La Contraloría anunció este miércoles que adelanta una inspección especial a la contratación de la millonaria adquisición de la flota de aviones de combate Gripen, fabricados por la firma sueca SAAB, y adquiridos por parte del gobierno de Gustavo Petro.
Pese al hermetismo inicial que suele rodear las compras de defensa, el ente de control confirmó que, tras una insistencia legal, logró acceso a documentación clasificada como “secreta y ultrasecreta en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)”.
El acceso no fue sencillo: delegados de la Contraloría tuvieron que realizar inspecciones presenciales en la FAC para vencer las barreras de confidencialidad del contrato. La entidad fue tajante al advertir que el carácter reservado de los documentos “no puede ser un escudo frente a las autoridades”, logrando finalmente acceder el archivo secreto de los aviones suecos.
Este proyecto de cambio de aviones caza ha tenido sus sombras. El contrato con la empresa sueca SAAB, que inicialmente se presentó con una oferta de 10 billones de pesos, se cerró en 16.5 billones de pesos en 2025.
Este aumento del 65 %, según la empresa, se justificó por la inclusión de proyectos tecnológicos con enfoque social y de generación de empleo, como una planta de producción de paneles solares y plantas de agua potable, además de aditamentos técnicos a la propuesta original, elevando el costo unitario por avión de US$150 millones a US$215 millones.
Entonces, es importante recordar que el Ministerio de Defensa había contemplado otras opciones para reemplazar la flotilla de los aviones Kfir, fabricados en los años 80 en Israel, y que ya cumplieron su periodo de obsolescencia.
Entre 2011 y 2025 se analizaron ofertas para adquirir los F-16 de Estados Unidos; Rafale de Francia; Eurofighter Typhoon de Reino Unido, España y Alemania; y el J-10CE, de China.
En primera instancia, varios expertos señalaron que, comparado con esas aeronaves, el Gripen de la empresa Saab es el menos poderoso, teniendo en cuenta el arsenal, la tecnología, la potencia de vuelo y el hecho de que nunca ha sido probado en combate real. Sin embargo, el Gobierno terminó inclinándose por esa oferta, ¿por qué?
Los detalles revelados por la Contraloría
El informe de la Contraloría revela que la operación se cerró bajo la modalidad de contratación directa con la Compañía Saab por un valor superior a los 3.135 millones de euros (16,5 billones de pesos a precio fijo), evitando fluctuaciones cambiarias.
La lupa de la Contraloría no se limitó a Suecia: auditó las ofertas competidoras de Estados Unidos, Francia y España antes de validar el contrato.
De las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia) contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un futuro contrato, identificó la entidad.
El acuerdo final con la empresa sueca garantiza no solo 17 cazas de última generación, sino un paquete “todo incluido” que abarca entrenamiento técnico, soporte logístico y armamento estratégico para la defensa nacional.
El esquema de pago del Gobierno con la empresa sueca SAAB se estructuró en un anticipo (40 %) pagadero en seis cuotas entre 2026 y 2031. El saldo excedente del 60 % se desembolsará contra entrega de las aeronaves entre 2028 y 2032. ¿Por qué Suecia y no Francia o EE. UU.?
Los detalles revelados por la Contraloría indican que tras evaluar propuestas de potencias como Estados Unidos y España, la FAC concentró su decisión final entre el Rafale (Francia) y el Gripen (Suecia), pero según el análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial, analizado por la Contraloría, el caza sueco se impuso por tres factores críticos: menor costo por hora de vuelo y mantenimiento; capacidad de operar en pistas cortas o carreteras y los tiempos de entrega son los más veloces para reemplazar a los ya obsoletos aviones Kfir.
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Un punto clave que destraba la aprobación es el modelo de créditos Offset. El acuerdo estipula que el 85 % de estas compensaciones se destinará a componentes sociales gestionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que el 15 % restante fortalecerá la industria aeronáutica nacional.
Aunque la Contraloría ratificó que el proceso cumple con los requisitos legales, el organismo advirtió que mantendrá un seguimiento permanente durante el primer semestre de 2026, a pesar de las cláusulas de confidencialidad con las que la FAC pretendía restringir el acceso a dicho ente de control.
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