Hace dos meses la Gobernación de Antioquia solicitó a los contratistas e interventores del Proyecto del Túnel del Toyo, suspender por 60 días la ejecución del contrato con el fin de estudiar las objeciones que el gobernador y algunos de sus asesores tenían sobre el proceso de contratación. Los contratistas y la interventoría aceptaron abrir ese espacio.
El plazo se cumple la próxima semana, pero el pasado jueves se supo que la Gobernación solicitó una prórroga de otros 15 días en la suspensión. Del gobierno departamental no se ha emitido información ni ninguna posición oficial que clarifique las razones de este nuevo plazo, todo ello en una tónica de opacidad que contradice lo que proclaman el gobernador Luis Pérez y sus secretarios sobre transparencia y acceso a la información de temas de interés público.
Transparencia y claridad que deberían garantizarse a los antioqueños para saber la verdadera suerte de un proyecto que ha sido declarado de “importancia estratégica nacional” (Documento Conpes 3836 del 11 de julio de 2015), en el cual todos los socios, salvo uno, están prestos a cumplir sus obligaciones. Pero los contratos ya suscritos siguen esperando en el congelador de no se sabe bien qué pretensiones u objetivos para poder ponerse en marcha.
El proyecto del Túnel del Toyo no es solo la extensión de 9,7 kilómetros por debajo de una de nuestras montañas. Comprende 17 túneles cortos, 33 puentes y casi 24 kilómetros de vías a cielo abierto. Y es el que conecta, además, a las Autopistas Mar 1 y Mar 2, cuyo cierre financiero quedaría seriamente comprometido de no construirse el proyecto del Toyo.
Solamente a título enunciativo, citaremos algunas de las consideraciones hechas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, para haber declarado este como proyecto de importancia estratégica para el país, destacando antes que en tal documento se recomienda realizar su contratación “a través del mecanismo de obra pública”, que fue lo que se hizo y es, a la postre, uno de los motivos de recelo de la actual Gobernación.
Para el Conpes, la construcción del Corredor Vial Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas, Túnel del Toyo y sus vías de acceso, “es necesario para garantizar una eficiente movilidad entre los tramos Autopista Mar 1 y Autopista Mar 2”.
Con tales obras habrá una conexión eficiente entre el centro occidente del país y la zona atlántica. Se dinamizará el comercio, generando incremento de las actividades comerciales, agrícolas y turísticas, entre otras. Según estudios de la propia Gobernación, al menos el 70 % de los recursos generados en la construcción serán absorbidos por la economía antioqueña.
Por todo esto, suena paradójico que esta misma semana el secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, dijera en declaraciones a la prensa que este departamento era un referente para el Gobierno Nacional en construcción de vías. De lo que va a ser referente si persiste en atravesarse en la ejecución del proyecto es de incumplimiento a los compromisos asumidos (mediante contratos firmados) y de falta de altura de miras. De pequeñez, en suma.
La próxima semana visitará Antioquia el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Cuánta falta ha hecho que fije públicamente una posición y haga ver al gobernador (y aliado político) lo que puede perder el Departamento.
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