Una investigación por presunta corrupción en la celebración de un contrato para construir la torre de parqueaderos del hospital público departamental La María rodea a Misael Cadavid Jaramillo, excandidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical y quien fue gerente de esa institución de salud.
La Fiscalía General de la Nación ya presentó ante un juez el escrito de acusación con imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.
Según el ente acusador, el 10 de diciembre de 2018 se expidió la resolución para abrir la convocatoria pública y buscar un contratista que ejecutara el proyecto de la torre de parqueaderos, para lo cual se designó un comité evaluador de las propuestas que se presentaran. Cadavid era el gerente de la ESE, cargo que ocupó hasta el 31 de marzo de 2020 y en el que estuvo desde el 3 de noviembre de 2017, tras ser nombrado por el entonces gobernador Luis Pérez.
La convocatoria se aprobó en junta directiva, en agosto de 2018, luego de que el gerente expusiera la necesidad de los parqueaderos. Al respecto, Cadavid indicó que esa torre estaba incluida en un proyecto aprobado en 2014 por la Gobernación, pero no se le asignaron recursos financieros en esa vigencia. Dijo también que en el plan de desarrollo de Luis Pérez se estipuló ejecutar la construcción, incluso antes de ser nombrado gerente.
“Yo gestiono los recursos para construir el proyecto, se le asignan recursos a las torres médica y administrativa, las cuales se construyeron y actualmente están en funcionamiento”, y añadió que un estudio de 2014 estableció que la torre de parqueaderos costaría $17.000 millones, que debían obtenerse por contrato de concesión con un tercero.
En efecto, la convocatoria se abrió bajo modalidad de contrato por cesión, para que un tercero con capacidad financiera invirtiera, ya que el hospital no tenía recursos de esa magnitud. Esto implicaba que el contratista seleccionado operara el lugar una vez terminada la obra para recuperar el dinero invertido, pero con un porcentaje mínimo de las ganancias para el hospital.
¿Convocatoria arreglada?
La Fiscalía estableció que después de aprobada la apertura de la convocatoria pública, Cadavid, dos funcionarios del hospital (también imputados) que estaban en el comité evaluador de las propuestas, y un particular llamado Etelmer Escobar Balanta (representante legal de la empresa Electro Proyectos SAS) se habrían reunido para concretar requisitos y condiciones de la convocatoria, publicada en la plataforma Secop el 10 de diciembre de 2018.
Aquí comienza a enredarse el tema, pues esa empresa fue a la que luego le adjudicaron el contrato y, además, fue la única oferente que se presentó. Esto lo confirmó el exgerente, pero aseguró que en la etapa precontractual varios inversionistas, de manera informal, conocieron las condiciones del proyecto, pero nadie más se postuló.
No obstante, la Fiscalía reveló que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades que empezarían justo cuando los términos de la licitación se habrían planeado con el futuro contratista, lo que probaría que todo se arregló para favorecer a una empresa particular. El 15 de enero de 2019 se suscribió el contrato de concesión por 20 años y un valor de $17.418 millones, para la “construcción, operación y/o administración, mantenimiento y reversión de la torre de parqueaderos y oficinas del hospital La María”.
Quince días antes, el 31 de diciembre de 2018, el comité evaluador recomendó a la gerencia, según la Fiscalía, que adjudicara a Electro Proyectos SAS, porque demostró idoneidad, experiencia y capacidad.
Pero el expediente del ente acusador establece que la empresa no cumplía ni acreditó los requisitos y que se habrían cometido irregularidades para que se quedara con el contrato, como cambiar el cronograma para presentar la propuesta y hasta falsificar datos y documentos de los requisitos.
Esto lo dice la Fiscalía porque inicialmente la fecha límite para presentar las propuestas era el 20 de diciembre de 2018 hasta las 2:00 de la tarde. Sin embargo, el 18 de diciembre esta se habría ampliado hasta el 26 de ese mes a la misma hora. Lo problemático es que el acto administrativo que autorizó esta modificación fue publicado en el Secop el 21 de diciembre, a las 5:31 de la tarde, lo que se probaría con interceptaciones telefónicas.
