En la mañana del 22 de noviembre de 2018, el alcalde de Envigado Raúl Cardona González salió en un carro desde su municipio hacia el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. En su recorrido pasó junto a varias de las vallas que había ordenado instalar para agradecer a la ciudadanía por el 92 % de favorabilidad que tenía, según una encuesta realizada por EL COLOMBIANO.
Y aunque ese día Cardona esperaba recibir un nuevo reconocimiento a su gestión, su vida dio un giro inesperado. En pleno aeropuerto varios agentes del CTI lo abordaron y le notificaron de una orden de captura en su contra por varios delitos. La noticia se regó como pólvora.
Pero él no era el único detenido: la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa; el de Educación, Diego Echavarría; el contralor José Conrado Restrepo y un exconcejal, Lindon Johnson Galeano, también habían sido capturados, junto a dos particulares y un funcionario del Ministerio de las TIC.
Debido a la cantidad de hechos y procesados, en las audiencias de legalización de captura el caso se dividió en cuatro partes, según los hechos ocurridos:
El primero fue el supuesto cobro de comisiones a los empleados oficiales por parte del exconcejal Lindon Johnson Galeano. La hipótesis de la Fiscalía es que el corporado —que perdió su investidura por orden de otro juez— cobraba comisiones a los empleados que eran nombrados en determinadas secretarías y el alcalde Cardona, al parecer, estaba al tanto de esa actuación ilegal.
El segundo hecho fue la compra de un lote a un particular. Según la evidencia mostrada por la Fiscalía, el predio fue comprado por un privado en $50 millones y vendido, dos semanas después a la alcaldía por más de $1.300 millones. En este caso el alcalde no estaba incluido, pero sí su secretaria de Hacienda y el contralor municipal.
El tercer hecho fue la donación de unas tabletas del programa Computadores para Educar, condicionada supuestamente a la entrega del contrato de mantenimiento a una empresa privada. Aquí tampoco aparece vinculado Cardona, pero sí su secretario de Educación.
El último de los hechos es el tráfico de influencias. La Fiscalía publicó varios audios de llamadas interceptadas, en las que Cardona les pide a su secretario de Seguridad que interceda ante la Policía para evitar que cierren un local comercial que estaba violando la Ley Seca. El sitio resultó ser propiedad de un concejal Víctor Giraldo, quien hacía parte de la coalición de Gobierno.
En uno de los audios, Cardona les pide disculpas al concejal por la actuación de la Policía, pese a que el corporado reconoce que habían vendido cervezas. El mandatario termina por ponerse a las órdenes de Giraldo, por si necesitaba algo más.
Revolcón interno
Cardona inicialmente había quedado en libertad por orden del juez de control de garantías, aunque tenía la prohibición expresa de acercarse a la alcaldía o tener contacto con los funcionarios. Pero la Fiscalía apeló esa decisión y un juez de segunda instancia lo envió a casa por cárcel para evitar posibles interferencias en la investigación que aún avanza.
“Este caso muestra las concesiones que (Cardona) estaba dispuesto a hacer para agradar a estos concejales. Allí es donde se ve una intervención verdaderamente decidida del alcalde (...) ¿Qué se podrá esperar entonces?”, dijo el juez cuando leyó su fallo.
Las riendas de la alcaldía fueron asumidas temporalmente por el secretario de Seguridad Juan Manuel Botero —el mismo de la llamada interceptada—. Pero a comienzos de marzo, Botero regresó a sus funciones y el mando lo tomó Sara Cristina Cuervo, quien hasta la fecha era la encargada de Movilidad.
Mientras se desarrollaban las audiencias preliminares, que duraron 13 días, renunciaron a sus cargos Mesa (Hacienda) y Restrepo (contralor), ambos enviados a una cárcel mientras avanza el juicio.
En reemplazo de ellos fueron nombrados, respectivamente, Ana María Velásquez y Mary Luz Arroyave, esta última en calidad de contralora encargada.
Nuevos implicados
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL COLOMBIANO que nuevos funcionarios serán imputados por uno de los casos que tiene al alcalde privado de su libertad: el de tráfico de influencias.
El ente investigador radicó una solicitud para realizar una audiencia en la que se les imputen cargos a las otras dos personas que participaron de la actuación irregular: el secretario Juan Manuel Botero y el concejal Víctor Giraldo.
“La solicitud se hizo para que ellos asistan voluntariamente y la audiencia será este mes”, reportó Fiscalía.
Este diario intentó comunicarse con ambos en sus líneas de celular, pero no obtuvo respuesta.
Una fuente cercana a la administración municipal, que pidió reserva de su identidad, afirmó que el cambio de alcalde encargado fue producto, precisamente, de esa imputación. “Nadie en Envigado quiere más titulares de alcaldes capturados”, dijo la fuente.
Así va hoy el Municipio
Quien sí habló fue la alcaldesa Cuervo, quien dijo haber recibido un Municipio “supremamente organizado”, con algunas dificultades en el presupuesto y una ejecución del Plan de Desarrollo del 82 %.
La mandataria encargada reconoció que su principal preocupación hoy es la seguridad ciudadana, pese a que los indicadores de hurto van a la baja y, a la fecha, solo se ha registrado un homicidio.
Al preguntarle qué cambios se han presentado en la alcaldía tras las capturas, Cuervo respondió: “ la Administración sigue avante, seguimos trabajando, lo que pasa es que eso consolida la estabilidad de los funcionarios y un estado emocional que hemos logrado superar, independientemente del dolor que sentimos de lo que está pasando con nuestro alcalde. Estamos convencidos de la inocencia de nuestro alcalde, entonces hemos salido adelante como equipo”.
Cuervo hace parte de la terna que el Partido Liberal le entregó a la Gobernación de Antioquia, para nombrar un reemplazo oficial para Cardona, mientras se realiza el juicio.
Los otros dos ternados son Juan José Uribe Montoya, actual secretario de Salud municipal; y Esteban Salazar Ramírez, director de Planeación local.
Aunque la lista de postulados se entregó desde el 22 de febrero pasado, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aún no ha emitido el decreto con su decisión final .
