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Los reclamos que continúan en Palmitas y San Cristóbal por la Autopista Mar 1

Aunque el proyecto 4G avanza en un 84 %, las solicitudes de las comunidades no están resueltas. Hablan la concesionaria y la ANI.

  • Pasos viales seguros (en puntos como el de la imagen), tarifa diferencial de 90 % en el peaje Aburrá y pago de predios, las solicitudes. FOTO edwin bustamante
    Pasos viales seguros (en puntos como el de la imagen), tarifa diferencial de 90 % en el peaje Aburrá y pago de predios, las solicitudes. FOTO edwin bustamante
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12 de abril de 2021
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Por San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal comenzó a pasar cemento hace más de 20 años. La antigua vía al Mar, la conexión vial Guillermo Gaviria Correa y el Fernando Gómez Martínez (antiguo túnel de Occidente) tendieron sus tentáculos y cavernas sobre y por debajo de las montañas que conducen al Occidente.

Pero este fue solo el arranque de una empresa superior de infraestructura vial. Luego, llegó la construcción de una doble calzada, una autopista 4G y un corredor vial comercial turístico hacia Urabá, según Manuel Salazar, presidente de la Junta Administradora Local de Palmitas.

Desde 2016, precisamente, en estos corregimientos de Medellín se ejecutan las obras del proyecto Autopista al Mar 1. La intervención, operada por la concesión Desarrollo Vial al Mar (Devimar), representa una inversión por 2,8 billones de pesos. Su avance general, con corte al 31 de marzo, era del 84.6 %. Los trabajos, según la concesionaria, avanzan acordes al cronograma de ejecución.

Esta intervención tiene un alcance de 181 kilómetros y abarca la construcción de la doble calzada entre Medellín y Santa Fe de Antioquia (38 kilómetros) y la del nuevo Túnel de Occidente (4,6 kilómetros). Además de levantar estas obras, la concesionaria debe operar y mantener los tramos entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas (62 kilómetros) y todo el eje vial. La rehabilitación entre el trayecto Santa Fe de Antioquia-Peñalisa (76 kilómetros) ya se concluyó (ver gráfico).

Pese a estos avances, compartidos por Devimar, las comunidades de la zona han manifestado que el paso del proyecto ha implicado varias luchas. Y aunque en los últimos meses se ha hecho lo que no se había logrado en 20 años, según Salazar, se siguen esperando resultados en varios frentes.

Menos accidentes y costos

Entre las necesidades que algunos de estos habitantes le compartieron a EL COLOMBIANO se cuentan la construcción de soluciones peatonales, que garanticen la seguridad vial en la zona (por los accidentes que allí se registran, según Cristian Sánchez, gerente de Corregimientos) y la entrada en operación de la cuota diferencial del 90 % en el peaje Aburrá.

Sobre la primera solicitud, la concejala Dora Saldarriaga habló en su momento. “Es que no solamente es negociar la construcción, hay que tener en cuenta representantes de la comunidad, que son los que se ven afectados. Yo me pregunto, por ejemplo, si existen reparaciones integrales con los heridos que en Palmitas (...), por el tránsito de la vía”, interrogó.

Al respecto, Salazar describió que, en el mes de febrero, por medio de una mesa de concertación, se concretaron varios acuerdos. Entre ellos, la construcción de un puente peatonal en la vereda La Aldea (con plazo hasta febrero de 2022) y la identificación de los puntos neurálgicos para la seguridad vial y su posterior adecuación (se hizo una visita de identificación hace 15 días y se establecieron las obras necesarias).

También se acordaron los trabajos de mejora para las vías de ingreso a las veredas La Volcana y La Frisola (se fijó el plazo de entrega para 2022); y se acordó, además, la construcción de un retorno para las veredas Urquita y La Potrera, pues los habitantes de estos sitios tienen que ir hasta San Jerónimo, y regresar, para poder ingresar al corregimiento.

“Que las comunidades no tengan un retorno cercano implica una movilidad mayor, unos costos exagerados. Además, Palmitas no tiene una ruta de buses. ¿Quién responde por esos costos?”, agregó la concejala Saldarriaga.

Consultada sobre el tema, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expuso que actualmente se avanza en el trámite de modificación contractual que permitirá la ejecución de las intervenciones anteriores. De las obras, confirmó, se encargará Devimar, “con quien se suscribió el contrato de Concesión 014 de 2015, proyecto Autopista al Mar 1”.

