El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo del juez 30 administrativos de Medellín del 21 de noviembre del 2023, en el que condenó a la alcaldía de Rionegro y a la Constructora Sincc a pagar $15.000 millones al 50% de los afectados que dejó el fallido edificio Altos del Lago, una construcción infame que a pesar de haber violado toda la normativa posible recibió los permisos para ser levantado y habitado, convirtiéndose en un riesgo para cientos de personas que lo habitaron y para las viviendas vecinas.
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Altos del Lago fue deshabitado el 15 de febrero de 2017 y tras dos intentos fallidos de demolición por cuenta de engorrosos procesos judiciales que terminaron a favor de la Alcaldía, finalmente cayó en 2019 en una implosión de 2,8 segundos y sus 116, apartamentos quedaron reducidos a escombros.
Según le explicó a Mi Oriente el abogado representante de las víctimas, Nicanor Marín Bedoya, el fallo ahora en firme le ordena que el municipio de Rionegro asuma el 25% de la multa y Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S Sincc paguen el 75% de los perjuicios. Sin embargo, hay un elemento adicional en este fallo y es que tanto la alcaldía como la firma fueron declaradas como responsables conjuntas, quiere decir que las víctimas podrán cobrarle a una de las dos partes el valor total del pago y que luego entre los dos condenados arreglen cuentas.
“Si bien la condena está para las partes, es decir, para el municipio de Rionegro y para la constructora —para el primero el 25 % y para la constructora del 75 %—, pero eso es lo que llama responsabilidad administrativa conjunta. ¿Qué quiere decir eso?, que entre ellos dos se tienen que distribuir esa carga. Ahora bien, ellos dos frente a las víctimas son responsables de manera solidaria, por lo cual las víctimas hoy recibimos una muy buena noticia y es que estos le pueden cobrar todo al municipio o bien todo a la constructora, y cada uno tendría que pagarle el ciento por ciento. Las víctimas lo están viendo hoy materializado, más cerca y más real de ser reparadas de una forma material”, explicó al abogado.
El fallo también contempla que otras víctimas que no fueron cobijadas inicialmente por esta sentencia pidan al juez su admisión a la misma. Además, según Marín Bedoya, buscarán embargar el lote donde se levantó el edificio para que haga parte del pago a las víctimas. La prioridad, dijo, es que este caso siente un precedente en cuanto a celeridad en el cumplimiento de la justicia y la reparación a las víctimas de un proyecto inmobiliario fallido.
Cabe recordar que el de Altos del Lago es uno de los casos más infames conocidos hasta ahora por todos los hallazgos que realizaron las autoridades y que dejan en evidencia la grosera cadena de omisiones y complicidades que permitieron que un edificio que de entrada era inviable terminara siendo habitado por 116 familias.
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Fue un estudio definitivo adelantado por la Universidad Eafit, la Nacional y la propia alcaldía, el que concluyó en 2019 que la edificación tenía que ser derribada. El informe concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.
Las flagrantes fallas estructurales fueron propiciadas, según la Fiscalía, por la cadena de omisiones por parte de la Alcaldía de Rionegro de la época, que ni siquiera ordenó una medida preventiva o una inspección a pesar de ser evidente las fallas.
El estudio determinó, entre otras graves conclusiones, que el piso no era plano, y que más de la mitad de la estructura estaba inclinada. Además, algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. El edificio fue calificado como aberración constructiva.
“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional.
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Las fallas reportadas por los investigadores fueron tan graves que encontraron que la edificación solo tenía 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostener su propio peso, y, además, carecía de los requisitos de sismorresistencia ordenados a nivel nacional. Y como si todo esto no fuera suficiente, mientras estuvo en pie, puso en riesgo no solo la vida de las personas que lo habitaron, sino de casi 200 niños vecinos de un jardín infantil. La investigación concluyó que fue casi un milagro que el edificio no se viniera abajo.
La Fiscalía General de la Nación tiene procesos penales abiertos en contra de funcionarios y personas de la firma que causaron esta tragedia para miles de personas, pues aunque por fortuna no hubo pérdida de vidas, según señaló el alcalde todavía hay familias pagando hipotecas por apartamentos que fueron demolidos hace ya casi cinco años.
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