El 15 de noviembre de 2018, Ángel Mesa Castro pisó por última vez su despacho de la alcaldía de El Bagre, en el Bajo Cauca de Antioquia. Ese día el mandatario salió escoltado por agentes del CTI que lo capturaron para que respondiera ante un juez por las irregularidades en el contrato de alumbrado público del municipio.
En 2016, Mesa concesionó el servicio de alumbrado público por 20 años a una firma denominada Unión Temporal Iluminando El Bagre. Según reportó la Fiscalía, el contrato comprometía vigencias futuras y acarreaba sobrecostos superiores al 300 % para los ciudadanos.
El concejal Jhon Alberto Lastre, elegido por la Alianza Verde, explicó que en 2016 el Concejo le aprobó al alcalde un acuerdo que permitía concesionar el servicio y aplicar nuevas tarifas.
“Según el estudio que nos presentaron, ellos recaudarían entre $90 y $150 millones mensuales, pero la sorpresa fue que en la primera facturación recaudaron más de $300 millones. Hicieron un cobro más alto del autorizado y la gente se molestó”, dijo.
De acuerdo con los reportes del Concejo, antes de que se suscribiera el contrato, el alumbrado público era un servicio prestado por EPM. Tras la entrada de la unión temporal, la empresa de Medellín quedó encargada únicamente de suministrar la electricidad y hacer el recaudo.
Julio César Sampayo, concejal del partido de La U, dijo que desde que el contrato entró en vigencia no se ha hecho mantenimiento. “El deterioro en el servicio es evidente, porque muchas de las luminarias se fundieron. Y hay una cuenta con casi $2.500 millones recaudados, pero ese dinero no se puede tocar hasta que un juez no defina qué va a pasar”, agregó.
Tras la captura, Mesa fue enviado por un juez a casa por cárcel en una vivienda de Medellín. A la fecha se encuentra esperando el escrito de acusación, según reportes de la Rama Judicial.
Tres funcionarios estuvieron a cargo de la Alcaldía en 2018. El primero, Samir Romero, entonces secretario de Salud, quedó encargado entre el 18 de marzo y el 18 de junio, pues Mesa estuvo suspendido tres meses por la Procuraduría, por el mismo contrato.
Tras la captura, Leonardo Álvarez, secretario de Gobierno, tomó las riendas entre el 19 de noviembre y el 8 de diciembre; y finalmente Gustavo Monsalve, asesor de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, fue designado como encargado entre el 8 y 20 de diciembre.
La novela del reemplazo
Ese mismo mes, el partido Opción Ciudadana le entregó a la Gobernación de Antioquia una terna de candidatos, de la que fue escogida María Yolima Madrigal, quien se posesionó el 21 de diciembre.
Madrigal reconoció que ingresó a la terna “de relleno”, para hacerle el favor a un amigo suyo que necesitaba cumplir la cuota femenina que exige la ley.
El amigo a quien se refiere es Briller Ochoa, quien también hacía parte de la terna junto con Generoso Barragán. Los cálculos del partido, según explicaron fuentes del municipio, era que Ochoa fuera nombrado y diera continuidad al gobierno de Mesa.
Pero el gobernador Luis Pérez eligió a Madrigal. “Esa decisión fue una sorpresa para todos, empezando por mí”, confesó la alcaldesa.
El 29 de enero, Pérez habló de Madrigal en uno de sus consejos de Gobierno y la definió como “una persona muy honesta, decente y trabajadora que llegó a poner orden” en el pueblo.
Cuatro días después, Pérez anunció que la denunciaría ante la Fiscalía y los entes de control, pues a sus manos llegó una letra por $300 millones, firmada por Madrigal el 20 de diciembre a favor de Daimer Cediel Palomino, quien vive y hace política en el vecino municipio de Nechí.
Cuando EL COLOMBIANO le preguntó si había firmado alguna letra o si su firma fue falsificada, Madrigal contestó: “puede ser que sí (sea una falsificación), pero en su defecto también puede ser mi firma (...) Dentro de los requisitos que nos pidieron en la oficina del partido, puede ser que haya estado ese documento y que lo haya firmado, siempre con el buen gesto de hacerle un favor a un amigo”, dijo.
En ese momento, Ómar Jiménez Vélez, secretario general para Antioquia del partido Opción Ciudadana, aseguró que la colectividad no exige firmas ni dineros a ninguno de sus candidatos.
Denuncias de presiones
Como si todo esto fuera poco, el partido aseguró que le había llegado una carta firmada por Madrigal, en la que renunciaba al cargo. La funcionaria sostiene que el documento es falso y que ha recibido presiones para dejar la Alcaldía.
La mandataria denunció todo ante la Fiscalía y en su relato reveló que un día antes de posesionarse —20 de diciembre, la misma fecha que aparece en la letra— se reunió con Yahir Acuña, exrepresentante a la Cámara que ha sido investigado por parapolítica.
Madrigal denunció que recibió presiones de personas designadas por Acuña para hacer ciertos nombramientos en la alcaldía. “Estas personas me advirtieron que serían ellos los que la manejarían y que mi papel era autorizar”, se lee en el documento.
Fuentes policiales revelaron que durante algunas semanas varios hombres en camionetas blindadas visitaron la Alcaldía, pero que poco después dejaron de ir.
La alcaldesa dijo que ante su negativa a obedecer a los hombres, ellos se marcharon. “Por todo eso he recibido amenazas”, apuntó. Pese a la situación, ella despacha desde la localidad.
Este diario intentó comunicarse con Acuña para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
¿Y el pueblo?
Los primeros dos meses de 2019 estuvieron cargados de tensión política en el municipio. Sin embargo el concejal Sampayo reportó que la alcaldesa logró armar una coalición con 10 de los 13 integrantes de la corporación.
“Yo no estoy ahí porque me parece que no es correcta la forma en que ella llegó, firmando letras (...) Y no me gusta que haya traído gente de afuera y le haya entregado contratos, como el de la alimentación escolar, a empresas de Sincelejo y otras zonas”, dijo. No obstante, hasta ahora no hay cuestionamientos legales a este contrato.
El concejal Lastre, que hace parte de la coalición, dijo que la alcaldesa “está trabajando mejor y se cuida mucho de revisar todos los contratos para que no haya problemas después”; pero reconoció que el municipio atraviesa por un momento difícil.
Ambos corporados coincidieron en que uno de los problemas más graves es la falta de un relleno sanitario, pues el que tenían fue sellado por las autoridades ambientales.
Antonio Cerpa, gerente de Aguas de El Bagre, dijo que los residuos se tienen que llevar hasta Caucasia, lo que genera sobrecostos.
Madrigal dijo que ya trabaja para resolver esos problemas y que, pese a los contratiempos, no renunciará. “Dios me mandó acá para cumplir alguna misión, y voy a trabajar por mi pueblo”, agregó la mujer que, además, es pastora cristiana.
