En la loma de los Parra, de El Poblado, hay un lote que ha estado en obra desde hace más de siete años y ahora tiene enfrentada a la comunidad del barrio con una firma que es propiedad del empresario William Vélez, el empresario que domina el conglomerado Ethuss y que maneja el aseo de casi medio centenar de municipios; hace carreteras y túneles y provee energía eléctrica en Colombia y en otros siete países de América Latina.
El lote queda en el barrio Los Naranjos, delante del parque Reloj de Arena y en él se ven los nuevos edificios que aún están en obra. El terreno lleva varios meses cercado con una franja verde y adentro hay columnas a medio hacer que terminan en varillas oxidadas.
Cuentan los vecinos más antiguos de la loma que muchos años atrás allí quedaba un convento que fue demolido, pero desde 1987 William Vélez comenzó a adquirir el lote por pedazos.
Ahora hay una pugna legal por supuesta falsedad en los documentos que le dan sustento a la licencia para construir el proyecto inmobiliario.
La historia de la pugna legal empezó en 2015. El 9 de junio, la Curaduría Cuarta le otorgó a la sociedad Vemega, cuyos propietarios son Vélez Sierra y su familia, una licencia para que levantaran dos edificios en el terreno de 2.339 metros cuadrados. Tenían máximo tres años para terminar la construcción, y en caso de no lograrla, se les darían 12 meses extra, como estipula la ley. Dicho plazo se les entregó el 23 de julio de 2018, lo que quiere decir que tenían hasta mediados de 2019. Luego invocaron el mismo derecho para renovar su licencia hasta mediados de 2020.
En principio esta última prórroga sería irregular, porque la ley solo habla de aplazamiento por una sola vez.
Pero además, el 8 de junio de 2021, pidieron ya no una prórroga sino una revalidación de la licencia ante la Curaduría Segunda. Esta vez también habrían incurrido en una anomalía pues este tipo de trámites se deben hacer mientras las licencias estén vigentes.
La gerente del proyecto Andrea Alarcón explica que un decreto que expidió el Gobierno Nacional, en marzo de 2020, en la época de la pandemia, estipulaba que las licencias se les ampliaba automáticamente el plazo por nueve meses. Es decir, según sus cuentas, la licencia del caso en cuestión seguía vigente el 21 de abril de 2021.
Otros problemas
Pero el problema más complicado para los constructores es que cuando la constructora empezó a tramitar la licencia era 2014 y regía el POT de 2006; sin embargo, ese mismo año se aprobó un nuevo POT que determinaba que ese lote no era apto para vivienda sino para espacio público.
Debido a ese cambio la empresa estaba obligada a terminar la obra en los tres primeros años de la licencia, para que la cobijara el POT anterior, y no cabría lugar a la prórroga. O si no, por lo menos, en el momento de pedir tiempo extra tendría que demostrar que llevaba más del 50% construido. En efecto, para pedir la prórroga aseguraron que ya tenían la mitad del proyecto.
En un informe de visita al sitio, el 30 de junio de 2021, de profesionales de Control Urbanístico, de la Secretaría de Control Territorial, dicen: “Se observan irregularidades en el otorgamiento las prórrogas aprobadas”.
Además, muestran un resultado opuesto a lo que consignó la profesional de Vemega en la solicitud de licencia: dicen que, para el momento de la inspección, la obra estaba en excavación y que el ingeniero encargado les dijo que la obra comenzó el 21 de mayo de 2021.
Los técnicos complementaron su observación con imágenes de Google Maps, Street View y Maps Arcgis que muestran que para 2016 y 2017 el terreno “se encontraba en cobertura vegetal y no se veían procesos constructivos”. En 2019 estuvo acordonado, pero seguía sin señales de movimientos de tierra.
El veredicto lo explican los técnicos en la respuesta de noviembre ante la inspección 14B Poblado Sur donde aseguran que la legislación solo permite una prórroga y acá les concedieron dos. Añadieron que el proyecto no fue ejecutado en los tiempos previstos y por lo tanto “no es factible de desarrollar” porque bajo la nueva norma urbanística local, lo que debe construirse es un parque. De hecho, los dueños habían solicitado al Área Metropolitana autorización para talar ocho árboles y se las negaron por la misma causa.
El 4 de enero de este año, el líder de proyecto de la Subsecretaría de Control Urbanístico, Juan Diego Lopera, le dirigió otra carta al representante de Metrosur SAS, Álvaro Panesso, en la que ratifica que las obras de urbanismo no fueron acometidas por el proyecto, como lo afirmó Andrea Alarcón bajo la gravedad de juramento, sino que solo aportaron las franjas y fue el Fondo de Valorización del Municipio (Fonvalmed) el que las hizo. Finaliza advirtiendo que eso podría acarrear cargos por falsedad en documento.
El diablillo estaría en una modificación que le hicieron a la licencia de 2020, en la cual dividen el proyecto en cinco etapas, de manera que —según los interesados— la obligación de tener el 50% construido se hacía más pequeña porque se contemplaría la primera fase. Es un argumento que no “compraron” los técnicos de Control Urbanístico.
Ese mismo mes el subsecretario de Control Urbanístico, Gabriel Jaime Correa, les solicitó a la Subsecretaría de Defensa de lo Público y a la Curaduría Segunda que echaran para atrás la licencia.
La respuesta de la curaduría apuntó a que, obrando bajo el principio de buena fe, no era su competencia verificar en terreno la información que le aportó Vemega para la renovación de la licencia. En una reunión en el despacho de Planeación el 22 de marzo de este año, en la que estuvieron el subsecretario Correa; la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, Alethia Arango, y el entonces director de Planeación, Sergio López, el argumento fue acogido aún contra de lo que habían expuesto los técnicos de Control Territorial. En consecuencia, decidieron no avanzar con el trámite de nulidad de la licencia.
No obstante, este diario tiene versiones de que entre el hoy exfuncionario López y el empresario Vélez hay una relación cercana. Por lo tanto, existiría por lo menos un impedimento ético para que Lopez participara en una decisión que beneficiaba a la empresa de Vélez.
Lo que sigue, aunque aún no se conoce el desenlace, es una petición a la Fiscalía para que se investigue si alguno de los involucrados en la renovación de la licencia incurrió en delitos penales. También se mantiene una queja contra la ingeniera Alarcón, instaurada por un arquitecto de la Alcaldía ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería por una supuesta falla ética.
EL COLOMBIANO buscó a Vélez, pero fuentes del Grupo Ethus respondieron que no han sido notificados de ninguna investigación. Remitieron a Álvaro Panesso para otras explicaciones.
Panesso dijo que el proyecto que idearon no se ha cumplido esperando a que las condiciones de mercado lo hagan rentable, pero que desarrollaron “lo que obliga la norma” para conservar la licencia bajo las condiciones del POT de 2006, que les favorece. Aceptó que los trabajos están parados, pero que aún gozan de tiempo para reactivarlos y anunció que en una parte del terreno construirán un parque.
El exsecretario López, por su parte, dijo que solo fue un invitado a rendir un concepto técnico en la reunión donde se debatió el tema de la licencia de construcción del proyecto. No obstante, EL COLOMBIANO estableció que la cita del 22 de marzo fue en la oficina de este funcionario en el piso 8 de La Alpujarra.
Para el coordinador de la Mesa Ambiental de El Poblado, Jorge Fernando Álvarez, es claro que, si había un conflicto de intereses en los cambios del uso del suelo entre los dos POT, el procedimiento de la licencia se debió suspender hasta tanto hubiera una conversación con el Municipio para ver si era viable comprar el terreno.
