Mientras 23 cárceles del país reportaban casos de covid-19, hasta la semana pasada esa noticia no afectaba a los cinco penales que tiene Antioquia; no obstante, el miércoles 24 de junio llegó la prueba, con resultado positivo, de un guardián del Inpec que contrajo el virus y trabaja en el Centro Penitenciario La Paz de Itagüí. Las alarmas se encendieron, y, en cuestión de cinco días, el lugar pasó de cero a siete casos.
Hasta ayer, según el reporte oficial de las autoridades de salud, se confirmó que los contagiados eran cinco prisioneros y dos vigilantes. Lo grave es que en esta cárcel, construida con una capacidad para albergar a 362 reos, el hacinamiento llega al 322 %, con una población carcelaria de 1.166 personas. Como quien dice, un polvorín que podría estallar y convertirse en foco de la pandemia.
Por eso el Inpec comenzó a aplicar algunas estrategias para evitar la propagación de la enfermedad. Además de establecer los cercos epidemiológicos también se dividió a los guardianes en tres grupos, de tal manera que dos de estos se reparten los turnos para vigilar mientras el tercero guarda una cuarentena preventiva por catorce días y luego entra a remplazar a otro en esa rotación.
Actividades al mínimo
El dragoneante Luis Pinzón, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, reveló que no solo se implementó el aislamiento estratégico antes mencionado, sino que además se suspendieron los talleres que se desarrollaban en el penal.
Como son no menos de 40 reclusos quienes habrían estado en contacto con el primer guardia contagiado, agregó, las pruebas que vienen efectuándose están enfocadas en estas personas.
Pinzón indicó que en la cárcel se acondicionó, de “manera improvisada”, un pasillo en el que están llevando a los presos contagiados. “Vamos yendo al paso, día a día, porque nadie estaba preparado para esto. En este espacio hay celdas, duchas y baños. La instrucción es que ahí solo deben estar quienes den positivo en el diagnóstico”.
Los trabajadores del Inpec también recibieron, por parte de la ARL, implementos de protección como tapabocas, alcohol y otras herramientas para que en sus jornadas puedan cuidarse del virus.
Cabe recordar que desde que inició la pandemia están suspendidas las visitas familiares en todas las penitenciarias del país.
Búsqueda de casos
Sin embargo, Pinzón manifestó que han tenido dificultades con la Secretaría de Salud de Itagüí, pues estarían dejando que sean los trabajadores quienes se hagan las pruebas con sus respectivas EPS, mientras que lo ideal para evitar un brote a gran escala sería que la búsqueda activa incluyera, además de los reos, a los guardianes. “Sentimos que le están sacando el cuerpo a la responsabilidad y nos dicen que eso es competencia solo del Inpec”, dijo.
Luis Guillermo Pérez, jefe del despacho en cuestión, aseguró que la administración municipal ha estado pendiente desde que se confirmó el primer caso, y todos los días van a la penitenciaria para hacer la vigilancia epidemiológica. Incluso, en esa dinámica, mantienen un diálogo con la Gobernación de Antioquia, la Personería local, las directivas del centro carcelario y el Ministerio de Salud.
“Ya se están implementando acciones para ampliar el cerco y se están tomando muestras”, aseveró.
Aún así, el subsecretario de Salud Alejandro Pulgarín subrayó que, efectivamente, la competencia en este penal es del Inpec y no de la alcaldía, por eso emitirán una notificación a través del área jurídica para que queden delimitadas las responsabilidades de cada entidad. Aunque eso no ha impedido, anotó el funcionario, que el Municipio identifique a las personas sintomáticas para establecer con quiénes estuvieron en contacto.
Esa labor permitió, por ejemplo, que hasta ayer tres casos sospechosos fueran aislados, aunque ya la prueba llegó negativa. Por otro lado, entre la población carcelaria susceptible a contraer el virus la Secretaría de Salud identificó a 43 internos más.
Temor en la cárcel
“A nosotros no nos dicen nada, no nos dan implementos. Después de cuatro meses apenas nos regalaron dos tapabocas y eso lastimosamente no nos parece suficiente para nuestro cuidado (...) Nos sentimos en una fila hacia la muerte”, expresó uno de los reclusos de la cárcel La Paz.
Jorge Alberto Carmona, defensor de los derechos humanos para la población carcelaria en Antioquia, indicó que como el anterior, son muchos los mensajes que recibe a diario, no solo desde la penitenciaria en Itagüí, sino de Bellavista o El Pedregal, los otros dos penales del Valle de Aburrá donde ya se conoce la situación y temen que ocurra lo mismo.
“Es lamentable que de esas donaciones que llegaron para Medellín y otros municipios del área metropolitana no se destinara algo para comprar elementos de protección a la población carcelaria. Sé que muchos de los tapabocas les han llegado a los internos por cuenta de fundaciones o corporaciones, pero no por cuenta del Inpec o las alcaldías”, expresó.
El dragoneante Pinzón llamó la atención porque el 15 de julio termina el plazo para que los detenidos en estaciones de Policía y otros sitios transitorios sean trasladados a penitenciarias, situación que aumentará más el riesgo de contagio. Por eso pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (Uspec) que asuma las adecuaciones para aislar casos sospechosos dentro de las cárceles, y así no tener que improvisar en pasillos que no cuentan con medidas de bioseguridad.
“Nos preocupa Bellavista (Bello), solo por mencionarle un caso. Allá hay 2.848 internos, cuando la capacidad es solo para 1.115 (hacinamiento del 255%). El riesgo es muy grande, y no solo para trabajadores o reos, sino también para nuestras familias y todas esas personas que nos cruzamos en nuestro trayecto al trabajo”.
322%
es el hacinamiento en el Centro Penitenciario La Paz de Itagüí: Inpec.
