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Antioquia | PUBLICADO EL 25 febrero 2023

Congelar tarifas: Quintero revive promesa en el año de elecciones

La idea del alcalde de Medellín surge en río revuelto en medio de los problemas financieros de EPM y las dudas por los poderes recientemente asumidos por el presidente Petro en las comisiones de regulación.

  • Durante la campaña de 2019, Quintero pegó por toda la ciudad vallas y pasacalles prometiendo congelar las tarifas de los servicios públicos. FOTO Cortesía
    Durante la campaña de 2019, Quintero pegó por toda la ciudad vallas y pasacalles prometiendo congelar las tarifas de los servicios públicos. FOTO Cortesía
  • Durante la campaña de 2019, Quintero pegó por toda la ciudad vallas y pasacalles prometiendo congelar las tarifas de los servicios públicos. FOTO Cortesía
    Durante la campaña de 2019, Quintero pegó por toda la ciudad vallas y pasacalles prometiendo congelar las tarifas de los servicios públicos. FOTO Cortesía

Faltando menos de un año para el cambio de gobierno y en plena época electoral, el alcalde de Medellín Daniel Quintero volvió a desempolvar el debate de congelar las tarifas de los servicios públicos. Apelando a las funciones recién asumidas por el presidente Gustavo Petro, que a través de un decreto centralizó en su escritorio varios poderes de las comisiones de regulación de Agua (CRA) y Energía (Creg), Quintero pidió darle luz verde a EPM para congelar las tarifas en toda su área de influencia.

“Me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, dijo Quintero, quien aseguró que la empresa estaría lista para asumir esos costos, aunque después, en una entrevista radial, no supo precisar qué impacto económico tendría una medida de este alcance.

La propuesta del mandatario local no es nueva. La misma se remonta a 2019, cuando en medio de la campaña por la Alcaldía, Quintero no solo desplegó por varios puntos de la ciudad gigantescas vallas con su foto prometiendo congelar las tarifas, sino que incluso sugirió reducirlas, asegurando en ese documento que con la compra de paneles solares EPM podría bajar sus cobros.

En aquel momento la propuesta no solo fue cuestionada por entrar en conflicto con la sostenibilidad financiera de EPM, sino por desconocer desde su concepción los alcances de un gobierno local, que por ley no tiene ninguna injerencia en la fijación de las fórmulas tarifarias, función otorgada a la CRA y la Creg.

Transcurridos tres años la idea renació en río revuelto. Mientras por un lado la propuesta aparece en medio de un debate nacional por los alcances de los poderes asumidos por Petro (ver “No es competencia del presidente”), por el lado de EPM las mismas cifras de la compañía dan cuenta de que las tarifas han incrementado de forma sostenida durante los últimos años.

Desde este último frente, el punto más problemático es que, de acuerdo con los términos expresados por el alcalde, la reducción abarcaría todas las regiones en las que EPM tiene presencia.

Y es que además de Antioquia, en donde la empresa tiene casi un monopolio, la medida también impactaría otras empresas del Grupo EPM, como Afinia, Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), Electrificadora de Santander (ESSA), entre muchas otras, que juntas hacen parte del conglomerado de servicios públicos más grueso del país.

Pese a ser una de las promesas bandera del alcalde, durante los últimos tres años el Grupo EPM ha incrementado sus tarifas, siguiendo la tendencia de las demás empresas del sector en el país.

Tan solo centrando la vista en Medellín, tal como lo contó este diario en noviembre de 2021, las cifras entregadas por la propia compañía en respuesta a un derecho de petición formulado por EL COLOMBIANO daban cuenta de que en el servicio de energía las tarifas habían experimentado un incremento del 5,6% en todos los estratos y tipos de clientes segregados por la compañía, entre 2020 y septiembre de 2021.

Durante ese mismo periodo, en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado, las tarifas también subieron de forma sostenida en casi todos los estratos, oscilando en variaciones de entre el 4,72% y el 7,82% en las tarifas de alcantarillado, y entre el 4,51% y el 13,76% en el servicio de acueducto.

En esos meses, el único estrato que tuvo reducciones fue el 1, con una variación del -8,56% en el cargo fijo y -3,31% en los consumos por debajo del rango de subsistencia en acueducto, y una variación del -8,37% y el -8,35% en esos dos mismos rangos en la tarifa de alcantarillado.

