Que la obra del Túnel del Toyo es necesaria, inaplazable y que económicamente abre enormes posibilidades de desarrollo para Antioquia y para toda Colombia, es el punto de acuerdo en el que, por lo menos hasta hoy, confluyen la Nación, el Departamento y el Municipio de Medellín.
Que haya consenso por lo menos en eso puede representar, para muchos, un mérito de por sí, máxime en un país donde ni para visionarias obras de infraestructura que saquen al país del siglo XIX se logra concitar concurso de voluntades. La proyección de futuro de casi ninguno de los gobernantes que nos caben en suerte va más allá del último día de su cuatrienio.
En esta del Toyo se había materializado ese acuerdo no solo en declaraciones políticas, escuchadas desde hace décadas, sino en contratos con fuerza ejecutiva suscritos entre la Nación (Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, Invías, y Agencia Nacional de Infraestructura, ANI), el Departamento de Antioquia (Gobernación) y el Municipio de Medellín (Alcaldía). Esta última sometiéndose, incluso, al cuestionamiento político de por qué el Municipio pone cuantiosos recursos para una obra que no se ubica en su jurisdicción.
Con la asunción del mando por parte del nuevo gobernador, esto cambió. A Luis Pérez y a sus asesores les surgieron múltiples dudas sobre los contratos del Túnel del Toyo. Ni la Nación, ni el Invías, ni la ANI, ni el Municipio de Medellín tenían dudas jurídicas sobre los contratos. Y, según las declaraciones públicas de todos sus titulares, siguen sin tenerlas, aunque la nueva realidad política los ha llevado a abrir un compás de espera para que, en un período de 60 días, se busquen dilucidar las objeciones del gobernador y su equipo.
Este período de 60 días, que al decir de la ministra de Transporte, Natalia Abello, se abre con la conformidad de las firmas a las que se les adjudicaron los contratos, estuvo precedido de un pronunciamiento del contralor de Antioquia que reafirmó lo que desde su despacho se había filtrado semanas antes a voceros políticos. A su juicio, la revisión de los contratos adolece de graves violaciones a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la función pública. Dijo haber encontrado hallazgos fiscales, disciplinarios y penales. Y en el comunicado de prensa afirmó que “de los hallazgos se infieren pérdidas por cerca de dos mil millones en la contratación”.
La Procuraduría, por el contrario, a través de la procuradora delegada para la vigilancia de la función pública, dice que lo que implica riesgos jurídicos para el Departamento es no cumplir lo establecido en los contratos. Y convalida que la Ley 1682 de 2013, de Infraestructura, permite que la licencia ambiental se ejecute en desarrollo del contrato, y no como requisito previo. Así también lo corrobora el propio Invías, cuyo director dice que así han hecho otros contratos en el resto del país.
Interpretaciones de la ley, de las cláusulas contractuales, de los conceptos de los organismos de control habrá para todos los gustos. De las objeciones, puede haber razón en la que pide establecer con certeza (en la medida en que ella es posible en un túnel) el valor total de la obra, y lo que corresponderá a cada parte.
Quedan, pues, dos meses para saber a dónde va a ir a parar este proyecto. ¿Pocos días, muchos días? Para una espera acumulada de casi un siglo es poco tiempo. Para seguir sembrando obstáculos es mucho.
