El desarme de las Farc, pero en particular esta última etapa de inspección y clausura de las caletas en diferentes puntos de los territorios que ocupó esa guerrilla, se está dando en áreas con un gran influjo de otros actores criminales. Ello significa que ese proceso y la información que genera demandan de las partes involucradas, directa e indirectamente, un rigor extremo para no afectar el objetivo final: que se desactive y recupere la mayor cantidad de armamento que tenía en su poder el grupo ilegal.
Hay una fuerte presión de las bandas criminales por reciclar y reclutar a exguerrilleros, entrenados y con conocimiento de las lógicas y secretos de terrenos, lugares y apoyos sociales de la disciplinada estructura militar y delincuencial que constituían las Farc.
Ante esa realidad imperante, la institucionalidad colombiana y los apoyos internacionales, más específicamente la Misión de la ONU, no pueden permitirse descoordinaciones ni informaciones distorsionadas. Hay que impedir versiones deformadas de la realidad, pero también hay que ejercer un control militar-policial y logístico que cierre el paso a los saboteos de agentes externos y al intento de cualquier desertor de recobrar los remanentes de armas en las caletas.
Es fundamental que si bien las inspecciones de esos “armerillos clandestinos”, como quedó establecido en los acuerdos, las adelantan la ONU y delegados de las Farc, siempre haya un cordón de control de área del Ejército y de la Policía que frustre cualquier “fuga de armamento”.
Ya el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, advirtió que las zonas de concentración, con sus restricciones a la población civil y las autoridades locales, se prolongarán solo hasta el 15 de agosto. Por eso lo que cabe es el refinamiento de los mecanismos de desmonte de las caletas y su blindaje ante fenómenos y actores de ilegalidad que las rondan y buscan permearlas.
Si la misión de la ONU se retira a finales de agosto, es de la conveniencia suya y del proceso mismo que se despliegue un monitoreo intensivo con la consecuente difusión informativa, en los niveles y los alcances que corresponden y que requieren el país y la comunidad internacional.
Las deserciones que se están presentando, confirmadas incluso por voceros de las Farc a este diario (caso de Ituango, con 14 disidentes), si bien no son convenientes, sí estaban dentro de los presupuestos mismos que dejan otras experiencias de desmovilización de ejércitos irregulares en conflictos internos.
Por eso el foco debe estar puesto en la contención de los factores críticos del proceso que refuerzan, hoy, la idea de algunos combatientes de retornar a la delincuencia y la clandestinidad. Si bien las armas de las caletas constituyen un botín aún expuesto a robos y manipulaciones irregulares, hay que preguntarse cuáles son las fallas y vacíos mismos del proceso que dan cabida a esas conductas.
En este contexto, sin embargo, no se deben desechar ni subestimar los llamados de atención y las denuncias de las autoridades locales y regionales que advierten que los yerros los pagarán las comunidades en sus jurisdicciones, con nuevas bandas y delitos que amenacen la seguridad y que alteren la convivencia.
La verdad de lo que ocurre no puede quedar encaletada. Debe fluir con el ánimo de desmontar mitos. No hay mucho tiempo ni paciencia ciudadana ante un asunto de tal sensibilidad y riesgo.
