¿Nuevo interventor del Central Park falsificó un certificado?

Consorcio acusó a Indeportes de adjudicar la interventoría de la obra perdonándole inconsistencias al ganador.

Desde 2019 el autódromo de Bello arrastra graves retrasos.

Luego de quedar a merced del sol y el agua desde 2021, en el inconcluso autódromo de Bello se reanudaron las obras desde septiembre pasado. Con la promesa de dejarlo listo antes de un nuevo cambio de gobierno, el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (Indeportes) entregó dos millonarios contratos en septiembre y octubre pasado. El primero, para las obras civiles finales, por un valor de $25.283 millones; y el segundo, para su interventoría, por $2.466 millones.

Aunque con ambas adjudicaciones esa entidad buscó enviar un parte de tranquilidad sobre el futuro de la megaobra, que desde 2019 arrastra incontables retrasos, cuestionamientos legales y reparos ambientales (leer Para Saber Más), la entrega de uno de esos contratos generó el efecto contrario.

Con documentos en mano, uno de los oferentes que se quedó por fuera del concurso público para la interventoría cuestionó la forma en cómo se escogió al ganador y acusó a Indeportes de hacer la vista a otro lado y pasar por alto presuntas irregularidades para favorecerlo.

Un certificado de experiencia que habría sido adulterado por la empresa ganadora, sumado a una serie de justificaciones en las que el comité técnico evaluador de la entidad no vio el mismo como un obstáculo para la adjudicación, son los elementos centrales que quedaron plasmados en varios oficios conocidos por este diario, que ponen en duda los criterios técnicos que rigieron el concurso.

Un autódromo estancado

Desde la puesta de su primera piedra, el 17 de septiembre de 2019, las obras del Central Park, como fue bautizado por la administración del gobernador Luis Pérez, han tenido todo tipo de controversias ambientales, prediales y constructivas.

En este último frente, estancado desde 2021, las dos alertas más recientes han venido por parte de la Contraloría General de la República, que en diciembre de 2021 denunció problemas constructivos y deficiencias en el control de los trabajos, y en abril de 2022 abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el que vinculó a 16 funcionarios y exfuncionarios, exigiéndoles explicaciones por los $112.684 millones que con corte al 25 de octubre de 2021 se han gastado en la megaobra, considerada uno de los elefantes blancos más grandes de Antioquia por ese ente.

Buscando reanudar las obras, en mayo de este año, el gobierno departamental acudió a la Asamblea para pedir permiso de habilitar $17.732 millones de vigencias futuras que le permitieran lanzarle un salvavidas al proyecto.

Tras el visto bueno de esa corporación, Indeportes inició los dos procesos de contratación para las obras finales que concluyeron recientemente.

“Esta es una excelente noticia para el norte del área metropolitana porque vamos a terminar la obra. Este será un escenario multipropósito que podrá recibir diferentes actividades para el disfrute de la comunidad”, expresó el gerente de Indeportes, Héctor Fabián Betancur, el pasado 22 de septiembre, cuando fue adjudicado el contrato de las obras finales del autódromo.

Durante esa jornada, el funcionario precisó además que los trabajos iban en un 86% de ejecución y que la meta era terminarlos a más tardar en agosto de 2023.

Luego de adjudicar ese contrato de obra, avaluado en $25.283 millones, Indeportes entró en la recta final para entregar el contrato de interventoría, con un valor de $2.466 millones y clave para garantizar el rigor de los trabajos.

El contrato de la discordia

La pelea por el contrato de la interventoría estalló formalmente el 12 de octubre pasado, justo el día en el que el gerente de Indeportes expidió la resolución 20220000605, que entregó el mismo a una empresa identificada como Proeza Ingeniería S.A.S.

Ese día llegó a las oficinas del instituto una denuncia de 93 páginas (incluyendo sus anexos), firmada por la representante legal del Consorcio Interparque Tulio Ospina, Esther Paulina Martínez Mendoza.

Esta empresa, que terminó quedándose por fuera de la licitación, aseveró que el comité técnico que se encargó de la selección habría cometido errores durante ese proceso e instó al gerente de Indeportes a no adjudicar el contrato.

