Las esperanzas de que en Yarumal empiece a funcionar una colonia agrícola como centro de reclusión de mediana seguridad para descongestionar las cárceles de Antioquia están fijadas en una reunión que la ministra de Justicia Gloria María Borrero y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sostendrán esta semana.
El Ministerio reportó que aún no se ha fijado la fecha para el encuentro, pero que en él se dará respuesta a las dudas de Pérez sobre el futuro del proyecto que, en teoría, ya debería estar operando.
“La Ministra ya respondió la carta que le envió el Gobernador, pero ese documento no se hará público hasta la reunión”, dijo una fuente del Ministerio. La misiva a la que se refieren fue remitida por Pérez el pasado 15 de abril y en ella se señala que si el nuevo gobierno no hubiera frenado el proyecto, la colonia ya estaría inaugurada.
Hoy en el predio no se ve avance de obra. Durante un recorrido realizado ayer, EL COLOMBIANO comprobó que un grupo de hombres adelanta el estudio de suelos y que en el sitio solo permanecen vigilantes.
Lote desierto
Una cerca metálica gris es la única señal de que el edificio de cuatro pisos y vidrios rotos, perdido en una montaña a 15 minutos de Yarumal, es técnicamente una cárcel.
Hasta 2014 el lugar fue sede del Seminario de Cristo Sacerdote, pero en 2017 el predio de 40 hectáreas fue comprado por la Gobernación y la Alcaldía de Medellín para construir una colonia agrícola penitenciaria con capacidad para 1.328 personas.
En enero de 2018, el gobernador Luis Pérez con el alcalde Federico Gutiérrez y el ministro de Justicia de la época, Enrique Gil, anunciaron que las obras empezarían en marzo y estarían listas al finalizar el año. El 4 de julio, el entonces presidente Juan Manuel Santos puso la primera piedra en el lugar. Hoy, 16 meses después, ni un solo ladrillo se ha puesto.
Julio Aníbal Areiza, alcalde de Yarumal, explicó que en 2017 se firmó un convenio entre su administración y las demás entidades, y en marzo de 2018 el contratista empezó con el cerramiento del lote.
“La plata para el proyecto, que son más de $60.000 millones, está en una fiducia, pero no sabemos por qué no han autorizado los pagos. Con el cambio de gobierno el proyecto se frenó desde Bogotá y en enero de este año se suspendieron las obras”, dijo.
Vecinos de la zona contaron que hasta hace un año los internos de la cárcel de Yarumal realizaron labores de jardinería. “Nos dijeron que desde Bogotá prohibieron que los trajeran y desde eso la maleza ha crecido”, dijo uno de ellos.
Los problemas
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, informó en un comunicado que tras revisar los documentos del Convenio Marco de Cooperación 393 y el Convenio Específico 1 con el que se iniciaron las obras, encontró que el constructor (Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva) no tenía diseños, cronograma de obras ni servicios públicos y que, además, en un estudio posterior se concluyó que era necesario demoler el edificio, que fue del seminario.
Carlos Enrique Londoño Amariles, gerente de Viva, explicó que el plan inicial era que el seminario (también llamado Herradura) sirviera como sitio de reclusión pero los estudios de vulnerabilidad sísmica arrojaron que la estructura no resistiría ese uso.
“Se firmó un modificatorio el 31 de julio de 2018 en el que Viva se comprometía a entregar el cerramiento, la vía y los diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos”, dijo.
La fecha de entrega era el 31 de enero. Según el gerente, los diseños ya están y el cerramiento se hizo, pero “para la vía necesitamos que nos paguen y eso no se ha hecho. Viva ha cumplido con lo pactado y nos adeudan $3.500 millones”.
La empresa dice que ha remitido los cobros y soportes a la Uspec, pero no les han dado respuesta. Por eso estudian qué acciones legales se pueden entablar para destrabar los pagos.
Para el alcalde resulta inaudito que se piense en demoler la estructura porque no cumple requisitos de sismorresistencia. “Eso cuesta $2.500 millones, todo un desperdicio. Ninguna cárcel cumple la norma de sismorresistencia”, dijo Areiza.
Entre noviembre de 2018 y abril de 2019, el comité técnico de seguimiento a la obra se ha reunido 6 veces. En enero acordó suspender las obras mientras se revisa la legalidad de los documentos. El Ministerio de Justicia le pidió a la Contraloría que indague si hay posibles detrimentos patrimoniales.
En marzo, reportó el Uspec, se confirmó que el contratista de obra no ha recibido pagos. Y en abril, dijo el alcalde de Yarumal, se habló de posibles errores en el convenio marco .
$65.201
millones es el costo: Uspec $51.201 millones; y $14.000 millones, Antioquia y Medellín.
