El Gobierno pidió levantar las órdenes de captura contra cinco cabecillas y se teme que se reduzca operatividad como pasó contra disidencias y el ELN en Antioquia.
¿El Clan del Golfo podrá moverse como “Pedro por su casa” tal como lo harían las disidencias y el ELN en Antioquia? Ese es el temor de las autoridades departamentales, luego del anuncio del Gobierno Nacional de la pasada noche de Navidad, con el que se le levantaron las órdenes de captura a cinco de los cabecillas más peligrosos de esta estructura armada, que tiene presencia en el 53% de los municipios del departamento.
Los beneficiados por la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025 –firmada por el consejero para la Paz, Otty Patiño–, son el máximo cabecilla de este grupo, Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”; José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”; Orozman Orlando Osten Blanco, alias “Rodrigo Flechas”; Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias “Bruno”.
La primera finalidad es que con esta medida se puedan crear las Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, las cuales arrancarán el 1 de marzo de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esto tiene como objetivo avanzar en los procesos de negociación que comenzaron en Doha, Catar, el pasado 5 de diciembre, pero esto daría pie para que también cesaran los operativos contra este grupo armado.
Expertos, que prefirieron mantener en reserva su identidad, aseguraron que “esta decisión es nefasta y tendría intereses políticos muy marcados de cara a las elecciones de 2026, para tenerlos de su lado en las campañas que se vienen”.
Sin embargo, algunas organizaciones sociales se mostraron a favor de esta iniciativa y aseguraron que con esta solo se buscará la pacificación en las regiones más golpeadas por esta estructura.
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Luis Fernando Quijano, director de la Coporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explicó que “un acuerdo con el EGC tendría un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad territorial, especialmente en zonas rurales donde la población civil ha sufrido durante décadas los efectos del conflicto, pero su continuidad depende de quien quede electo en 2026”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en el departamento los operativos contra el Clan del Golfo se desarrollan de manera más intensiva que contra las disidencias o el ELN, llevando, incluso, a que por cada guerrillero capturado, caigan 16 miembros del grupo de orígenes paramilitares.
Con corte a noviembre de este año, el Ejército Nacional capturó a 368 integrantes de este grupo armado y más de 20 personas fallecieron en los 57 combates registrados entre Clan del Golfo y militares en los 55 municipios donde tiene presencia esta estructura.
“Si bien celebramos la operatividad que se está realizando contra el Clan del Golfo, lo importante es que haya acciones de manera equitativa contra todos los grupos criminales que vulneran la seguridad de los antioqueños, como también lo hacen las disidencias que estarían aliadas con el gobierno del presidente Petro”, manifestó Rendón.
Sin embargo, para 2026 esta cifra podría presentar una variación significativa, si se mantiene una tendencia como la registrada con las disidencias de las Farc, en medio de los conocidos acercamientos entre el Estado y Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, cabecilla de esta organización criminal.
Por ejemplo, en Antioquia en 2025 apenas se produjeron 16 capturas en 12 combates contra las disidencias en el departamento, lo que muestra un desbalance significativo en las estrategias si se comparan con las efectuadas contra el Clan del Golfo.
Las cifras aún son más marcadas si se llevan a las que se hicieron contra el ELN, ya que no hubo combates y solo se capturaron a cuatro miembros de este grupo guerrillero en Antioquia en todo un año.
Al levantarse las órdenes de captura contra estos cabecillas armados, ellos podrían transitar libremente por todo el territorio nacional y la fuerza pública no podría proceder contra ellos, incluso si se les sorprendiera en flagrancia.
Al menos eso ocurriría si se repitiera el patrón de lo ocurrido el 23 de julio de 2024, en el corregimiento Porce, municipio de Santo Domingo, con los integrantes de las disidencias de las Farc que fueron interceptados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en las que transportaban armas, dinero y documentación clave de este grupo criminal.
Luego de varias horas y de, incluso, ser trasladados al batallón Pedro Nel Ospina en Bello, por una orden de la fiscal Luz Adriana Camargo, los cabecillas de las disidencias detenidos ese día fueron puestos en libertad.
Así las cosas, estas medidas aplicarían contra los cinco cabecillas de esta estructura que tuvo un primer acercamiento en el marco de la paz total de Gustavo Petro, pero las negociaciones se suspendieron el 20 de marzo de 2023, en medio de una serie de ataques perpetrados por los miembros del Clan del Golfo.
Otro de los grandes temores de las autoridades departamentales pasa por el hecho de que la medida le termine dando oxígeno al Clan del Golfo para seguir avanzando en su expansión territorial, fortalecida en los últimos cuatro años, en medio de las flexibilidades otorgadas por el Gobierno Nacional, según el gobernador Rendón.
“La sombrilla de impunidad que ha implicado la paz total ha desatado un crecimiento de las disidencias de las Farc del 70% en el territorio departamental y del Clan del Golfo del 60%. Además de eso, todos los bandidos de distinta pelambre están buscando maximizar una posición de negociación eventual que pueda tomar lugar en el Gobierno Nacional”, manifestó Rendón el 28 de abril pasado, cuando empezó a hablar del incremento de ataques por estos grupos en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.
De hecho, el Clan en los últimos años se ha convertido en la estructura criminal con mayor presencia en el departamento, estando en 66 de los 125 municipios y con altas probabilidades de expansión, lo que ha llevado a liderar disputas armadas en varias subregiones.
Se estima que hay 10 subestructuras de esta organización, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el departamento, llegando a sostener confrontaciones simultáneas en el Norte, Suroeste y Oriente antioqueño, en una lucha por el control de las rentas criminales.
La más fuerte de todas es la Edwin Román Velásquez Valle, que con el apoyo de la minería ilegal logró salir del Occidente antioqueño y llegó, primero, al Suroeste para disputar la venta del microtráfico en fincas cafeteras y luego incursionó en algunos municipios de los departamentos de Risaralda, Caldas y Chocó.
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También están la Jorge Iván Arboleda Garcés (Nordeste), la Juan de Dios Úsuga (Norte), la Gabriel Poveda (Urabá), la Carlos Vásquez (Norte), la Uldar Rueda (Bajo Cauca), la Rubén Darío Ávila (Nordeste), la Héroes de Samaná (Magdalena Medio) y la Gener Morales (Oriente).
Se estima que este grupo criminal también ha incrementado la cantidad de personas que se encargan de su accionar criminal en los últimos años, pasando de 5.960 integrantes en 2016 a más de 14.000 para 2025.
Esto ha permitido que este grupo armado sea parte de la mayoría de las 34 disputas armadas que se sostienen en el departamento, ya que se ha visto implicada en hechos contra la banda El Mesa en el Oriente o contra las disidencias y el ELN en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, solo por mencionar algunos.
Y una decisión como evitar que las autoridades puedan proceder contra estos cabecillas, más allá de los delitos de lesa humanidad en los que se han visto implicados, de acuerdo con las investigaciones, llevaría a un retroceso mayor en materia de seguridad, como ha quedado evidenciado en algunos municipios con los desplazamientos y hasta con el alza de los secuestros, que en 2025 se contabilizaron 48 casos y en 2024 fueron 26 menos.
“Estamos reviviendo una película de hace 20 años y es hora de desatarle las manos a la Fuerza Pública, las mismas que están siendo atadas por la sombrilla e impunidad que implica la paz total”, reiteró Rendón.
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