La Defensoría del Pueblo en Antioquia lanzó una alerta que retrata la infamia a la que se encuentran sometidas las comunidades de varios municipios del Nordeste antioqueño como Anorí, Vegachí, Remedios y Segovia.
Según aseguró la defensora regional, Yucelly Rincón, la Defensoría tiene documentados 22 casos de menores de edad en Anorí que habrían sido castigados por un grupo armado con presencia en la región (aunque no aclaró cuál) y sometidos a trabajos forzados como forma de “castigo”. Los trabajos forzados incluyen, por ejemplo, cargar durante horas pesados bultos de arena utilizados para construcción y diversos fines del grupo ilegal.
De acuerdo con la funcionaria, esta medida tendría como objetivo imponer terror entre la comunidad para intentar demostrar que ellos son la ley en dicho territorio. Según los testimonios que recogió la Defensoría, la medida fue tomada por el grupo armado como retaliación de lo que consideraron como incumplimientos por parte de estos jóvenes del llamado manual de convivencia que impusieron desde hace meses no solo en Anorí sino en otros municipios.
Habría sido tal la brutalidad del castigo, que la propia comunidad dejó a un lado el temor a represalias y confrontó a los armados para que dejaran libres a los menores de edad.
Rincón aseguró que la alerta temprana 023 que emitió la Defensoría en 2022 y que pedía acciones urgentes para frenar este tipo de situaciones, así como el reclutamento de menores, desplazamiento, homicidio de líderes, ausencia de docentes y deserción escolar terminó cumpliéndose en un 85% sin que los gobiernos nacional y departamental acudieran de manera efectiva para mitigar la situación de las miles de personas sometidas al accionar de estos grupos armados.
Según cifras de la Defensoría, en el Nordeste los homicidios aumentaron más del 60% en lo que va de este año, respecto al periodo anterior. Además, otra grave denuncia que hizo Rincón es que los grupos armados definitivamente dejaron de estar específicamente diseminados en zona montañosa y ahora se encontrarían en una estrategia de cercamiento a las zonas urbanas comenzando por las laderas de los municipios. El hallazgo de al manos 15 artefactos explosivos en zona urbana de estos municipios daría cuenta de ello.
El Nordeste es zona de disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, además de grupos delincuenciales que buscan controlar las rentas de la explotación ilegal de oro y las rutas que conectan con el Norte de Antioquia rumbo al Nudo del Paramillo, corredor estratégico para el narcotráfico.
La denuncia de la defensora en Antioquia no hace más que ratificar el fenómeno del control social por parte de grupos armados que nuevamente arrecia en buena parte del departamento. En agosto de 2023 EL COLOMBIANO conoció la denuncia de varias comunidades del Norte de Antioquia en municipios como Angostura y Carolina del Príncipe en los que las disidencias del frente 36 impusieron un manual de convivencia para controlar la vida de los habitantes, incluyendo multas por hasta $3.000.000 para quien conduzca vehículos después de la medianoche o para quien arme chismes o fomente peleas. Tras la denuncia, el propio grupo armado confirmó mediante panfletos que dicho manual aplicaba para 14 municipios del Norte y Nordeste.
