Muchos de los criminales que agitaban el clima de inseguridad en los sectores con mayor violencia en la ciudad permanecieron largo tiempo a la sombra. Ahora, gracias al trabajo de inteligencia e intervención de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad, hay una identificación muy certera de grupos y jefes responsables de alterar el orden público en territorios declarados como prioritarios en la contención de las estructuras criminales: San Javier (Comuna 13), Robledo (Comuna 7) y el corregimiento Altavista.
Esa segmentación de las áreas, los actores ilegales y sus cabecillas, con un plan de acción focalizado y una estrategia policial de mayor selectividad y penetración, debe permitir que el segundo semestre de 2018 arroje reducciones objetivas de los delitos en aquellos territorios, en especial en la baja de los homicidios y la desarticulación de las bandas y sus corredores, en particular en el cordón perimetral del Occidente de la ciudad.
La tarea de los organismos de seguridad, que además ha contado con el apoyo oportuno y firme de la Fiscalía y del Ejército, muestra cada vez mayores niveles de depuración que deben redundar en el logro de una carga investigativa y probatoria sólida para que no se produzca el escenario indeseado que cuestionan autoridades de gobierno, policía y ciudadanos: que a los jefes de las bandas se les capture, pero se les deje libres muy pronto, por falta de pruebas.
En los últimos 12 días se presentaron 11 asesinatos en la zona de San Javier, y hay rebrotes de violencia en Belén Altavista. El sector Aures, de igual manera, es escenario de choques entre combos pertenecientes a la organización delincuencial Robledo.
Tras parte de esas alteraciones está el influjo de la estructura “clan del Golfo”, y a su vez, tras ella, están las redes mafiosas transnacionales. Es otro de los saltos que se busca dar hoy en la persecución de los criminales en la ciudad: la desarticulación de las escalas locales y regionales en su interacción con mafias y carteles que tienen matrices en México, Brasil, Venezuela y Europa.
El largo recorrido y “la experticia” de las bandas en Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia, se ejemplifican, según las autoridades, en figuras como el “Cuerpo Colegiado de la Oficina”, que tiene detrás una multimillonaria empresa de lavado de dinero que ha empezado a golpearse con capturas como la de alias “Lindolfo” y alias “Vallejo”, que tenían a su cargo propiedades y activos por más de quince mil millones de pesos.
En esta lucha es fundamental, como lo destacó en su reciente visita a Medellín el alcalde de Palermo, Italia, Leoluca Orlando, elevar la dignidad de los gobernantes y la de los ciudadanos. La de los primeros, mediante su opción de respeto por la ética y la legalidad, y la de los segundos representada en la atención de sus necesidades esenciales y el compromiso con un cambio cultural paulatino.
Es determinante que mientras la ciudad consigue un punto de inflexión (de no retorno, de rechazo y desinterés) frente a la ilegalidad y la violencia, las autoridades y la comunidad den pasos a un cambio fundado en la confianza y el apoyo mutuos, y el respeto de derechos fundamentales.
Solo así aquella bitácora de combate tan clara a las bandas y los criminales que azotan territorios específicos, permitirá su “desmantelamiento definitivo” y no un simple cambio de cabecillas que se reproducen y prosperan sin fin.
