En pleno centro administrativo La Alpujarra, donde funciona la Gobernación de Antioquia, el 30 de enero de 2018, hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, se acercaron al entonces alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, para notificarle que quedaba arrestado por el delito de concierto para delinquir agravado.
Fuentes de la Fiscalía reportaron que desde hacía varios meses venían tras la pista del mandatario, a quien todos conocen como Merceditas, pues sospechaban que tenía nexos con el Clan del Golfo, un grupo ilegal que actualmente mantiene una confrontación con la banda de “los Caparrapos” y que tiene influencia en el Bajo Cauca antioqueño —región a la que pertenece el municipio de Cáceres—.
“Creemos que varias de sus decisiones de gobierno se tomaron para favorecer los intereses del grupo criminal. Incluso algunas pistas sugieren que el grupo pudo haberlo apoyado como candidato en las elecciones de 2015 y presionado a algunos integrantes de la comunidad para favorecer su elección” dijo la fuente.
El 1 de febrero de 2018, la Fiscalía envió un comunicado en el que aclaró que las pesquisas estaban a cargo de un fiscal seccional de Antioquia. “De acuerdo con esa investigación el mandatario tendría nexos con algunos cabecillas del Clan de Golfo (...) El procesado deberá responder por promover grupos armados ilegales”, se lee en el informe.
Un pueblo convulsionado
Tres días antes de la captura de Berrío, el Gaula capturó en Cáceres a un hombre conocido con los alias de “Mateo” o “Darío”, y a quien señalan de ser el principal cabecilla del frente Julio César Vargas del Clan del Golfo. El hombre era buscado por los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir.
A “Mateo” se le señaló como responsable del desplazamiento forzado de al menos 450 personas de cinco veredas de Cáceres, ocurrido en los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018.
Cuando el alcalde Berrío fue capturado estaba coordinando el traslado hacia el hospital de Cáceres de un indígena que resultó herido en la vereda El Tigre, luego de enfrentamientos entre la fuerza pública y el Clan del Golfo.
Una fuente cercana a la investigación aseguró que “Mateo” era tan cercano a la administración local que tenía línea directa con el alcalde, a través de emisarios avalados por ambos.
Jhon Jairo Ortiz Torres, concejal del Partido Verde, estaba con Berrío el día de su captura. “Esa noticia fue totalmente inesperada. El día antes habíamos estado en unas reuniones políticas, porque se venían las elecciones de Cámara y Senado, porque íbamos a mirar con quiénes podíamos trabajar para ayudar al pueblo”, dijo.
Ortiz incluso aseguró que el CTI visitó ese día —29 de enero— la sede de la Alcaldía de Cáceres. “El secretario de Gobierno llamó al alcalde para decirle que habían ido a preguntar por él y él le dijo que les dijera que al día siguiente los esperaba en la Alpujarra”, apuntó el concejal.
Una fuente militar reveló que luego de la captura del alcalde, el Gaula del Ejército volvió a la Alcaldía para buscar documentos y otras evidencias. “Nos sorprendió mucho porque varios funcionarios de los que habían quedado encargados de la administración se escondieron en un baño, pensando que también los íbamos a capturar”, agregó.
Una alcaldía embargada
El 20 de abril de 2018, la Gobernación de Antioquia devolvió la terna que el Partido de La U presentó porque “los candidatos no cumplen los requisitos de ley”. Dos meses después, y luego de varios inconvenientes, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez confirmó a la sicóloga Sandra Durán como alcaldesa.
Miguel Andrés Arrieta, presidente del directorio del partido en el municipio, explicó que en efecto la terna de la que fue escogida Durán no fue presentada por el directorio local. “Los nombres que nosotros dimos no sé si fue que no llegaron a la Gobernación, pero a esa señora no la conocíamos”, dijo.
Arrieta criticó la gestión de la alcaldesa pues considera que no dio continuidad a los planes de Berrío y aseguró que desde su llegada se ha parado la ejecución de proyectos.
“Ella nombró en la alcaldía a un montón de gente de Caucasia. El municipio venía con una buena gestión y luego de esa captura, que para mí es algo político, todo se paró”, explicó y agregó que en más de 30 años de conocer a “Merceditas”, nunca le encontró ningún indicio de ilegalidad.
Durán reconoció que su llegada ha generado resistencia, aunque dice que el fenómeno solo se vive en la zona urbana.
“Yo llegué a la alcaldía y de buena fe dejé a los funcionarios que había, pero en julio y agosto me encontré que el entonces secretario de Gobierno les estaba diciendo a los empleados que no le hicieran caso a esa vieja loca. Y luego vi manejos irregulares en la Tesorería, entonces salieron esas dos personas”, dijo Durán.
El secretario al que ella se refiere, Rafael Sánchez, fungió como alcalde encargado durante varios meses. En agosto de 2018, le dijo a EL COLOMBIANO que desconocía las razones por las que Durán lo había apartado del cargo.
Los embargos
Durán sostiene que tras la salida de varios funcionarios de la alcaldía pasada se encontró con un desorden que no ha podido solucionar.
“Tenemos embargadas 23 cuentas, la última de ellas en Corantioquia, y una deuda altísima que se ha venido acumulando desde 2007”.
A eso se suman irregularidades en las contrataciones, pues según la mandataria hay por lo menos 16 contratos de los que no se han hallado carpetas (documentos de soporte). “Hay gente que estaba cobrando salarios y nunca venía acá, estaban en Medellín, entonces esos contratos los congelé y pedí que se hiciera una revisión por parte de la Contraloría”, precisó. El informe del ente de control aún no ha sido divulgado.
Durán agregó que cuando llegó a la alcaldía, hace 9 meses, encontró que el plan de desarrollo solo estaba ejecutado en un 22 %, aunque algunos de los informes oficiales decían que iba en el 33 %.
“Con mucha dificultad hemos trabajado. Tenemos muchos más embargos y la deuda va casi en $8.000 millones y eso no lo podemos absorber. El Municipio está a punto de entrar en Ley 550, que es lo que mejor le podría pasar hoy a Cáceres para que pueda pagar en 5 años y luego invertir”, apuntó.
Sobre la resistencia que ha generado su llegada, la funcionaria manifestó que es la primera vez que una mujer está a cargo en esta población que tiene una cultura machista. “Yo he querido colocar orden, ya no se ven los empleados chismoseando por ahí en la esquina sino trabajando. También he querido que ellos tengan capacitación y la han recibido”, agregó.
Otra de las prioridades de la alcaldesa es la organización del sistema de información, pues asegura que hasta su llegada no se había actualizado la información en las plataformas de gobierno.
Frente a la denuncia del concejal Arrieta, que la señaló de despachar desde Caucasia, Durán aseguró que es falso.
EL COLOMBIANO visitó el municipio en enero y marzo y encontró a los funcionarios de la Alcaldía despachando desde el parque educativo, pues la sede de la Alcaldía está en obra desde que Berrío era titular .
