Prórroga contractual de Hidroituango quedó en cuerda floja tras fallo de Contraloría

El fallo en segunda instancia de ese ente de control cayó como un baldado de agua fría luego del acuerdo alcanzado entre CCCI y EPM esta semana.

Con corte a junio 30 de 2021, el valor invertido en la construcción del proyecto asciende a $13,1 billones. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.

La firma de una nueva prórroga entre los constructores de Hidroituango y EPM volvió a quedar en la cuerda floja luego de que la Contraloría General de la República dejara en firme su fallo de responsabilidad fiscal, en el que determinó que al menos 26 personas y empresas (incluidos los contratistas) fueron responsables de causarle un detrimento patrimonial de $4,3 billones al Estado colombiano por lo líos en la megaobra.

Pese a que durante la noche del pasado jueves 25 de noviembre se conoció que EPM y el Consorcio CCCI habían acordado firmar un nuevo otrosí al contrato de obra vigente, por un plazo adicional de ocho meses, la decisión del órgano de control cayó como un baldado de agua fría sobre esos planes.

Aunque todavía habría un margen para que los actuales constructores se mantengan al frente de la obra y garanticen su continuidad durante los primeros meses de 2022, la confirmación del fallo dejó sin piso los plazos que se habían acordado entre las partes, uno de los puntos más álgidos de la negociación que pretende lograr el encendido de las primeras turbinas en la mitad del próximo año.

Según explicaron expertos consultados, uno de los escenarios más factibles de cara a una eventual prórroga consistiría en que los contratistas aprovechen un estrecho margen de tiempo que abriría un control automático de legalidad que el Consejo de Estado deberá efectuar sobre la decisión de la Contraloría.

Aunque la probabilidad de que este procedimiento frene la decisión es casi nula, los expertos coinciden en que daría un par de meses adicionales antes de que el fallo quede legalmente en firme y los contratistas sean incluidos en el boletín de responsables fiscales, quedando inhabilitados para contratar con el Estado hasta no reintegrar el detrimento calculado.

Otras de las opciones que permanece sobre la mesa consiste en que algunos de los implicados acudan a los estrados judiciales interponiendo acciones de tutela o de nulidad, para eventualmente lograr una suspensión temporal en los efectos del fallo mientras estas se resuelven.

El impacto en otros negocios

A parte de Hidroituango, otras obras que quedarían en suspenso por la decisión de la Contraloría son algunas de las que adelantan los integrantes del Consorcio CCCI (compuesto por Conconcreto, Coninsa y Camargo Corrêa Infra).

Por el lado de Concreto, la preocupación central estaría sobre los contratos que adelanta con entidades públicas, que equivalen aproximadamente al 20 % de su banco de proyectos.

Según se lee en su informe de resultados con corte al 1 de marzo de 2021, entre ellos se destacan concesiones como la Vía 40 Express (Entre Bogotá y Girardot) y la Doble Calzada Oriente (entre Sancho Paisa - El Tablazo), que quedarían en vilo a causa de la participación de Conconcreto en ambas (50 % y 25 % respectivamente).

Frente a este escenario, el presidente de la constructora, Juan Luis Arístizábal, ha insistido en que la empresa tiene una situación financiera sólida y viene buscando garantizar los mecanismos para cumplir con los contratos.

Por el lado de Coninsa, que en su portafolio de proyectos en ejecución registra al menos 32 proyectos inmobiliarios, la empresa también ha insistido en que estos no se vería comprometidos.

“Ninguno de los proyectos que adelanta actualmente Coninsa, de forma individual o con otras organizaciones, se verá afectado”, planteó la empresa a mediados de octubre pasado, cuando se acogió a un proceso de reorganización empresarial.

Analizando el fallo

Tras conocerse la decisión, a través de un comunicado de prensa, EPM optó por pronunciarse con cautela y se limitó a indicar que su equipo jurídico, técnico y financiero estudiaría el fallo antes de emitir una opinión de fondo.

“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”, escribió la empresa en un comunicado.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que no emitiría una opinión hasta no estudiar el documento en su totalidad. No obstante, insistió en su llamado a que las aseguradoras asuman los daños.

“Las compañías de seguros deben ser las que paguen en primera instancia el siniestro que se ha producido, porque para eso se contrataron”, dijo el mandatario departamental, reiterando que la prioridad para el proyecto es que se garantice su continuidad.

Cabe recordar que la primera fecha crítica marcada en el calendario es el 24 de junio de 2022, cuando vence el plazo del último hito constructivo acordado en el contrato Boomt, firmado en 2011 entre EPM y la Sociedad Hidroituango.

En materia de generación de energía, la segunda fecha crítica es el 1 de diciembre de 2022, cuando se vence el compromiso que EPM adquirió ante la Creg para encender las turbinas.

Por el incumplimiento de ese último hito, en 2018, EPM se hizo acreedor a una multa por USD 43 millones ante esa comisión y, como se conoció esta semana, de una sanción en primera instancia por parte de la Superintendencia de Servicios, por $1.817 millones.

Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, aseguró que ante un escenario en que Hidroituango no genere el próximo año, el suministro energético del país estaría garantizado.

“Ya hubo una subasta para cubrir esa contingencia. El balance energético lo hacemos de manera periódica y en caso de que se materialice un retraso adicional estaremos evaluando si es necesario hacer una nueva subasta”, dijo el funcionario.