El Consejo de Estado ratificó la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia de condenar a la constructora Sincc y a la Alcaldía de Rionegro a reparar a las familias afectadas por las fallas en el edificio Altos del Lago, ubicado en este municipio del Oriente antioqueño, que tuvo que ser deshabitado en 2017 y demolido de forma controlada en 2019 por los riesgos que representaba para las personas que lo habitaron, muchas de las cuales perdieron sus inversiones, así como para las viviendas aledañas.
La decisión del máximo órgano del contencioso administrativo se da luego de revisar los fallos conocidos hasta el momento, derivados de un proceso de acción de grupo y que habían sido en favor de las víctimas en primera instancia del Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, en noviembre de 2023, y en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, en mayo de 2024.
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Lo que hoy ratifica el Consejo de Estado es que en este caso hay una responsabilidad conjunta entre el Municipio y la firma constructora, por lo cual se ordenó que el primero asuma el 25% de las reparaciones a los afectados y que la segunda acarree el 75%. No obstante, tanto la alcaldía como la firma fueron declaradas también responsables solidarias, lo que podría llevar a que las personas demandantes cobren el 100% a cualquiera de las dos y estas deben pagar. Luego arreglarían cuentas entre ellas, según han explicado expertos.
Tras conocerse la ratificación de esta condena, desde la Alcaldía de Rionegro señalaron que acatarán la decisión de la justicia y que en este momento están valorando con el equipo jurídico las actuaciones para cumplir el fallo judicial, así como cualquier acción de defensa de que dispongan dentro del proceso que comenzó en el 2019.
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En todo caso, los afectados esperan que se cumplan sus pretensiones de reparación por los daños sufridos al tener que dejar los apartamentos en los que depositaron sus ahorros o para lo cual se endeudaron. Cabe recordar que en el fallo de primera instancia de 2023, el juez condenó al Municipio y a la constructora a pagar $15.000 millones a los perjudicados.
Esta no es la primera condena por edificaciones fallidas
Este es el tercer caso en el que la justicia condena a una alcaldía y a una constructora por irregularidades en las obras de edificios, un problema que ha sido recurrente en varios municipios del Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia como el Oriente: ya son varios los que se han tenido que deshabitar o repotenciar y algunos implosionar porque empiezan a presentar daños y se confirman riesgos para la vida y la integridad de los residentes.
El primer caso, que sentó un precedente y es uno de los más conocidos, fue fallado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en septiembre de 2022, cuando fueron condenadas la Alcaldía de Medellín, la empresa CDO y un curador por el colapso de una torre del edificio Space en 2013, lo que causó la muerte de 12 personas y dejó sin casa a decenas de familias. En esa ocasión la condena fue por $30.800 millones.
La primera instancia del caso Space se dio en abril de 2021 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín que, en su momento, determinó que solo eran responsables la constructora y el curador, pero tras una apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia extendió la sanción a los representantes de CDO y al hoy Distrito de Medellín por las fallas en su deber de supervisión. En este proceso, la justicia declaró también responsables solidarios a la firma y a la Alcaldía de Medellín, por lo cual debían pagar a los afectados como reparación por los perjuicios materiales y morales.
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Por su lado, el segundo caso de este tipo se dio apenas en junio de este año, luego de que, en primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Medellín declarara a la Alcaldía de Medellín, a tres empresas de construcción y a 16 personas naturales, entre ellas a los curadores que autorizaron la construcción del edificio, como responsables de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los propietarios de los 48 apartamentos del edificio Bernavento, ubicado en la Loma de los Bernal, y demolido en junio del 2018 por insalvables daños estructurales.
En ese proceso, se les ordenó pagar en total $30.000 millones a los condenados de forma solidaria entre $28 y $45 millones por cada parqueadero, unos $4,8 millones por cada cuarto útil y entre $400 y $600 millones por cada apartamento convertido en escombros. Además, 100 salarios mínimos legales mensuales por los daños morales causados a los propietarios que, después de años de lucha y angustia, tuvieron que abandonar sus viviendas en 2016. En este caso no se ha dado la segunda instancia.
En todos los casos la condena a las alcaldías se da por causa de una falla a la hora de hacer el debido control y seguimiento durante los procesos de construcción de las edificaciones. En el caso de Altos del Lago, que tenía 116 apartamentos, incluso la Alcaldía de Rionegro de la época peleó ante la justicia para que no se demoliera el edificio, que terminó en escombros de forma controlada tras dos intentos fallidos de demolición por cuenta de procesos judiciales que terminaron a su favor.
A la Alcaldía de Rionegro se le endilgan omisiones al no tomar una medida preventiva contundente o una inspección ante evidentes fallas de la estructura, determinadas en estudios de instituciones acreditadas, como fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales, lo que mantenía un alto riesgo de colapso con la gente adentro, por lo cual la evacuaron.
En el caso del Space, la justicia consideró que el Municipio de Medellín omitió, además de sus funciones de vigilancia y control de la actividad constructiva, el deber de protección de la ciudadanía, pues por un informe generado tras una visita en abril de 2010, tuvo la oportunidad de conocer los errores en los planos y la deficiente construcción del edificio, pero no desplegó ninguna actividad para obtener dicho conocimiento y tomar las medidas necesarias para evitar el desastre.
Y en el caso de Bernavento, de 18 niveles y 54 metros de altura, el juzgado condenó al Distrito de Medellín por omisiones en la vigilancia y el control sobre los curadores urbanos que entregaron la licencia de construcción, que no hicieron cumplir la norma, y por no adoptar medidas policivas para que el constructor garantizara la estabilidad de la obra.
