El gobierno del presidente Gustavo Petro está subiendo el tono con Antioquia y Medellín en los últimos meses que le restan antes del cambio de mandato.
Las últimas semanas del 2025 cerraron no solamente con una fuerte controversia nacional derivada de la declaratoria de emergencia económica y el cuestionado incremento del salario mínimo, sino con una batalla por el poder en la Universidad de Antioquia, derivada de la decisión del Ministerio de Educación de remover al rector y nombrarle un reemplazo a dedo.
En medio de esas turbulencias, una de las voces más críticas ha sido la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien no se ha guardado sus críticas con el gobierno central y lo ha señalado de ser un “usurpador de funciones” y poner bajo incertidumbre la autonomía de los entes territoriales.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Rendón se refirió en profundidad a la situación en el alma máter, los embates que se prevén en el conglomerado departamental por las decisiones económicas del gobierno central y en general del balance con el que concluyó el 2025.
El gobernador también dio su versión sobre los recientes cargos fiscales que le imputó la Contraloría General de Antioquia por la construcción de las ciclorrutas de Oriente y por el que es señalado de participar de un presunto detrimento patrimonial de más de $26.000 millones.
Empecemos por el tema de la Universidad de Antioquia. Esta semana el Gobierno Nacional sacó al rector a través del Ministerio de Educación y al mismo tiempo anunció un aporte de $70.000 millones, ¿qué lectura hace de lo que está pasando allí?
“La Gobernación inyecta cerca de $100.000 millones anuales a la UdeA. El problema es que ha sido muy mal administrada. Hay problemas de gobernanza críticos. Por ejemplo, muchos profesores de planta no dan clase porque prefieren solo investigar para obtener remuneraciones de entre $80 y $100 millones al año.
Yo fui profesor en la Universidad Eafit y allí mínimo había que destinar un tercio del tiempo como empleado a dar horas docencia. En la Universidad de Antioquia hay profesores, de esos que se ganan $80 y 100 millones, que no dan clase o que tienen una asignación en horas de docencia inferior al 15%”.
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¿Qué considera sobre el rector y su gestión?
“Una cosa es que el actual rector sea una buena persona, pero un mal administrador; y otra cosa es que Petro tenga licencia para tomarse una institución como esta, como lo hizo con Savia Salud y Comfenalco, usurpando funciones.
Petro es un gran usurpador que busca vulnerar la autonomía de las distintas entidades con la argucia de querer mejorar su situación, pero si usted mira lo que ha acontecido tanto en Savia Salud como con Comfenalco, no ha mejorado la situación de esas entidades”.
Y bajo su concepto, ¿qué es lo que se debería hacer?
“Lo que hay que hacer es simplemente administrar bien la universidad, pero hay que recordar también que los delegados de Petro en el Consejo Superior votaron por el actual rector, incluyendo a alias Chulo, el agente de inteligencia.
¿Si el interés es ayudar a la universidad, por qué el Gobierno Nacional retrasó durante todo el año los pagos por gratuidad? Si bien hicieron un giro extraordinario finalizando el año de $70.000 millones, sometieron a la universidad durante el 2025 a problemas de caja por no girar oportunamente las obligaciones”.
¿Usted cree que fue una estrategia para hacer quedar mal a la Gobernación y a la Alcaldía de Medellín, usando influencers para decir que la universidad estaba abandonada?
Sí, sin duda. Quieren tomarse la universidad y ponerla de instrumento de cara al nuevo proceso electoral. Incluso lo que se ha dicho es que a quien pretenden nombrar como rector interino es un aliado de la cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico. Quieren politizar una entidad tan querida por todos los antioqueños.
Han pretendido hacernos a nosotros responsables de un rector por el que yo no voté, de cuya gestión no puedo ser responsable, porque nosotros no votamos por él. También hemos buscado ayudarle a superar la situación de la universidad de mil maneras, manteniendo el respeto que tiene el gobierno departamental por la autonomía universitaria.
El Gobierno Nacional durante todo el año sometió por el no giro oportuno de sus obligaciones a la universidad a unos problemas de caja bastante graves y ahora quiere aparecer como salvador, cuando en realidad fue un causante más de los problemas.
Además, un problema estructural que tienen las universidades públicas es ese decreto que data del año 2002 que incentiva la remuneración de los profesores de planta y que motiva la publicación de investigaciones en revistas indexadas internacionales y a eso está asociada toda la remuneración de ellos. Eso que fue una medida para motivar la formación de profesores en doctorados y fomentar la investigación académica, pero terminó generando unos problemas financieros estructurales que el gobierno actual se irá prácticamente sin corregir”.
¿Qué caminos le quedan al Consejo Superior Universitario ante esta situación?
