El Ministerio de Transporte acierta al sacar esta reglamentación de la ley, en especial porque recogió el clamor ciudadano de que las medidas de tránsito no obedezcan a esquemas alcabaleros de recaudo de dinero y, en el caso de las fotodetecciones, hechos para particulares. Negocios concebidos en cuarto oscuro, con un interés grande de enriquecer a terceros, porque lo percibido por las municipalidades es mínimo. Eso con la molestia que significa para los ciudadanos saber que se beneficia a particulares.
Es claro que lo que se ajusta y mejora (con esta reglamentación) es válido: reglar y controlar las conductas del ser humano. Hay que hacerlo como parte de crear conciencia ciudadana.
Pero aquí había la sensación de que se beneficiaba a particulares, como en Medellín cuando se concesionaron los parquímetros para explotar el parqueo en el espacio público. Hasta ahora el modelo beneficiaba poco el verdadero sentido pedagógico de la medida. Lo que viene es la reversión de los contratos que hay con las condiciones de utilidad que se pactaron antes.
Ahora se deben señalar y advertir las cámaras, porque las normas de tránsito no se pueden pensar para estigmatizar al ciudadano sino para enseñarle: “no lo repita”.
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