La notificación de un auto de apertura de investigación por presuntas irregularidades en el contrato para el Túnel del Toyo a los exsecretarios de Infraestructura de la Administración Departamental pasada, Mauricio Valencia y Rafael Nanclares, desató una nueva polémica dentro del proceso de construcción de la obra.
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, afirmó, en exclusiva para EL COLOMBIANO, que las pesquisas podrían arrojar medidas cautelares de embargo contra los exfuncionarios y aseguró que hay independencia en el proceso por parte del ente de control.
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El Túnel del Toyo, de 9,8 kilómetros, está contemplado dentro de una variante entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. En un tramo de 39 kilómetros, las obras comprenden 18 túneles, 31 puentes y 20 kilómetros de vías a cielo abierto, conectando los tramos Mar 1 (Medellín-Santa Fe de Antioquia) y Mar 2 (Cañasgordas-Chigorodó), de las Autopistas de la Prosperidad.
La inversión estimada es de 1,83 billones de pesos. La Nación tiene el compromiso de aportar $540.000 millones, el Departamento, $780.000 millones y el Municipio de Medellín, $510.000 millones.
Luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, adujera reparos en el proceso solicitó una suspensión del contrato por dos meses que fue asumida en consenso por las partes implicadas. Tras cumplir ese plazo, el pasado lunes 16 de mayo, el mismo mandatario pidió otros 15 días de tiempo para continuar revisando presuntas ilegalidades.
¿En qué avanza la investigación sobre presuntos hallazgos de ilegalidades en el contrato del Toyo?
“El Toyo tiene unos asuntos con los que hay referencia de contratos que ya se ejecutaron. Sobre esos contratos es que se está diciendo que hay presuntos hallazgos de responsabilidad fiscal, unos hallazgos de presunta responsabilidad disciplinaria y unos hallazgos de responsabilidad penal. Eso se envió a las autoridades correspondientes. Y dentro de la oficina de responsabilidad fiscal se inició el proceso respectivo”.
¿Dentro de esa investigación, la Contraloría ya tomó decisiones de embargar bienes de funcionarios de la Gobernación pasada?
“No se han tomado decisiones de embargo. Estamos apenas en ese proceso. Sobre el contrato mismo del desarrollo del túnel se hicieron unas observaciones y se solicitó que consideraran la posibilidad de suspender y mirar una serie de inconstitucionalidades e ilegalidades que, consideraba la Contraloría, estaban vigentes y presentes en ese tema”.
¿Y qué piensan de esa investigación los demás actores del proceso?
“Efectivamente la Ministra de Transporte (exministra Natalia Abello) dio la razón a las observaciones de la Contraloría y les dijo a los contratistas y al gobernador Luis Pérez, que se sentaran a analizar todo. ¿Qué ha hecho la Contraloría? esperar tranquilamente a ver qué pasa entre el contratista y la Administración pública con respecto al desarrollo de lo mismo para que se pueda avanzar en la ejecución”.
Sobre los hallazgos de ilegalidades en el contrato del Toyo, que usted presentó, el exgobernador Sergio Fajardo dice que hay falta de rigor y prejuzgamiento...
“Reitero, el Contralor, con esto, no es que se oponga a la obra. Tampoco está persiguiendo a nadie. Estoy diciendo que no puede pasar que en Antioquia, en el desarrollo de un túnel, nos llenemos de sobrecostos inexplicables porque nadie fue capaz de decirle: hagan una pausa, revisen las posiciones del contrato, revisen aspectos legales y constitucionales del contrato, que efectivamente ahí hay unas observaciones. Porque a ese ritmo van a poner la obra a valer más de lo que se establece, pues no hay certeza en temas ambientales, unas consideraciones de irregularidades de inconstitucionalidad y de ilegalidad”.
¿Contra quiénes va la apertura de investigación?
“Hay una investigación dentro de esas responsabilidades fiscales contra Mauricio Valencia y Rafael Nanclares. Y seguramente contra muchas más personas. Sobre unas obras ya ejecutadas se hicieron las observaciones de que había presuntos hallazgos de responsabilidad fiscal y presuntos hallazgos de responsabilidad penal: los disciplinarios y los penales se van a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría. Yo me quedo con los fiscales, se los entrego a la oficina de responsabilidad fiscal, que en primera instancia está haciendo la apertura del proceso de investigación lo que puede desencadenar en tomar medidas previas, una de ellas es el embargo contra los bienes de los implicados”.
¿Debido a la investigación contra Valencia y Nanclares, se pidieron los 15 días adicionales en la suspensión del contrato?
“No. La investigación anda independientemente pase lo que pase. La suspensión es sobre un contrato específico de la ejecución del túnel. Hay una apertura de un proceso y hay una investigación en la cual recomiendan tomar unas medidas previas. Entre esas medidas previas están las del embargo, pero pueden ser contra estas personas, contra otras más o contra una sola”.
¿A qué tipo de sanciones podría llevar el proceso?
“Puede pasar que se considere (Valencia y Nanclares) que son responsables fiscales y se pueden tomar medidas cautelares antes de que haya una decisión. Eso está en manos del equipo que lleva el juicio de responsabilidad fiscal, que es el encargado del análisis de lo que han hecho sobre las cosas que se han entregado, y si se toma algún tipo de medidas”.
¿La investigación también va contra el exgobernador Fajardo?
“No se puede adelantar qué nombres específicos estarían implicados, por respeto al debido proceso”.
¿Usted sostiene que hay irregularidades en el contrato por carencia de estudios ambientales?
“No solamente se cuestiona el tema de la licencia ambiental, como es un contrato de obra pública, no de concesión, ninguna normativa ha eximido al Estado de hacer los estudios previos ambientales que se tienen que hacer antes de desarrollarlo. Esa es una de varias observaciones. Hay otras de índole legal como el valor final del contrato, el trámite de la gestión predial, consulta con la comunidad. Ninguna normativa ha eximido al Estado de hacer los estudios previos ambientales antes de licitar”.
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