Al ser consultada por el alto valor de los servicios públicos, la Alcaldía se defendió entonces argumentando que había autorizado una inyección de $4.600 millones en un plan de subsidios focalizados en los estratos más bajos. Esta medida, si bien alivió el valor final de los servicios para los estratos más bajos, tampoco fue suficiente para revertir su encarecimiento.

En octubre de 2022, el debate tarifario también puso a EPM en el centro de todas las miradas, luego de que la empresa fuera cauta en sus rebajas presentadas al Ministerio de Minas y Energía, entonces volcado a impulsar el llamado “Pacto por la Justicia Tarifaria”, liderado por la ministra Irene Vélez.

En aquel momento, EPM solo presentó rebajas en el componente de generación.

“En EPM hicimos una propuesta que implica un aporte de $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”, dijo entonces el gerente general Jorge Carrillo.

Según concordaron varios expertos, la lógica detrás de esa decisión obedecía a no incrementar la presión financiera que ya arrastra la empresa desde 2021, cuando, entre otros problemas, tuvo que prepagar un crédito por 450 millones de dólares al BID. Así mismo, la empresa está con sus cuentas al máximo para apalancar el plan de inversiones de Afinia.

Esta última empresa, que afronta múltiples quejas por la prestación de su servicios en la costa Caribe, también fue criticada durante esa discusión, ya que aseguró no poder rebajar las tarifas en un primer momento, pero luego se echó para atrás y accedió a hacerlo para noviembre y diciembre de 2022 (en un 24%).

En medio de ese panorama, el principal interrogante está en la sostenibilidad financiera de EPM, que además de su alto endeudamiento, los problemas en Hidroituango y sus líos reputacionales recientes, no es claro si tendrá el suficiente bolsillo para pagar esa promesa.

Según pudo conocer este diario, pese a que aún no hay una decisión en firme, el mero escenario de un congelamiento de las tarifas ordenado por el presidente Petro ya genera preocupación entre los técnicos de la compañía, no solo por ir en contra del espíritu del sistema regulatorio, sino porque podría poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa.

Contexto de la Noticia

Para saber más “No es competencia del presidente”

Para analistas del sector eléctrico consultados por EL COLOMBIANO, la solicitud del alcalde Daniel Quintero al presidente Gustavo Petro, en el sentido de congelar las tarifas de energía a cargo de EPM, es el claro reflejo de lo que implica que los intereses políticos se inmiscuyan en temas regulatorios, que por norma solo le competen a la Creg, ya que es un caso particular porque compete a una sola empresa.

Y resaltan que la decisión del jefe de Estado de no seguir delegando sus funciones en la comisión reguladora de energía, para intervenir directamente y bajar las tarifas, son con medidas de carácter macro o general.

“La solicitud que hace el alcalde Quintero al presidente Petro, en el sentido que le autorice congelar las tarifas a los usuarios de EPM, debería hacerla ante el Gerente General de la empresa para que la analice y de encontrarla viable la presente y sustente ante la Junta Directiva, que el burgomaestre preside, considerando los marcos regulatorios vigentes”, recalcó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

El líder gremial resaltó que las decisiones sobre la gestión de costos e inversiones son del resorte exclusivo de cada empresa en el marco de la regulación y procesos establecidos por las Comisiones (en este caso la Creg). “Entendemos que el grupo EPM tiene los análisis técnicos para la toma de estas medidas y esperamos que se realicen en el marco de dichos análisis”, dijo.

En el mismo sentido, Liliana Alemán, consultora y experta del sector eléctrico, señaló que dentro de la regulación actualmente vigente se considera que las tarifas y varios de sus componentes asignados son máximos, por tanto no se requiere autorización alguna para congelar o reducir las tarifas.

“Si fuese el caso de requerirse una aprobación, que no lo es, estaría en cabeza de la Creg puesto que el decreto en el que el presidente Petro reasume las funciones, estas son de carácter general y las decisiones particulares, como sería el caso de EPM, permanecen en cabeza de la comisión reguladora”, subrayó Alemán.

Para saber más Solidez financiera, ¿en riesgo?

Al cierre de la operación del tercer trimestre de 2022, el Grupo EPM registró ingresos por $23,6 billones. De estos, el 67% corresponde a distribución de energía y el 17% a generación.

En cuanto a su plan de inversiones, el Grupo aprobó para este 2023 un presupuesto de $24,2 billones, el cual será destinado así: $9,8 billones para inversión; $4 billones para infraestructura; $1,9 billones para activos e inventarios; y $3,9 billones para contratos de largo plazo de operación comercial y mantenimiento.

