La población de San Roque, en el Nordeste antioqueño, no sale del asombro luego de que se descubriera un desfalco de cerca de $5.300 millones en su erario. Todo el asunto está envuelto en una peculiar trama que, tras escuchar lo dicho por las autoridades, ha dejado más dudas que certezas.
El caso vio la luz pública en la mañana del pasado 13 de marzo, cuando desde las redes de la Alcaldía de San Roque fue publicado un video en el que el alcalde Luis Alejandro Villegas aparecía acompañado de su gabinete y en el que revelaba que descubrió que una servidora del municipio se habría aprovechado de su cargo para desviar recursos del erario a sus cuentas personales.
Villegas explicó que luego del empalme entre la administración saliente del hoy exalcalde Javier Alberto López García y la suya, en las cuentas del municipio se detectó un déficit presupuestal y financiero proveniente únicamente de la vigencia 2023, el cual ascendía a casi $3.000 millones de pesos.
La cifra es escandalosa, pues el dinero “desaparecido” era casi un 11% de los $26.335 millones aprobados por el Concejo de San Roque para la vigencia 2023. Y más escandaloso fue que la saliente alcaldía no había detectado el hueco antes.
Según la alocución, el actual alcalde Villegas, el asunto le generó suspicacias, por lo que su equipo se empeñó en buscar la plata perdida.
La cuestión fue que tras hacer unos primeros cotejos en el desfalco se habría descubierto que el asunto no solo era más grave porque la cifra era superior, sino que además una funcionaria en provisionalidad de la Secretaría de Hacienda sería la que estaría detrás de la desaparición de parte de los fondos públicos toda vez que se había descubierto que desviaría dichos dineros a cuentas de ahorro particulares que ella misma manejaría.
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Para el 26 de diciembre de 2024, el alcalde, junto con la Secretaría de Hacienda y el asesor jurídico de la Administración, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía porque la plata seguía desapareciendo, aunque ya tenían pistas de “para dónde iba el agua”.
Según el mandatario local, tras la denuncia, este sostuvo una reunión con la funcionaria implicada en el posible desfalco en la que Villegas le habría inquirido por su mal haber y en la que esta habría admitido con total “naturalidad” que la desviación de fondos del erario sanrocano la venía haciendo desde 2021.
“Ella vendría realizando estas actividades, cogiendo del erario público, con el cual el municipio podría invertir en los adultos mayores, en el deporte, en la salud, en el mejoramiento de las vías terciarias para los campesinos, en el mejoramiento de proyectos productivos”, se lamentó Villegas sin comentar de cuánto fue el hueco que dejó la mujer ni la identidad de la misma.
Finalmente, en su intervención, el alcalde Villegas dijo que desde enero de 2025 San Roque contrató una auditoría forense y desde febrero solicitó una auditoría especial a la Procuraduría y a la Contraloría General de Antioquia para esclarecer lo sucedido, resultados que se conocieron hace poco.
¿Un hueco sin fondo?
La semana pasada, cuando estalló el escándalo, la Contraloría General de Antioquia confirmó que desde el 13 de febrero –a raíz de la denuncia hecha por Villegas y su equipo– la entidad le tenía puestos los ojos encima al desfalco. Para esas fechas a la Alcaldía de San Roque llegaron peritos de la Contraloría, quienes revisaron las cuentas y pidieron información a las entidades financieras donde la Alcaldía tiene cuentas bancarias.
El asombro en San Roque fue mayor cuando los peritos pudieron determinar que desde las nueve cuentas bancarias del municipio se hicieron por lo menos 904 movimientos financieros entre 2021 y 2024. Es decir, que en promedio, la funcionaria señalada habría hecho por lo menos un movimiento todos los días desde las cuentas públicas a sus cuentas personales sin que nadie lo detectara.
Pero, en San Roque casi se van para atrás cuando el análisis evidenció que el traslado de recursos desde cuentas públicas hacia cuentas personales se habría hecho por más de $5.351 millones. Es decir, que si se suman los presupuestos de estas vigencias, lo que se habría “movido” por la funcionaria equivale al 5% de esos $108.174 millones.
