No es Colombia el primer país en el que las nuevas aplicaciones tecnológicas que ofrecen servicios de transporte particular generan gran controversia con los taxistas, que se sienten víctimas de una competencia desleal que perjudica sus intereses.
Pero no siendo el primero, sí padece una circunstancia que hace que no solo el gobierno, sino los líderes empresariales y la sociedad misma como usuaria del servicio, estén vigilantes a los graves riesgos derivados de que este creciente malestar de los taxistas pase a ser encarado con la habitual forma de dirimir los conflictos en este país: con la violencia y las vías de hecho.
Viendo lo sucedido ayer en Bogotá y los hechos recientes en Medellín, la reacción violenta de muchos taxistas contra la existencia misma de esas plataformas, como Uber, o peor aún, la acción directa contra vehículos, conductores y pasajeros, no es una simple manifestación de inconformidad, sino la decisión de incurrir en conductas tipificadas en el Código Penal.
Son muchos los factores que confluyen en esta discusión, ciertamente compleja: económicos, de libre competencia, de restricción y regulación estatal a servicios públicos esenciales, de vacíos normativos, de calidad del servicio, de derechos de los usuarios, etc. Pasando, por supuesto, por cálculos políticos de los gobernantes que no asumen sus responsabilidades y por las influencias de los cabilderos de uno y otro signo.
El 24 de noviembre del año pasado, se transmitió desde la Casa de Nariño toda una puesta en escena con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, la ministra de Transporte, Natalia Abello, representantes de los taxistas como Uldarico Peña, además de directivos de Uber. Quien lea todos los anuncios que se hicieron ese día, las promesas y la supuesta claridad normativa de un decreto reglamentario sobre servicio de transporte de lujo, no entenderá muy bien por qué sigue sin aclararse el panorama.
Hay una realidad indiscutible sobre las nuevas tecnologías y las innovaciones empresariales a las que estructuras tradicionales se niegan a abrir espacios, y frente a las que el gobierno no sabe qué hacer.
La respuesta que se tiene, reiterada ayer por la ministra de Transporte, es que en Colombia “Uber es ilegal”.
Siendo los taxis, como son, tan importantes para la vida cotidiana, es necesario que haya una profunda reflexión de sus dirigentes, conductores e inversionistas, porque no va a ser amedrentando a la sociedad, ni agrediendo pasajeros ni dañando los vehículos de otros conductores como van a evitar que la gente se incline cada vez más por otro tipo de prestadores del servicio.
Por supuesto que hay que escuchar sus razones y atender los reclamos que tienen una base cierta, como la precariedad del empleo de los taxistas y el sistema de cupos, que hace que este cueste más que el vehículo amarillo. Hay un sistema de licencias que restringe el número de taxis, como barrera de entrada para un mercado limitado por múltiples regulaciones. Y no hay quien tenga aún la fórmula para hacerlo compatible con la oferta libre de servicios de conductores con auto para quien prefiera esta opción.
Lo que no puede aceptarse, de ninguna manera, es el chantaje por la vía de la fuerza. A ese paso el sector del taxi será estigmatizado y percibido más como un parapoder que como un servicio público.