No obstante, tanto estos ingresos como el plan de inversiones podrían quedar en riesgo si se ejecuta el congelamiento de la tarifas que solicitó el alcalde de Medellín, pues según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), si la definición de las tarifas de energía no cumplen a cabalidad con criterios técnicos, de suficiencia económica, confiabilidad y eficiencia, ocurriría una subremuneración de activos.

“Esto significa que si se le dan menos recursos a las empresas, estas van a dejar de hacer inversiones en aspectos como reposición de activos, operación y mantenimiento. Así que al final del día se habrá un servicio de una calidad terrible. Ahí la pregunta también es para el usuario, porque está bien que todos quieran pagar menos, pero ¿están dispuestos a tener un servicio de mala calidad o tener cortes de energía, por ejemplo?”, explicó Castañeda.

Y es que si bien el alcalde Quintero dijo que financieramente EPM sí tiene la capacidad de realizar un congelamiento de tarifas, no fue claro sobre cuánto le costaría esto a la compañía.

En este sentido, para Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, una decisión como esta pone en alto riesgo la solidez financiera de la empresa. “Esta petición atrasaría la expansión, el desarrollo de futuros proyectos de la empresa y afectaría ostensiblemente sus ingresos. Esto tiene que revisarse a través de protocolos empresariales, y de unos procesos que permitan a la entidad determinar hasta qué monto lo podrían hacer”, señaló.

Y sostuvo que, además, en un momento en que la inflación está disparada, este sería un mensaje negativo de EPM hacia las calificadoras de riesgo internacional y a la banca multilateral que le suministra los créditos: “Recordemos que los megaproyectos de EPM, especialmente Hidroituango, dependen en gran medida de la banca multilateral. En ese aspecto se estaría enviando un mensaje que generaría desconfianza e incertidumbre, afectando la solidez financiera de la empresa y aumentando el endeudamiento de esta”, dijo el ex directivo.

Para saber más Congelamiento no afecta al sector

La solicitud del alcalde Quintero al presidente Petro de congelar las tarifas en el servicio de energía que presta EPM no derivaría en implicaciones financieras y operacionales para las otras empresas similares en el resto del país. Así lo aseguran analistas del sector eléctrico, al subrayar que las repercusiones solo recaerían en la empresa paisa.

“Las consecuencias solo recaerían en EPM. La petición habla solo de congelar las tarifas de energía, pero se no especifica por cuánto tiempo. Si el congelamiento se extiende por un periodo largo y todos los factores y variables del mercado que están por fuera del control de EPM se siguen moviendo al alza, las pérdidas son para la compañía. Los componentes en la generación no solo lo determina EPM, sino que va a depender de cómo se comporte el mercado y de los contratos de compra de energía”, resaltó Liliana Alemán, consultora y experta del sector eléctrico.

Por su parte, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), afirmó que la solicitud del alcalde Quintero no afectaría las tareas financieras y operacionales de las otras empresas del sector, incluso recalcó que las variables con las que las empresas trazan sus inversiones para el desarrollo de las actividades son distintas entre unas y otras.

“La situación financiera y operacional de las empresas que hacen parte del mercado eléctrico es totalmente independiente, ya que el desarrollo de las inversiones y planes de expansión y mejoramiento del servicio depende de los programas y cronogramas que desarrolle cada organización para cumplir con la eficiencia y efectividad en el suministro de energía”, dijo el líder gremial.

Para Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asonenergía), la decisión que adopte una empresa de energía del sector no afectará ni financiera, ni operacionalmente a las otras que hacer parte del mercado eléctrico.

ANTECEDENTES tarifas de epm, un cuento desde luis pérez

Las tarifas de servicios públicos han sido caballo de batalla de los alcaldes de Medellín. Justo hoy hace 20 años, el tema de debate en la ciudad era el congelamiento de las tarifas de servicio público de EPM. El entonces alcalde Luis Pérez, con quien Daniel Quintero asistía al estadio antes de ser alcalde, declaró insubsistente al gerente Iván Correa, con quien tuvo una dura pelea por el alza del 9,7% en la tarifa de energía, lo que, según Pérez, no fue consultado con él. Proclamaba a los cuatro vientos rebaja en las tarifas: “no es una meta populista ni imposible (...) seguiremos defendiendo tarifas justas con responsabilidad empresarial”.

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