La población civil del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, atraviesa nuevamente una crisis humanitaria derivada del recrudecimiento del conflicto armado. Los fuertes combates, que involucran al Clan del Golfo, las disidencias del Frente 36 de las Farc y la intervención de la fuerza pública, han obligado a la suspensión de servicios básicos esenciales: 28 sedes educativas rurales cerraron sus puertas y el centro de salud de la vereda El Roblal detuvo su atención.
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La parálisis en la vida cotidiana de los campesinos es total. Según las autoridades locales, cerca de 375 estudiantes pasaron a un modelo de desescolarización temporal ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. Además, el transporte público y de carga hacia las zonas veredales se encuentra suspendido desde el fin de semana, dejando a las comunidades incomunicadas.
El alcalde de Briceño, Noé de Jesús Espinosa, confirmó que aproximadamente 500 personas permanecen confinadas en sus viviendas, algunas de ellas refugiándose debajo de sus camas para protegerse de las ráfagas de fusil y las ondas explosivas. La situación es crítica en al menos diez veredas, entre las que se encuentran El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo y La América.
El miedo ya ha provocado el desplazamiento forzado de 23 familias que llegaron al casco urbano buscando refugio en casas de familiares y amigos, mientras la administración municipal coordina la logística para brindarles atención humanitaria,.
La violencia en Briceño no es un hecho aislado, sino el resultado de una disputa estratégica por el control del cañón del río Cauca, un corredor clave para conectar el Bajo Cauca con el Occidente antioqueño.
Inteligencia militar y fuentes locales señalan que alias “Gonzalito”, segundo al mando del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), ordenó una ofensiva para eliminar a alias “Primo Gay”, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, y tomar el control de la zona.
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Para cumplir este objetivo, el grupo criminal habría trasladado combatientes desde San Andrés de Cuerquia bajo el mando de alias “El Grande” para reforzar a la subestructura que ya delinquía en la zona, dirigida por alias “Pollo”.
A esta compleja dinámica se suma la dificultad del Ejército Nacional para copar el territorio. Las tropas de la Cuarta Brigada avanzan lentamente hacia veredas como El Roblal debido a la presencia de artefactos explosivos improvisados y campos minados instalados por las disidencias para frenar tanto a sus enemigos ilegales como a la fuerza pública.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la permanencia de las tropas en la zona. “Los campesinos de las zonas más alejadas de Antioquia merecen una vida segura. Desde octubre pasado el Ejército se comprometió a quedarse, pero se retiró para cubrir posiciones en otro departamento”, reclamó el mandatario, exigiendo que no se retire la fuerza pública hasta garantizar la seguridad.
Esta crisis humanitaria lleva años, pero se ha agudizado en los últimos meses. En octubre del año pasado, el municipio vivió un desplazamiento masivo sin precedentes: más de 2.000 campesinos —aproximadamente el 25% de la población total— tuvieron que abandonar 18 veredas y refugiarse en el parque principal y la escuela urbana debido a las amenazas del Frente 36 de las disidencias, que buscaba frenar el avance del Clan del Golfo. En aquel momento, la Gobernación de Antioquia denunció que el Gobierno Nacional ignoró cuatro solicitudes formales para reforzar el pie de fuerza militar en la zona.
La violencia también ha golpeado el casco urbano con sevicia. En diciembre de 2025, integrantes del Clan del Golfo incursionaron en el barrio Divino Niño y asesinaron a una niña de 14 años y a un hombre, en un ataque dirigido presuntamente contra familiares de un integrante de las disidencias. Este hecho motivó una alerta de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el riesgo inminente para la población civil ante la disputa territorial.
El control social ejercido por los grupos armados ha llegado al punto de instrumentalizar a la población contra la fuerza pública. En noviembre pasado, tras la captura de dos presuntos disidentes en el corregimiento Travesías —conocidos con los alias de “El Gordo” y “Tatareto”—, cerca de 200 personas rodearon a las tropas del Ejército en una asonada, exigiendo la liberación de los detenidos, presuntamente bajo presión del grupo ilegal.
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