Un nuevo golpe contra el contrabando fue anunciado este domingo 10 de mayo por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que las autoridades detectaran un cargamento ilegal de confecciones en Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo.
Según explicó el funcionario, el operativo permitió encontrar 250 cajas de mercancía sin manifiesto de carga dentro de un contenedor proveniente del Puerto de Colón, en Panamá. El hallazgo se logró gracias a labores de inteligencia y control adelantadas de manera conjunta entre la Armada de Colombia, la DIAN y autoridades portuarias.
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“El contrabando no solo evade controles aduaneros; también financia redes criminales y afecta a comerciantes y empresarios que trabajan dentro de la legalidad”, señaló el ministro Sánchez a través de sus redes sociales, donde además destacó el fortalecimiento de las capacidades de inspección sobre rutas marítimas y logísticas del país.
Aunque las autoridades no entregaron detalles sobre el valor de la mercancía incautada ni sobre posibles capturas, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las estructuras de contrabando que operan en el sector textil y comercial colombiano.
En las últimas semanas, precisamente, el país ha seguido de cerca las investigaciones alrededor de la empresa Lili Pink y su matriz C.I. H Enterprises, señaladas por presuntos vínculos con redes de contrabando y lavado de activos. Las autoridades investigan si durante años habrían ingresado mercancías subfacturadas al país para reducir el pago de impuestos y mover recursos ilícitos mediante operaciones comerciales.
La compañía negó cualquier participación en actividades ilegales y aseguró que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, el caso abre nuevamente las alertas sobre el impacto económico del contrabando en Colombia y sobre la forma en que organizaciones criminales utilizan las cadenas logísticas y comerciales para financiar otras actividades ilícitas.
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Desde el Gobierno Nacional insistieron en que continuarán los controles sobre puertos, rutas marítimas y operaciones aduaneras para combatir estas economías ilegales que afectan la industria nacional y las finanzas públicas.
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