En el curso de sus problemas y retos en materia de seguridad, Medellín está enfrentando un trance histórico: no aceptar acuerdos tácitos, a partir de los cuales las estructuras del crimen organizado dejan de llamar la atención de las autoridades mediante la rebaja de homicidios, pero mantienen el control de sus actividades y rentas millonarias ilegales. La realidad muestra que muchos sectores siguen cogobernados por bandas delincuenciales y las comunidades sometidas a regímenes de extorsión, microtráfico e intimidación. Esa ciudad de “enclaves paralelos” del hampa no puede seguir.
Decir esto no invalida los esfuerzos de las diferentes alcaldías de este milenio, cada una empeñada en ejecutar acciones enfocadas en recuperar la convivencia y el respeto de la vida humana. Pero sí recuerda que el crimen organizado ha sido una fiera a la sombra, que continuaba creciendo y mutando en sus actores y modalidades. Acabar esa amenaza tiene costos. Altos.
Las recientes denuncias respecto de que algunas de esas bandas buscan desestabilizar la ciudad mediante la intensificación de delitos como el hurto a personas (en especial el llamado “fleteo”) y el robo de automotores, tiene lógica. La incomodidad, las pérdidas de control y ganancias, la detención de mandos medios y altos de sus pandillas, la estrechez para maniobrar en sus ilícitos, y el deseo de cooperar de muchos ciudadanos, traen ese tipo de respuestas por parte de un “crimen avezado”.
Ha ocurrido en otras ciudades del continente: Culiacán, en México, donde el extraditado “Chapo” Guzmán forjó simpatías con actos de Robin Hood para poner a la gente contra el Estado y las instituciones; San Salvador, donde “las maras” ejercen control territorial y constriñen a jóvenes y comunidades, o Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, donde los comandos Capital y Rojo, dirigidos por poderosas camarillas de presidiarios ponen en jaque a los gobiernos locales al recrudecer, a necesidad y para presionar a las autoridades, la violencia y el crimen en las calles.
Los golpes recientes a las bandas en Medellín: decomisos de toneladas de droga y desmantelamiento de redes de distribución, incursiones en zonas que eran confortables para el comercio de motopartes y celulares robados, y la captura de jefes criminales como alias “Chamizo”, “Diablo”, “Monín”, “Elkin Chata” y “Jonás”, entre otros, además de operaciones sostenidas en Robledo y Castilla, han incomodado a esas estructuras.
Y este momento no debe ser para titubeos. Bien hizo ayer el Concejo de Medellín al respaldar y rodear al alcalde Federico Gutiérrez. No se puede permitir que la delincuencia gane la partida con planes desestabilizadores. Un Estado refrenda su solidez y robustez cuando no se deja intimidar con mensajes cifrados o directos del bandidaje.
Frente a la postura que asumen el Alcalde y su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ante los riesgos que ello supone, no pueden amilanarse ni la Policía Metropolitana ni la Policía Nacional ni la Fiscalía ni el ministro de Defensa ni el Presidente. Esta ciudad requiere ver a esos actores del gobierno, el orden y la seguridad, jugarse a fondo en la lucha para lograr un quiebre irreversible e histórico contra las estructuras criminales y sus “reinos” intocados.
El llamado también es para la ciudadanía: hay que filarse del lado de la legalidad, alentarla con energía, sin dobleces.
No puede ser, resultaría inentendible e inaceptable, que ante la determinación del gobierno local de cortar los males de raíz, el Estado central y la sociedad sean apenas espectadores de una lucha que requiere una acción policial y civil integrada, monolítica.
Regístrate al newsletter