“Vamos a dar la pelea utilizando todas las herramientas jurídicas para evitar esta toma hostil de Petro. Ya hemos visto el desastre que significó para la salud de 1.600.000 antioqueños con el caso de Savia Salud”.
Cambiemos de tema. Poco antes de terminar el año, se conoció que la Contraloría decidió incluirlo a usted junto a otras personas y empresas como presunto responsable de los problemas en las ciclorrutas de Oriente ¿cómo recibe usted esta investigación?
“Lo primero es que es un contrato del año 2017, donde Indeportes Antioquia contrató a Viva para ejecutar una obra de unos $34.200 millones ($33.000 millones para obra física y $1.200 millones para gestión predial). En ese entonces, como alcalde de Rionegro, nos adherimos de manera subsidiaria para coadyuvar en la gestión predial, aportando $800 millones”.
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¿Esa gestión predial era exactamente comprar lotes para la ciclorruta?
“Sí, pero una vez Viva indicara las fichas prediales precisas. Los municipios son más eficientes en la compra de predios por las normas de planeación, pero no se pudo avanzar porque Viva enviaba la información con muchos errores. Por ejemplo, en la vía al aeropuerto, tomaron predios de la Nación como si fueran de particulares, como ocurrió con un lote del exgobernador Luis Pérez.
Considero que esto es una persecución por la negativa de la Gobernación a apoyar una medida de la contralora saliente para atornillar a unos funcionarios de libre remoción. Como retaliación, me vinculan a este proceso. Me endilgan una responsabilidad fiscal por un contrato por más de $33.000 millones cuando solo aportamos $800 millones como adherentes. Además, la Contraloría Departamental no tiene competencia para investigar a mandatarios de Rionegro. Aun así, mi obligación como gobernador es sacar adelante esa obra y entregar la ciclorruta”.
La contralora saliente desde que inició su periodo ha sido señalada de ser cercana al senador Carlos Andrés Trujillo, ¿usted qué lectura hace de eso?
“Lo que evidencio es que es muy curioso que pretendan imputarme una responsabilidad de $33.000 millones. Nuestra labor era coadyuvar y no se ejecutó porque Viva enviaba información errónea, pretendiendo que compráramos predios que eran de la Nación. Es una clara retaliación porque no permitimos que se dejaran atornillados a funcionarios que pretendían pasar a carrera administrativa cuando eran de libre nombramiento”.
¿Qué fue lo que pasó con ese proyecto de ordenanza en la Asamblea con el que la Contraloría quería reformar su planta de cargos?
“Presentaron el proyecto y me preguntaron si podía coadyuvar. Dije que no, que era responsabilidad de la Asamblea Departamental. Ellos no le dieron trámite por considerarlo inconveniente”.
¿Qué pasará con esa ciclorruta? ¿Hay planes para terminarla?
“Ha sido un contrato traumático, pero hay que resolverlo. Estamos interviniendo cuatro puntos críticos entre Rionegro y Guarne donde se vino la banca. Mi responsabilidad es terminar esa obra antes de finalizar el mandato para garantizar la seguridad de quienes transitan por allí”.
El año pasado también terminó con una fuerte polémica en torno a la consulta del área metropolitana del Valle de San Nicolás y la renuncia del Ministerio de Hacienda a girar el dinero para realizarla, ¿cree que el gobierno de Petro se está radicalizando?
“Sí, el gobierno desafía las instituciones y la separación de poderes. Mire no más lo que hizo con el salario mínimo, buscando afincarse y tener una mejor posición para el próximo proceso electoral.
La capacidad de destrucción que puede tener una decisión como esas en los empleos formales, en agudizar el drama social que tiene Colombia de la informalidad, es muy grande.
Mire también lo que hizo con la emergencia económica. La Gobernación de Antioquia perderá más de $40.000 millones de la Fábrica de Licores (FLA), porque el Gobierno Nacional se quedará con todo el crecimiento.
Petro no solamente se nos mete en el rancho, nos usurpa la autonomía del manejo de las finanzas territoriales, sino que además nos va a generar un problema de gasto gigantesco, porque Colombia ya tiene muchas de sus decisiones administrativas, sobre todo las estatales, atadas a los salarios mínimos. Nos van a crecer las mesadas pensionales, nos van a crecer los gastos de funcionamiento, nos van a crecer las erogaciones que estaban contempladas, por ejemplo, en personal.
Sin duda, este gobierno se radicalizó y nosotros esperamos que ojalá la separación de poderes la imponga la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Que haga una valoración la primera sobre el decreto de emergencia económica, de cómo vulnera la autonomía territorial, y que el Consejo de Estado, en el caso del salario mínimo, también haga una valoración y ojalá lleve todo al estado inicial de las cosas”.
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