La autopista Medellín-Bogotá y otras vías aledañas del Oriente antioqueño literalmente corren el riesgo de “apagarse” dentro de dos meses y una semana, debido a que no existiría un plan de empalme claro para cuando termine la concesión que actualmente opera estos carreteables.
El concesionario Devimed le confirmó a EL COLOMBIANO que la imprevisión podría tener efectos altamente problemáticos para toda la subregión y en contra de la comodidad y seguridad de los pasajeros de 24.000 vehículos que en promedio transitan por acá todos los días.
Actualmente las concesiones de segunda, tercera, cuarta y quinta generación contemplan una fase de reversión con el fin de no causar traumas al culminar, pero no ocurre lo mismo con las de primera generación, como esta. También, el manual actual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hoy día establecen ese empalme por un periodo no menor a seis meses.
Ya había conversaciones entre las partes con el fin de firmar un otrosí que garantizara esa transición en la que Devimed fungiría como operador a la vez que ejecutaría siete proyectos priorizados con excedentes tasados hasta ahora en $121.000 millones. Solo que la Agencia de Infraestructura habría cambiado de parecer, guiada por una instrucción del presidente Gustavo Petro.
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Al ser consultada por este Medio, la ANI aseveró que junto con Devimed, con la interventoría y con el Invías, trabajan “de manera articulada” para la entrega de la información al respecto “con el fin de garantizar el adecuado traslado del corredor vial a la Nación”; no obstante, el concesionario refutó que una reunión y un recorrido con el Invías distan mucho de considerarse un empalme.
Así las cosas, simplemente Devimed entregaría el 31 de julio a las doce de la noche y el primero de agosto a las cero horas debe comenzar la operación el Invías. Ello de por sí ya genera para algunos líderes y alcaldes el temor de que ocurra como con el tramo entre El Santuario y Puerto Triunfo, que se ha deteriorado por el mantenimiento insuficiente.
Pero el asunto podría ser todavía más serio, de acuerdo con fuentes de Devimed, pues el Invías no conoce a profundidad lo que implica la concesión que “heredará” y tendría apenas este corto tiempo para revisar la infraestructura y para hacer las contrataciones respectivas con el fin de responder por asuntos gruesos como el manejo de los puntos de pago y las básculas de pesaje, la iluminación, el servicio de grúas y ambulancias o el mantenimiento vial.
Considerando que las restricciones de la Ley de Garantías van hasta el 31 de mayo, cuando son las elecciones de primera vuelta presidencial, y se podrían extender hasta el 21 de junio –segunda vuelta– habría un escollo adicional a las ya conocidas demoras de la contratación estatal. A eso se añade que el resto del tiempo, hasta el 7 de agosto, cuando entrega el gobierno del presidente Petro, sus funcionarios estarían más ocupados en tratar asuntos del empalme en el poder central que en arandelas de las regiones.
“Como todos sabemos, un contrato de mil millones de pesos en el Estado puede demorar para liquidarse hasta más de un mes, y acá es de 30 años y casi dos billones de pesos; la etapa de liquidación podría demorarse más o menos un año”, añadió Devimed.
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“Es imposible entregar en un solo instante inventarios y revisar por parte de quien recibe una infraestructura de 180 kilómetros, que incluye pavimentos, obras de drenaje, licencias ambientales y la gestión social realizada durante 30 años. Y ni siquiera han preguntado qué equipos tenemos”, agregó.
Los puntos más críticos del “vacío” que quedaría
Un aspecto relevante son los peajes, que están integrados a una red de cobro electrónico que requiere una certificación previa de la tecnología utilizada, y es propiedad de Devimed. Eso ha facilitado la agilidad en la atención de los usuarios a menos de doce segundos por carro que pasa por los puntos de control, y quiere decir que si en la fecha de la entrega el Invías no cuenta con la interconexión al otro día a las cero horas no habrá forma de hacer el pago automático, ocasionando posibles congestiones. También las básculas para el pesaje de carga usan una tecnología propia del concesionario actual y tendría que ser reemplazada.
Un caso especial se refiere a un servicio imprescindible, que es la iluminación. Hoy día lo provee un tercero dentro de una transacción especial por ser energía a precios de mayorista, pero si ese acuerdo deja de existir el 31 de julio a la medianoche, al minuto siguiente las vías quedarían a oscuras en caso de que Invías no tenga un nuevo contrato.
También terceros están a cargo del servicio de ambulancias y paramédicos que atienden los accidentes viales en el área de la concesión, lo mismo que las grúas, y sucedería lo mismo.
Si bien la contratación del mantenimiento de la capa asfáltica da mayores márgenes de tiempo porque el deterioro no ocurre de un momento a otro sino de forma progresiva, las fallas al respecto, como ha demostrado hasta ahora, arrojan consecuencias nefastas para la seguridad y la tranquilidad pública.
Cabe recordar que en el tramo entre Caño Alegre (El Santuario) y Doradal (Puerto Triunfo) desde que el Invías asumió el manejo, se ha dado un daño significativo, con alta presencia de baches y pasos restringidos, incrementando accidentalidad y muertes. Dicha problemática ha suscitado la protesta ciudadana y el boicot al cobro de los peajes.
Aunque no afectaría directamente al público que transita por las vías concesionadas, algo que es engorroso igualmente y requiere de tiempo en un virtual empalme es el traspaso de la copiosa documentación sobre los terrenos que ha comprado la concesión, pues durante 20 años ha hecho la gestión predial.
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“Lo que estamos reclamando es una fase de reversión donde nos sentemos con la interventoría, la ANI y el Invías para que reciban en debida forma la infraestructura vial; mientras les entregamos al invias, simultáneamente podríamos estar ejecutando las obras (de los siete proyectos priorizados con los $121.000 millones); en ese tiempo se sigue recaudando y esa plata seguiría yéndose para el fideicomiso, aclarando que en ese tiempo lo que recibe el concesionario es un reembolso por los gastos en los que incurra por operar y mantener la vía, no como el recaudo de hoy que es para que me paguen a mí lo que yo invertí”, recalcó Devimed.
De forma paralela, existe una demanda ante un tribunal de arbitramento porque Devimed aduce que la entrega realmente debe ser el 31 de octubre, como establece un laudo arbitral al que llegaron en 2016 al resolver una discrepancia, y no el 31 de julio, como dice el otrosí 16 de ese mismo año. Este lunes está previsto que elijan los árbitros e inmediatamente Devimed pediría como medida cautelar que se reconsidere su fecha de salida.
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