Varias capturas
Las cifras son sorprendentes y dicientes. Sin embargo, quedan más preguntas que respuestas. ¿Quién sería la funcionaria implicada? ¿Cómo habría hecho para hacer los traslados? ¿Cómo fue que por tanto tiempo nadie habría notado los movimientos? Parte de estas preguntas se resolverían con la acción judicial que puso a responder ante un juez de la República a dos altos funcionarios de la pasada administración.
Según conoció EL COLOMBIANO, la semana pasada fue detenida Eliana Yesenia Castro Sánchez, quien se desempañaba bajo provisionalidad como auxiliar administrativa de la Alcaldía de San Roque entre 2020 y 2024. A ella la justicia la señala de cometer los delitos de peculado por apropiación en provecho propio, falsedad ideológica en documento público agravada y –ojo– peculado por apropiación en provecho de terceros.
Según las pesquisas, en la denuncia hecha por la Alcaldía de Villegas se indicó que entre noviembre y diciembre de 2024 se detectaron unas transferencias irregulares por casi $126 millones desde las cuentas de la Alcaldía sanrocana a las cuentas de ahorros personales de la funcionaria Castro Sánchez. Lo que sería el hecho que la puso en evidencia y motivó la alocución del alcalde.
“Se logró establecer que los hechos acaecidos se encuentran relacionados con el desvío de aproximadamente $5.300 millones de las cuentas de la alcaldía municipal de San Roque, Antioquia, los cuales fueron transferidos a las cuentas personales de Castro Sánchez. Cabe resaltar que los movimientos monetarios se realizaron desde el año 2021 al año 2024”, detallaron la Fiscalía y la Policía.
La cuestión es que a raíz de las pesquisas judiciales también terminaron detenidos el exalcalde Javier Alberto López García y su ex secretaria de Hacienda Paola Andrea Valencia Bustamante. ¿Por qué?
Primero, porque se habría identificado que Castro habría tenido acceso a los “tokens” o llaves para el pago de las obligaciones de la Alcaldía. “El token preparador de pagos, que debería estar bajo responsabilidad y custodia de la secretaria de Hacienda. Y el token aprobador de pagos, que debería estar bajo responsabilidad y custodia del alcalde”, detallaron las entidades judiciales.
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En síntesis, por alguna extraña razón, Castro tenía acceso a las cuentas de la administración que permitían pagar de manera directa las cuentas del municipio, pese a que no era su función, toda vez que estas solo las debían tener sus jefes.
Segundo, porque en el manual de funciones de la Alcaldía, aparece que la responsabilidad del pago y de las transferencias de dinero es única y exclusivamente del alcalde municipal y de la secretaria de Hacienda, por lo que solo estos debían tener los “tokens” y no una auxiliar.
Sobre como hizo la mujer para trasladarse la plata, los investigadores detallaron que Castro habría subido el valor de las obligaciones a pagar por parte de la Alcaldía para posteriormente transferirse la diferencia a sus cuentas. Así mismo, la auxiliar habría creado obligaciones falsas a pagar y, como tenía la potestad para hacerlo, habría transferido el dinero de los supuestos pagos a sus cuentas personales.
Así mismo, el ente investigador comentó que tanto el alcalde López y la secretaria Valencia habría “pasado por alto” sus deberes y por ello Castro habría terminado indebidamente usando estas herramientas para transferirse el dinero.
Es por esto que los tres fueron detenidos, por miembros de la de la Policía y la Fiscalía. Castro fue arrestada en el municipio de Bello, López en Medellín, mientras que Valencia cayó en Yalí donde ya se desempeñaba como secretaria de Hacienda.
Durante la audiencia de control de garantías, un juez de la República mandó a Castro a la cárcel y a López y a Valencia a prisión domiciliaria mientras se surte su proceso judicial
Será allí donde se dirima si el desfalco que habría causado Castro lo hizo “a título propio” aprovechando el descuido de sus jefes. O si fue una “orden” superior la que la habría llevado a esquilmar las arcas de San Roque.
También allí se deberá aclarar cómo fue que una sola auxiliar habría sido capaz de hurtar el 5% de las arcas de cuatro años sin que nadie –ni siquiera el alcalde Villegas– lo notara a tiempo.