Esto para la Fiscalía indicaría que como el contratista no pudo cumplir a tiempo, acordaron que solicitara de forma extemporánea una ampliación, el 21 de diciembre. Y como el plazo para hacer cambios era hasta el 19, habrían mentido en la fecha, poniendo la del 18 de diciembre.
Para la Fiscalía hay un elemento que resulta “increíble”: ni siquiera ampliando el plazo, el contratista fue capaz de cumplir, lo que se demostraría en una conversación que tuvieron dos particulares que hablaron de la convocatoria. Uno de ellos es Lucas Cañas Jaramillo, concejal del Partido Conservador y actual presidente del Concejo de Medellín.
En dicho diálogo el otro hombre le habría contado a Cañas que ese 26 de diciembre de 2018, a las 2:36 de la tarde, no se había entregado la propuesta porque faltaba una póliza. Y, afirmó el ente acusador, en esas comunicaciones también se pudo establecer que a las 4:06 de la tarde apenas se iban a abrir los sobres con las propuestas, lo que debió hacerse a las 2:15, 15 minutos después de cerrado el plazo para entregar las mismas.
¿Hubo falsificaciones?
Pese a esto, la Fiscalía conoció una certificación del 26 de diciembre de 2018 que indicaba que ese día recibieron la propuesta a la 1:45 de la tarde y que abrieron los sobres a las 2:15. Además, la investigación revela que se habrían modificado requisitos para favorecer a Electro Proyectos SAS, como el de la carta de crédito bancaria para demostrar capacidad financiera o que una cuenta de ahorros o corriente a su nombre.
Según el escrito de acusación, la propuesta tampoco tenía póliza de seriedad; le faltaron certificaciones laborales, actas de grado y diplomas de profesionales; había inconsistencias entre la información física y la digitalizada que debían entregar; había folios en blanco, sin firmar y falsificación de firmas y certificados, como la póliza de seriedad y su respectivo recibo de pago.
En este punto, Cadavid aclaró que se dieron cuenta de que esta póliza era falsa cuando iniciaron proceso jurídico contra el contratista porque nunca inició las obras, y que de inmediato lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía. “Solo hasta ese momento nos dimos cuenta de que la empresa contratista había tenido problemas de incumplimiento en otras obras a nivel nacional”, afirmó el exgerente.
Por su lado, la Fiscalía aseguró que hizo una inspección el 28 de agosto de 2019, pero que el hospital no le entregó la propuesta física presentada por el contratista. Hicieron otra visita, el 19 de septiembre de 2019, fecha para la cual se habrían incluido documentos faltantes, cuando ya habían pasado ocho meses desde que se cerró la convocatoria.
Dijo el ente acusador que dicho 28 de agosto, Cadavid “citó de urgencia a Lucas Cañas” ante la preocupación por la visita del ente de control (ver Paréntesis). Incluso, en conversaciones interceptadas se habría probado que con la llegada de la Fiscalía empezaron a completar los requisitos faltantes.
Para el ente acusador el contratista fue elegido sin que acreditara idoneidad, lo que explicaría por qué el contrato no se ejecutó, se declaró su caducidad y terminó con liquidación unilateral. Al respecto, Cadavid afirmó que la caducidad se dio cuando él aún era gerente, pese a que el contratista solicitó ceder el contrato a otro operador, y que se inició un proceso administrativo sancionatorio.
Además, se hizo efectiva “la póliza de cumplimento, que es legal y no falsa como la de seriedad, lo cual podría representar indemnización a favor del hospital de casi $3.000 millones”, dijo Cadavid.
Finalmente, aseguró que terminando su administración se sacó otra invitación para adjudicar la construcción de la torre de parqueaderos, una necesidad de la zona donde está ubicado el hospital por la gran cantidad de vehículos estacionados en las calles del sector. No obstante, ningún oferente se presentó y la convocatoria se declaró desierta.
El exgerente recalcó que no se destinaron recursos del hospital para el proyecto, pero para la Fiscalía la cadena de sucesos representaría un “atentado contra la administración y la fe pública”.
