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¿Cómo no repetir el caso del centro infantil de Buen Comienzo?
Tras denuncias de abuso sexual, expertos piden mayores controles y mejorar selección de personal.
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ilustración Elena ospina
16 de julio de 2021
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El programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, considerado como una de las políticas sociales más exitosas del Municipio de Medellín durante los últimos años, está en el centro del debate luego de que los padres de familia de 22 niños denunciaran ante la Fiscalía abusos sexuales al interior un centro infantil de ese programa, identificado como Pequeños Exploradores y ubicado en la comuna Santa Cruz.
En el marco de un caso en el que la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para dar con los responsables de lo ocurrido y la Procuraduría emprendió una indagación preliminar para verificar la existencia de posibles negligencias administrativas en el marco del contrato suscrito para la operación del centro, expertos y funcionarios analizan lo sucedido y proponen fórmulas para que una situación de este tipo no vuelva a repetirse.
Selección del personal
Cabe recordar que, de acuerdo con los testimonios de las familias denunciantes, todo se desencadenó durante las últimas semanas de junio, cuando los padres de 22 niños del centro infantil acusaron a uno de los empleados del lugar de ejercer abusos y violencia sexual en contra de sus hijos.
Una de las madres, que pidió la reserva de su identidad, precisa que todo comenzó el pasado viernes 18 de junio, cuando luego de regresar del centro su hijo le verbalizó que uno de los empleados del lugar, identificado como “el amigo grande”, había abusado de él en uno de los baños.
Luego de llevarlo a un hospital para ser atendido y activar los protocolos de atención, la madre relata que comenzó una disputa con una docente encargada del jardín, quien habría desestimado sus denuncias y negó las acusaciones sobre el presunto agresor.
“Ella decía que conocía a la persona con la que trabajaba, que sería incapaz de hacer algo así y que yo pretendía dañar la reputación del centro”, dice la madre.
Según reconstruye, luego de instaurar una denuncia penal y comenzar a conversar con otros padres de familia, el número de niños que habrían sido abusados comenzó a crecer, hasta llegar a 22.
Cambios en el comportamiento de los niños y las niñas, marcas en su cuerpo, dictámenes médicos que corroboran los abusos y testimonios que encajan en circunstancias de tiempo y lugar hacen parte de los elementos que evalúa la Fiscalía.
De acuerdo con esas pesquisas, el principal sospechoso de ser “el amigo grande” es identificado como Ismael Darío Lopera Tangarife, quien se desempeñaba como auxiliar de cocina del centro infantil.
Aunque la Fiscalía lo señala como responsable de seis de los abusos denunciados, luego de entregarse a la Policía el pasado jueves 8 de julio en el municipio de Santa Rosa de Osos, Lopera no aceptó los cargos e insistió en su inocencia (Ver Paréntesis).
“Mi hijo llevaba dos años en el jardín y hoy tiene un gran retroceso. Aunque el hombre solo se encargaba de la cocina, sabemos que tenía contacto con los niños. La Alcaldía tiene que saber que personal se escoge”, señaló la madre, asegurando que tanto el operador como el programa fueron lentos en su respuesta para atender a las denuncias.
A través de un comunicado de prensa publicado el pasado 2 de julio, la organización operadora del centro, identificada como la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado (Coomulsap), confirmó que Lopera Tangarife estaba vinculado a esa organización desde hace 11 años y su perfil cumplía con los lineamientos técnicos exigidos.
Según argumentó, luego de conocer el primer caso, informó al Municipio sobre lo ocurrido y activó una ruta de atención para acompañar a las familias y a niños y niñas afectadas.
“Una vez conocimos los hechos, realizamos las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, para que investigue con rigor y ejerza la acción penal ante los tribunales que administran justicia”, expresó esa organización en su pronunciamiento, detallando que esa denuncia fue instaurada el pasado domingo 20 de junio.
Por su parte, miembros del equipo legal del programa Buen Comienzo aseguraron que esa unidad administrativa ya inició procesos en contra de los responsables.
“Buen Comienzo tiene unos requisitos técnicos, jurídicos y financieros estrictos para seleccionar a nuestros operadores”, aseguró Mario Suárez Tovar, asesor jurídico de la Unidad Buen Comienzo, enumerando que dentro de las exigencias estipuladas para las organizaciones está el que pertenezcan al banco de oferentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), proporcionar el Registro Único de Proponentes y acreditar tener una larga experiencia en la prestación del servicio.
Luego de firmar el convenio que los vincula con el municipio de Medellín, el abogado precisó que una interventoría se encarga de hacer seguimiento al desarrollo de sus actividades, buscando la correcta atención de los niños.
“Nosotros estamos tratando de establecer hasta dónde llegó esto. Sabemos que no se puede remediar lo que ocurrió, pero tomamos las primeras medidas correctivas, como el cierre del establecimiento y hacer que los niños sean atendidos por otros operadores”, agregó Suárez, advirtiendo que también se iniciaron actuaciones administrativas y judiciales.
Así mismo, Andrés Felipe Pérez, abogado asesor del programa, aseguró que se estudia cómo reforzar el sistema y fortalecer los tiempos de atención.
Cambios estructurales
Luis Fernando Agudelo Henao, director del programa Medellín Cómo Vamos (MCV), planteó que más allá de las acciones penales que se adelantan contra los implicados en el caso, este episodio revela la necesidad de que Buen Comienzo sea más riguroso con sus contratistas.
A diferencia de lo planteado por los voceros del programa, Agudelo plantea que si bien se exigió a los proveedores estar inscritos en el registro de proponentes del Icbf, los estándares de prestación del servicio se han reducido.
“El esquema de prestación de los servicios, durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento del programa, se concentró en una lógica de tercerización. Es decir, un programa con un director y un equipo técnico esencialmente de contratistas, concentrados en la supervisión de contratos de los prestadores”, expresó Agudelo Henao, insistiendo en que para fortalecer la prestación del servicio, el Municipio debe fortalecer su estructura institucional, dando mayor continuidad a los funcionarios que supervisan los contratos o incluso asumiendo la prestación directa del servicio.
Cabe recordar que según recogió Medellín Cómo Vamos en un informe sobre la calidad de vida de la primera infancia, el Programa Buen Comienzo atendió a 84.218 niños en 2019, alcanzando una cobertura récord del 81,8 % de los niños menores de seis años de la ciudad.
Por su parte, Juan Carlos Álvarez, director ejecutivo de la Corporación Cariño, que lleva más de 40 años trabajando por el buen trato a la niñez en la ciudad y la prevención del abuso sexual, consideró que lo ocurrido en Santa Cruz debe volverse un llamado para que se incrementen los esfuerzos para que los padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa conozcan las herramientas de prevención y códigos de conducta para prevenir los abusos.
“Aunque está comprobado el daño que estos abusos ocasionan en la salud mental y física de los niños, también es importante tener en cuenta que este se puede prevenir y ser reparado”, dijo Álvarez, señalando que se deben fortalecer los sistemas de atención .n
81,8 %
de cobertura alcanzó el programa Buen Comienzo durante 2019: MCV.
22
denuncias de abuso han interpuesto los padres del centro infantil ante la Fiscalía.
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