La crisis de movilidad por la que atraviesa el Suroeste antioqueño por cuenta de la incierta culminación de la última vía 4G del departamento todavía no ve la luz al final del túnel.
En medio de una cada vez más resquebrajada relación, la Gobernación de Antioquia y el concesionario privado a cargo de Pacífico 1 (Covipacífico), no se ponen de acuerdo sobre cómo y cuándo se podría desatrancar el inicio de una serie de obras pendientes para completar ese importante corredor.
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Las fricciones más recientes vinieron por cuenta de una intervención de contingencia en el sector de La Arenera que estaba lista para iniciar este lunes 24 de noviembre, pero que luego de un airado reclamo tanto de la Gobernación como de alcaldes del Suroeste quedó aplazada para enero de 2026.
En días previos, un intercambio de declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón; y el gerente de Covipacífico, Mauricio Millán Drews, sacó a flote los puntos más sensibles para la culminación de esa autopista, que también se ha visto afectada por la falta de respuestas y celeridad desde un Gobierno Nacional que no ve el tema como prioridad.
El centro de la discusión de los últimos días consiste en los caminos que tendría Covipacífico para acelerar el comienzo de las obras que desde 2019 se sabe se necesitan en el sector de La Sinifaná, en donde un gran deslizamiento de tierra ocurrido durante ese año afectó un importante tramo de la vía.
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Aunque la concesión ya ha explicado reiteradas veces que para resolver el paso en ese punto es necesaria la construcción de un túnel doble de 800 metros, que ya tiene estudios y diseños, este todavía no ha sido amparado por el contrato.
El pasado 18 de noviembre, el gobernador Rendón propuso que para acelerar los trabajos, cuyo valor supera los $700.000 millones, Covipacífico dispusiera de un patrimonio autónomo de $150.000 millones para iniciar sin tener que esperar al cambio de gobierno.
A través de una carta, Covipacífico le respondió a su vez a Rendón, sosteniendo no poder disponer de ese fondo y asegurando que dicha decisión sería exclusivamente del resorte del Gobierno Nacional.
“En relación con los recursos significativos disponibles en las cuentas ANI del Patrimonio Autónomo, es importante precisar que su destinación solo puede ser definida por el Gobierno, el Concesionario no tiene discrecionalidad para su disposición”, dijo Millán Drews en una carta, añadiendo que en días recientes había llegado a un acuerdo con la Nación para iniciar un estudio de impacto ambiental, primer paso para después modificar la licencia y luego arrancar con las obras.
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“Ellos están viviendo en una comodidad muy grande”, agregó posteriormente el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, planteando no entender por qué tras más de seis años la concesión todavía no había solicitado la modificación de la licencia ambiental y los recursos para obras menores a la ANI, teniendo en cuenta la urgencia de resolver los trancones en su jurisdicción.
En medio de ese panorama, Gallón apuntó que aparecieron las fricciones por los cierres en La Arenera, anunciados para el 24 de noviembre, pero frenados luego de que los alcaldes de la subregión y la Gobernación expresaran su voz de protesta temiendo pérdidas económicas para la subregión durante la temporada de Navidad y fin de año.
Si bien el inicio de los cierres en La Arenera se movió para el año entrante, la preocupación que volvió a quedar a abierta se centra en cuándo se llegará a una solución para concluir el tramo más crítico de Pacífico 1, que según los cálculos preliminares de Covipacífico podría tardar dos años y medio a partir del momento en que se dé la primera palada.
Por ahora no está claro cuándo comenzará esa ejecución, ni de qué bolsillo saldrán los recursos.
De mantenerse así las cosas, ya no será en 2025 que se despeje el panorama, tal como se preveía en el primer semestre de este año, sino en 2026 cuando haya cambio de gobierno.
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