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Pago de seguros cerró capítulo que puso patas arriba a Hidroituango

La Contraloría declaró reparado el detrimento patrimonial, tras certificar que a EPM entraron $4,34 billones.

  • Pago de seguros cerró capítulo que puso patas arriba a Hidroituango
29 de enero de 2022
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Dos conclusiones dejó el auto de la Contraloría que declaró reparado el detrimento patrimonial en Hidroituango por pago total: el primero es que ninguno de los 26 responsables fiscales tendrá inhabilidad para contratar con el Estado o aspirar a cargos públicos; el segundo, que toda la perorata que levantó el pago de los daños del proyecto estaba resuelta en el esquema de seguros que EPM había adquirido para la construcción de la megaobra.

Un dato es aclarador del caso: de los $4,342 billones que recibió la empresa, el 99,4% provino de los seguros que había adquirido: una póliza todo riesgo construcción y montaje con Mapfre en 2011 y otra de responsabilidad civil para directores y administradores con Sura en 2017.

El margen restante —unos $23.500 millones— llegó de SBS y Axxa Colpatria, gracias a seguros contratados por la Sociedad Hidroituango y el Idea.

La certificación de los pagos, que habían sido anunciados desde diciembre, cierra un capítulo de incertidumbre, enconadas disputas, diatribas y demandas, abierto desde el 3 de septiembre pasado con el auto de responsabilidad fiscal de primera instancia, que declaró culpables a 19 personas naturales y siete jurídicas por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto.

En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva, los 26 procesados ya no saldrán en el boletín de responsables fiscales, ni en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad. A su vez, el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) ya no tendrá ninguna inhabilidad a la vista para continuar al frente de la construcción.

La certeza de que los seguros pagarían permitió la renovación de los contratos por 11 meses, aunque EPM anunció esta semana que en febrero se abriría una nueva licitación para adjudicar la segunda etapa de la futura central, contrario a la recomendación que hizo el informe Pöyry.

Asimismo, la Contraloría General ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes de propiedad de los declarados responsables fiscales.

No es solamente el epílogo de un episodio convulsionado para Hidroituango, también lo es para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña presidencial estuvo pendiendo de un hilo por cuenta del fallo.

“La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. He pasado por todo tipo de oprobios, todo tipo de insultos, tratando de dañar la mayor riqueza que puedo tener como político, con lo que nosotros construimos, y es generar confianza”, le dijo Fajardo a EL COLOMBIANO, tras conocer la decisión de la Contraloría.

Cuestión de seguros

Para blindar el proyecto, EPM adquirió una póliza con Mapfre hasta por 2.550 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de 1 millón de dólares.

Esta fue la póliza que vinculó la Contraloría en el fallo de segunda instancia. Según el acuerdo de transacción firmado el pasado 10 de diciembre, Mapfre pagaba 983,8 millones de dólares y EPM renunciaba a cualquier reclamación futura, es decir, el acuerdo suscrito no es demandable.

Si la salida del embrollo en el que estaba Hidroituango era o no un problema de seguros fue parte de la discusión que se agitó por la sanción de la Contraloría. El alcalde Daniel Quintero dudaba de este pago y por eso, precisamente, se despachó en varias oportunidades en contra de los contratistas del proyecto.

Justo en pleno debate por el propósito de Quintero de sacar de la obra a los contratistas por el fallo de primera instancia de la Contraloría, hubo un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria. Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.

Quintero le replicó en Twitter: “No señor gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Finalmente, los seguros terminaron cubriendo $4,342 billones del detrimento patrimonial establecido por la Contraloría y ninguno de los 26 responsables pagó un peso.

Quintero volvió a decir ayer que antes de terminar su gobierno avanzará “en la recuperación de otros $5 billones”.

Cualquier responsabilidad adicional y monto a pagar por fuera de este proceso de responsabilidad fiscal tendrá que zanjarse ante un juez. EPM presentó una demanda por $9,9 billones contra los tres consorcios contratistas, sin embargo, esta fue inadmitida y permanece quieta desde que se presentaron recursos contra la decisión de inadmitirla.

Otro tema que saltó a la palestra fue el de cómo la tasa de cambio movería el valor en pesos de los pagos de Mapfre y Sura, y si se completaría o no la bolsa de $4,3 billones que estableció la Contraloría.

El pasado martes, Quintero dijo: “La misma Contraloría definirá el monto adicional que deberá pagar los condenados responsables por descalse en la tasa de cambio (SIC). Estimamos este monto entre 30 y 150 mil millones”.

Al final, el monto certificado por el ente tuvo un excedente de $$11.789 millones.

El caso no se cierra acá

Algunos responsables de este proceso fiscal que terminó tomarán el camino judicial, con la posibilidad de entablar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para tumbar el fallo de la Contraloría. Lo que alegarían en ese escenario es la vulneración del debido proceso, en cuanto a la observancia del derecho de defensa.

Esta acción permite acudir ante un juez para que éste anule la decisión de una autoridad administrativa, en este caso, de la Contraloría. Es un proceso largo, de dos instancias que, en un escenario optimista, duraría cinco años.

El primero en anunciarlo fue el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar: “iremos por justicia ante el Consejo de Estado: que se revoque todo fallo en nuestra contra. La verdad sobre Hidroituango seguirá saliendo. Todo fue una cortina de despiste mientras se robaban el municipio y ofendían, de manera arbitraria, a la ciudadanía”.

Mauricio Pava, abogado del precandidato Sergio Fajardo, también confirmó que tomarán el camino judicial para demandar el fallo de responsabilidad de la Contraloría.

“Todas las acciones legales contra el proceder de la Contraloría siguen su curso. Las pólizas no cubren la mala fe y la mentira de quienes abusan del poder en búsqueda de aplausos. Estamos muy atentos con el pronunciamiento de Naciones Unidas derivado de la reunión que tuvimos en diciembre pasado. Es claro que no hubo actos de corrupción, se pagó un siniestro y el caso fue archivado”, le dijo a EL COLOMBIANO.

La exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos, también irá a los estrados. “Mis actuaciones se enmarcaron dentro de la ley”, se defendió.

Por uno u otro camino y concluido el caso que volvió a poner patas arriba a Hidroituango, los reflectores deberán moverse de oficinas, juzgados y demandas para iluminar de nuevo el proyecto que promete encender, sí o sí, sus dos primeras unidades este año. Ya es hora de que Hidroituango sea noticia por el hito que el país espera hace cuatro años: generar energía

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