de al menos 535 homicidios perpetrados en el marco del conflicto armado a manos particularmente del Estado y de paramilitares.
Dos años después, en 2021, el partido Comunista Colombiano fue reconocido como víctima colectiva del conflicto armado en el país, con 1.200 víctimas comprobadas en más de 58 años de conflicto.
El 24 de noviembre de 1987, hacia las cinco de la tarde, tres hombres con ametralladoras entraron a la sede de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), ubicada en el centro de Medellín, y dispararon contra las nueve personas que se encontraban en el segundo piso de la vivienda. El atentado dejó seis personas muertas.
Hay que recordar también que el 24 de noviembre de 1987 seis integrantes de Juventud Comunista en Medellín fueron asesinados por tres hombres que entraron con ametralladoras y dispararon de manera indiscriminada. Quienes lograron sobrevivir tuvieron que pasar años escondidos, exiliados y viviendo en más de 100 casas a lo largo de años para evitar las amenazas que no cesaron.
Por todas estas razones, el partido, que en los últimos años ha intentado fortalecerse política y socialmente tras el genocidio sufrido en los 90 y que logró tener por primera vez un militante en el gabinete presidencial (la ex ministra de Trabajo, Gloria Ramírez), pide a las autoridades que le den toda la importancia que requiere una amenaza como la que recibieron en los últimos días.