Dentro de los hechos descritos en ese oficio, el más delicado consiste en la presunta falsificación de un documento por cuenta de Proeza Ingeniería. En otro oficio entregado dos días después, el 14 de octubre de 2022, el consorcio denunciante amplió su señalamiento y aseveró que el documento adulterado se trataría de un certificado de experiencia entregado por Proeza en el que se acreditó la ejecución de un contrato con la Alcaldía de San Pedro de los Milagros. No obstante, en su membrete aparece el escudo, el NIT y la identificación del municipio de Remedios, tal como se puede ver en una imagen adjuntada en la comunicación (Ver facsímil).

Hilando más delgado, el consorcio denunciante narró además haberse dado a la tarea de revisar los sistemas de contratación pública y aseveró que el membrete de Remedios incluido en el polémico certificado ni siquiera tenía la misma tipografía y proporciones en comparación con otros documentos emitidos por esa Alcaldía durante ese mismo periodo.

“Se debe considerar que se trata de seleccionar a una persona natural o jurídica que tendrá en sus manos la función pública de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución de una importante obra pública, entonces ¿en manos de quién se está delegando dicha labor?”, cuestionó el consorcio en esa segunda denuncia, que aparece firmada por Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, representante legal de una de las empresas que lo conformaban (Servicios y Consultorías en Ingeniería S.A.S.).

¿Qué responde Indeportes?

Según alcanza a leerse en varios documentos del concurso público, desde mucho antes de la adjudicación, Indeportes ya tenía conocimiento de esa polémica certificación.

En un informe de evaluación preliminar, emitido el 3 de octubre, la entidad le advirtió incluso a Proeza Ingeniería que no tendría en cuenta el documento. Sin embargo, tres días después, Proeza envió un oficio al instituto señalándole estar tramitando un nuevo certificado ante el municipio de Remedios “con el fin de aclarar la información”.

Pese a la grave inconsistencia inicial, y sin ser sacada del proceso, Proeza entregó un nuevo certificado a Indeportes y este terminó recibiéndolo sin reparos e incluso lo tuvo en cuenta en la puntuación final, tal como se lee en el informe de evaluación que sustentó la adjudicación.

“En respuesta al informe preliminar se aporta documento expedido por el municipio anexando certificado corregido y conforme al texto de dicho certificado se constata la información correcta proveniente del municipio emisor con lo cual este adquiere valor demostrativo de la condición y se tiene en cuenta para los cómputos de este proceso”, consignó el comité evaluador en ese informe del 11 de octubre, sin darle mayor importancia a la controversia.

Desde el pasado jueves 10 de noviembre, EL COLOMBIANO se puso en contacto con el equipo de prensa de Indeportes Antioquia buscando profundizar en su versión sobre lo ocurrido.

El instituto sostuvo que el único autorizado para dar declaraciones era el gerente Héctor Fabián Betancur, pero agregó que el funcionario no tenía tiempo en su agenda para referirse al tema antes de la publicación de este artículo y señaló solo tener espacio para concertar una entrevista después del 15 de noviembre.

Claudia Elena Yepes, representante legal de Proeza Ingeniería, rechazó los señalamientos del oferente inconforme y sostuvo no haber cometido ninguna irregularidad.

Al ser consultada sobre el documento, Yepes señaló que fue expedido por la Alcaldía de Remedios con ese error, pero aseveró que ese municipio volvió a emitir otro certificado actualizado sin inconsistencias. “El municipio de Remedios hizo la aclaración y dijo que fue un error involuntario, pero luego se presentó el certificado actualizado”, expresó.

Por su parte, el oferente denunciante insistió en su malestar y consideró que la inconsistencia en los soportes del ganador salpicaría de ilegalidad el contrato que, dicho sea de paso, ya está en ejecución y tiene un plazo de 11 meses.

“(...) dicha actuación lesiona el derecho de los demás oferentes que participamos en el proceso y que muy por el contrario de lo ocurrido con el oferente que finalmente resultó adjudicatario cumplimos con las exigencias del pliego”, agregó Beltrán Dulcey en su denuncia, en la que acusa a Indeportes de faltar a la ética y transgredir el rigor técnico del concurso público.