Por presuntas irregularidades en contratación, este viernes un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.
Según el ente acusador, los delitos habrían sido cometidos cuando fue mandatario del departamento en el periodo 2004-2007. Esta decisión fue comunicada al presidente Iván Duque para que de inmediato se proceda con la “suspensión del cargo” que ostenta actualmente.
La investigación en la que se basó la decisión para ordenar el aseguramiento de Gaviria Correa tiene que ver con que habría incurrido en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros.
“El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”, indicó la Fiscalía.
Ese anticipo se habría pagado sin la aprobación de una garantía contractual, lo cual generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos.
Además, señala el ente acusador, se hicieron dos adiciones más al contrato que habrían violado los principios de contratación pública: una por adecuaciones en un sector de la troncal que asciende a cerca de 4.000 millones de pesos, y otra fue un otrosí que se llevó a cabo cuatro días antes de que Gaviria Correa terminara su mandato con el fin de construir una vía de acceso a El Bagre.
En este último caso, reveló la Fiscalía, se comprometieron más de 16.000 millones de pesos que no podían ser parte del contrato original y debía organizarse un nuevo proceso de selección.
Como el representante legal del departamento es el gobernador, quien ordena el gasto y aún cuando hubiese delegado la función de contratar, la Fiscalía considera que no ejerció la debida vigilancia de la delegación y procedió a presentar las pruebas que desencadenaron en la decisión del fiscal delegado de imponer medida de aseguramiento al gobernador Aníbal Gaviria Correa.
La Gobernación de Antioquia manifestó que apenas recibió la noticia, Gaviria Correa se reunió con sus abogados para evaluar el tema. Cabe recordar que la medida de aseguramiento, en este caso, sería domiciliaria.
Llamado a indagatoria
El pasado 10 de abril, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al gobernador. La misma fue programada para que el 16 de abril entregara su versión sobre el contrato de la obra de infraestructura firmado en 2005.
Gaviria Correa expresó ese 10 de abril que entregaría a la Fiscalía “las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad”.
Añadió que el ente acusador tiene en su poder los documentos “que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”.
El mandatario concluyó diciendo que respondería “por mis actuaciones y, como ha ocurrido siempre, demostraré la transparencia”.
