Un juez de control de garantías le otorgó la libertad al exalcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, y a otras seis personas que estaban detenidas señaladas de participar de la venta irregular de lotes baldíos en este municipio del Urabá antioqueño, mientras el primero se desempeñaba como mandatario.
Esta decisión judicial fue apelada por la Fiscalía ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbo, argumentando que los resultados de la investigación vinculaban al exalcalde a los otros seis procesados en la comercialización de los predios que se entregaron a particulares por parte de la administración municipal de este distrito entre 2016 y 2019.
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“La investigación está relacionada con supuestas irregularidades en la adjudicación de cuatro lotes baldíos valorados en más de mil millones de pesos, ubicados en el municipio de Turbo”, señaló el ente acusador.
Entre los procesados por estos hechos se encuentran Juan Valencia Osorio, Maira Alejandra Róvira Vanetas y Jineth Martínez Arcila, quienes recibieron los lotes, pero los cuales figuran a nombre del exmandatario.
Entre los funcionarios procesados están Diover Silvestre Blanco Agámez, exalcalde encargado de Turbo; Adán Córdoba Palacios, exgerente del Fondo de Vivienda del municipio, y Heiler Palacio Moya, exasesor del mismo fondo, y quienes habrían agilizado los trámites administrativos para la adjudicación de estos terrenos.
Ninguno de los siete procesados por este escándalo se allanó a los cargos ante el juez de control de garantías en las audiencias concentradas por los delitos de peculado en favor de terceros y prevaricato por acción, pero no se les dictó la medida de aseguramiento porque el togado adujo que ninguno de los procesados ocupaba un cargo público.
Todos los procesados son señalados de formar parte del “Cartel de los Baldíos”, quienes durante la administración de Abuchar se habrían adjudicado irregularmente 12 lotes y se les eliminaron los impuestos relacionados con terrenos y propiedades.
Las investigaciones penales no son nuevas para Abuchar González. En octubre de 2022 la Fiscalía lo investigó por peculado por apropiación, al parecer, por favorecer a un contratista con dineros públicos y en el mismo mes, pero en 2018, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el nombramiento y posesión de funcionarios del nivel directivo.