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Sin posiciones a medias tintas, las autoridades de educación en Medellín y el departamento le bajaron el pulgar a la solicitud del Colegio Médico de exigir carné de vacunación a los estudiantes, incluso desde la matrícula, para poder volver presencialmente a los colegios.
Y lo hicieron pregonando una razón: en este momento, la cruzada prioritaria es llevar de nuevo los niños y adolescentes a las aulas y devolverles lo que la pandemia les arrebató con una virtualidad insuficiente durante casi dos años.
Antioquia libra una batalla contra la deserción escolar. Antes de que llegara la pandemia, la región tenía a inicios de 2020, 511.000 estudiantes matriculados. El año pasado cerró con 486.417 alumnos inscritos y este año la cifra apenas supera los 300.000 para el calendario 2022.
Según el secretario de Educación departamental, Juan Correa, el sistema educativo perdió en este tiempo cerca de 26.000 estudiantes. En toda la geografía antioqueña, y particularmente en Urabá, Bajo Cauca y Oriente, niños y adolescentes fueron forzados a cerrar los cuadernos para ponerse a trabajar. Muchos también abandonaron los estudios por mal desempeño académico causado por la mala conectividad y otros se retiraron por cambios socioeconómicos de sus familias. El traslado de domicilio fue un factor de deserción influyente en 2021.
El secretario recalca que es prioritario que el departamento establezca un pacto social que le permita a la población escolar recuperar su espacio y su formación, y en ese sentido sentencia que no es admisible ninguna medida o decisión que imponga barreras a las familias para mantenerse o regresar al sistema educativo.
Hacia esa misma vía apunta la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Peláez, quien de forma enfática dice que el acceso a la educación no debe condicionarse a un carné o certificado digital de vacunación y en todo caso, “han de respetarse las decisiones individuales o familiares de las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad".
Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, aseguró que los niños pueden ser dinamizadores de contagios y por eso es imperativo asegurar su inmunización.
Pero la secretaria Agudelo refuta esta afirmación y señala que quedó evidenciado que los colegios no configuran riesgos particulares de contagio, y que Medellín puede dar fe de ello, pues en los tres colegios donde hubo novedad epidemiológica se solucionó sin contratiempos con un plan conjunto con la Secretaría de Salud. No solo los colegios son seguros frente a los riesgos del covid –recalca– sino que son entornos protectores para garantizar la salud física y emocional de los estudiantes.
A estos argumentos se suma la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal como rezan las Sentencias T-743 de 2013, T-363 de 2016 y la T-731 de 2017, en las que se pronunció sobre las condiciones de igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y permanencia que eviten cualquier forma de discriminación frente al derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes.
De todas formas, la vacunación en población escolar ha logrado avances. Según el reporte entregado por la Secretaría Seccional de Salud, con corte al 3 de enero, 169.474 niños entre 3 y 11 años tenían al menos una dosis o dosis única y 56.433 tenían esquema completo. Quiere decir que el 20% del total de la población del departamento entre estas edades ya tiene algún grado de protección en apenas dos meses desde que fueron incluidos en el plan de vacunación.
La secretaria de Salud, Lina Bustamante, reconoce la necesidad de que los estudiantes estén vacunados y para ello planean jornadas de inmunización en instituciones educativas, pero recalca que el camino es el diálogo con las familias y que la imposición nunca puede reemplazar la eficacia del diálogo en la búsqueda de confianza para garantizar que el retorno a la presencialidad ofrezca seguridad para todos