El tema del peaje, por su parte, va más lento. “Este no ha sido fácil. La tarifa diferencial urgente no ha llegado. Se ha tenido que recurrir a cierres de la conexión, el túnel y la antigua vía al mar”, contó Salazar. Con estos mecanismos, enfatizó, la comunidad logró un espacio con los actores interesados y se llegó a otro acuerdo: “Se espera que la resolución sobre la tarifa diferencial del 90 % sea entregada a la comunidad este 30 de abril”.

El trámite, para concretar el beneficio, ya surte su proceso ante el Ministerio de Transporte, dijo la ANI. “El pasado 22 de marzo de 2021, se radicó el borrador de resolución, el cual está en proceso de revisión ante la oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, para su posterior publicación. Este trámite se efectuará en los próximos días (respuesta recibida el 7 de abril)”.

Se espera que, una vez se dé la publicación de la resolución, el concesionario pueda adelantar los trámites relacionados con la presentación de los requisitos para que los interesados puedan acceder al beneficio de la tarifa diferencial.

El trámite, según la ANI, podría concretarse en menos de un mes, luego de la publicación de la resolución. Así las cosas, para el mes de mayo, 216 vehículos de los habitantes de San Sebastián de Palmitas podrán recibir el beneficio de tarifa diferencial del 90 %, “para categoría 1 y 2 (vehículos de transporte público de pasajeros)”, aseguró la entidad.

Predios sin pagar

Aunque las anteriores solicitudes son importantes, y tras consultar a las entidades competentes se evidenció que ya hay avances, otro frente preocupa en Palmitas y San Cristóbal, y ese, según parece, podría tardarse.

Además de las obras y el peaje, “pedimos el pago de los predios adquiridos desde el año 2000, los cuales se siguen adeudando”, detalló Salazar.

Según el servidor, 33 predios se adeudan desde 2016. “Estamos pidiendo una nivelación de oferta y de precio (...), de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, durante estos 4 años. Ello representaría un aumento de 20 o 30 millones de pesos”.

A estos se le agregan 17, entre los años 2000 y 2015, acotó. “Hay 50 personas esperando que les paguen los predios. En la mesa de concertación, sobre el pago y el estado actual de los predios, la ANI, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia solicitaron un plazo, que se cumple el 5 de mayo, para decirnos en qué están, qué falta y a quiénes les van a pagar”.

Sobre el tema, se le preguntó a Devimar, la concesionaria. Esta respondió que en los corregimientos de Palmitas y San Cristóbal se han pagado y escriturado 80 predios, a la fecha. De estos, dijo, quedan 38 pendientes por surtir los mismos procesos. “Los que están pendientes hacen parte de un proceso de la gestión predial, en la cual se involucran otras entidades públicas diferentes a Devimar”.

Las cuentas de la concesionaria no coinciden con las que compartió Salazar. Según su registro, se adeudan 12 predios más. Para verificar esta información, se consultó a la Alcaldía de Medellín. Esta, tras indagar en sus despachos de Planeación e Infraestructura, indicó que el tema no era de su resorte. Lo mismo aclaró la Gobernación de Antioquia.

La ANI, por su parte, compartió la misma cifra que la concesionaria, exponiendo que, a la fecha (7 de abril), “hay un total de 38 predios pendientes de pago”.

Sobre su estado, sostuvo que cinco están en elaboración de insumos; 13 se encuentran en la oficina de Catastro municipal; seis en la de Registro e Instrumentos Públicos (pendientes por “inscripción de cabida y linderos”); 11 en trámite de registro de escritura pública; y tres más así: uno en proceso judicial (el trapiche comunitario), otro en posesión y otro en restablecimiento (el de la escuela La Volcana).

En cuanto a la solicitud de la comunidad, respecto al ajuste de la tarifa de los predios que se adeudan desde 2016 con base en las variaciones del IPC, Devimar explicó que la modificación no es posible. “El predio se compra a un valor total y se realizan pagos fraccionados, de acuerdo con las actuaciones necesarias para la escrituración de estos. Por lo tanto, no se pueden realizar ajustes de valor posteriores a la promesa de compraventa”.

Este, tras dos décadas de intervenciones, es el panorama de quienes habitan esas montañas que conectaron -y conectan- a Medellín con el Occidente de Antioquia. Allí, según Salazar y otros funcionarios (ver recuadro), se espera que las obras de seguridad vial cumplan sus cronogramas, que la tarifa diferencial del peaje entre en operación lo más pronto posible y que los predios sin desembolsar por fin se paguen

$2,8
billones es la inversión que alcanza Mar 1. Ejecución llega al 84,6 %: Devimar.
50
predios no han sido pagados, según Manuel Salazar. ANI dijo que se adeudan 38.
Infográfico
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