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Fiscalía le imputó cuatro delitos a la secretaria de Educación de Medellín: ¿qué sigue ahora en el proceso?
Terminada la audiencia por Buen Comienzo, en redes pidieron que Alexandra Agudelo renuncie a su cargo. El lunes se conocerá si la jueza acepta la medida de aseguramiento que solicitará la Fiscalía.
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Alexandra Agudelo, secretaria de Educación; Henry Paulison Gómez, representante de Colombia Avanza; y Lina Gil, exdirectora del programa Buen Comienzo fueron imputados. FOTO El Colombiano y redes Sociales
Tras una audiencia virtual que duró más de tres horas, anoche la Fiscalía imputó a Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, por cuatro delitos tras las presuntas irregularidades en la contratación para la atención de la infancia en la ciudad, un escándalo que viene sonando por denuncias de veedurías ciudadanas y concejales.
La diligencia, presidida por la jueza 39 de control de garantías, había sido aplazada en dos ocasiones y comenzó, por fin, ayer a las 5:25 de la tarde, con la lectura de la imputación, a cargo de la fiscal 49, Ana Delia Amaya, quien hizo el recuento del que habría sido un entramado entre los tres investigados que habría derivado en detrimento patrimonial.
Amaya manifestó que hay inferencia razonable para establecer que los imputados, quienes no se allanaron a ninguno de los cargos, serían coautores de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
“A la medida”
Durante su intervención, la fiscal hizo referencia a dos contratos. Uno de ellos, el de prestación de servicios 4600085185 de 2020, suscrito entre la Secretaría de Educación y la corporación Colombia Avanza, para la prestación de servicios a beneficiarios de Buen Comienzo, es decir, niños, niñas de 0 a 5 años y mujeres gestantes y lactantes. Por este contrato se imputó peculado en modalidad de tentativa, pues aún no ha sido liquidado, además de celebración de contratos sin cumplimiento de requisito legales.
En este hecho se investiga un presunto detrimento patrimonial de por lo menos $1.292 millones, según la fiscal, pero también las presuntas irregularidades que rodean el proceso de adjudicación, pues se habrían amañado los requisitos para favorecer a Colombia Avanza y que, finalmente, se convirtiera en el operador, cuando nunca antes había contratado con Medellín y menos por cantidades tan altas de dinero.
Colombia Avanza es una corporación nacida en 2009 en Bello, que operó la atención de madres gestantes y niños y niñas menores de dos años en la modalidad familiar del programa en 2020 y 2021. El representante legal de Colombia Avanza es Henry Paulison Gómez, sobrino de Gloria Montoya, quien fue alcaldesa encargada de Bello cuando César Suárez Mira fue suspendido por su proceso judicial por la falsificación de su diploma. Montoya también fue gerente de Maná en la Gobernación de Luis Pérez y fue diputada de Antioquia
De acuerdo con la representante del ente acusador, las actuaciones de Agudelo, Gil y Gómez habrían violado principios importantes de los estatutos de contratación, como planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia. El mencionado contrato, que fue por un monto total de unos $23.000 millones, habría sido entregado a Colombia Avanza, tras un presunto común acuerdo entre los tres investigados.
La fiscal Amaya, en la lectura de los hechos, manifestó que en su calidad de servidoras públicas, Agudelo (ordenadora del gasto) y Gil habrían actuado para dar apariencia de legalidad a la contratación, que fue en modalidad directa, con la cual solo se habría pretendido favorecer a Colombia Avanza.
Para ello habrían establecido requisitos a la medida. Esta presunta conducta se habría generado, incluso, desde etapas previas como el informe de análisis del sector económico y de idoneidad del contratista.
Entre los hechos que menciona la fiscal está que se habría establecido como requisito habilitante no subsanable que el proponente para el contrato debía acreditar que formaba parte del banco de oferentes del Icbf, el cual Colombia Avanza empezó a cumplir solamente desde el 30 de diciembre de 2019, dos meses antes de que se le adjudicara el contrato en mención, que se hizo bajo la modalidad de contratación directa.
Esto, con el agravante de que en el concepto del Icbf, la corporación habría obtenido el menor rango de calificación en aspectos como calidad operativa y financiera, lo que limitaba su capacidad para suscribir contratos de esa magnitud, según la fiscal.
Aún así, Agudelo y Gil habrían avalado la participación y posterior contratación de la corporación. Esto también habría limitado la participación de entidades con mayor trayectoria en la atención de la primera infancia.
Asimismo, la fiscal habló de los impactos que la presunta contratación amañada causó en la prestación del servicio a los beneficiarios. Entre algunas irregularidades estarían, por ejemplo, maniobras para inflar precios de los productos que se entregan a los beneficiarios e, incluso, disminuir el tamaño de los paquetes alimentarios. En medio de estas presuntas irregularidades, la Fiscalía también tuvo en cuenta otro contrato suscrito entre la Secretaría liderada por Agudelo y Colombia Avanza, el 4600085448, que incluía entre sus obligaciones la entrega de paquetes alimentarios. Por este contrato se imputaron los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contrato.
Además, según la Fiscalía, la corporación tampoco habría cumplido requisitos mínimos para la ejecución del contrato, como son el bodegaje y el personal necesarios. Inclusive, el Municipio, hoy Distrito, le habría prestado a la corporación una bodega y hasta empleados de otras dependencias para la entrega de paquetes alimentarios.
El ente acusador indicó que aunque la labor de dicha entrega era una obligación del contratista, la Secretaría de Educación suscribió de manera simultánea un convenio interadministrativo (4600085302), por $126 millones, con Plaza Mayor, para cumplir la misma tarea, razón por la cual se imputó peculado, ya que, según la fiscal, este contrato sí se liquidó.
Tras finalizar la imputación de los cargos, los tres investigados manifestaron haber entendido los delitos de los cuales se les señala, así como los derechos que tienen en este proceso penal que apenas comienza (ver ¿Qué sigue?).
Por su lado, los abogados Santiago Trespalacios y Mildred Hartmann, defensores de la secretaria Agudelo y de la exdirectora Gil, respectivamente, solicitaron algunas claridades sobre lo expuesto por la fiscal.
Solicitud sobre veeduría
Asimismo, en el inicio de la audiencia, Trespalacios solicitó excluir a la veeduría ciudadana Todos por Medellín de su calidad de víctima en el proceso. Cabe recordar que dicha veeduría ha liderado las denuncias sobre los escándalos que han rodeado al programa en la actual administración.
Lucidia Amaya, apoderada de Todos por Medellín, expresó que la solicitud de acreditación de la veeduría como víctima se hará en próximas audiencias del proceso y argumentó que la pretensión se basa en que busca representar a los niños, niñas y madres gestantes que pudieron ser afectadas con las presuntas irregularidades contractuales que se investigan, así como la protección de los recursos públicos que se habrían visto afectados.
Sin embargo, Trespalacios y Hartmann se opusieron a la solicitud de la veeduría al considerar que esta entidad no sufrió daños directos. La jueza decidió que Amaya podría solicitar la acreditación como víctima en el proceso, ante un juez de conocimiento, durante la audiencia futura de acusación. Así las cosas, en esta audiencia de imputación, la veeduría no participó
$23
mil millones es el monto total de uno de los contratos objeto de investigación de la Fiscalía.
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