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¿Quién le responde
a Medellín?
El especial periodístico que se publica hoy, sobre los destrozos que cada día más se ven a lo largo y ancho de Medellín, es un testimonio de cómo los recursos públicos, los impuestos que pagan los ciudadanos, no se están viendo como debieran”.
Esta semana, curiosamente, los nombres de allegados al alcalde Daniel Quintero estuvieron bajo el escrutinio de medios de comunicación que denuncian en unos casos y preguntan en otros por la propiedad de bienes aún no suficientemente bien explicados.
Un caso es el de Esteban Restrepo, que fue secretario de Gobierno de Quintero, ahora es su candidato a la Gobernación, y con 30 años recién cumplidos anda en camionetas lujosas y compró un lujoso apartamento en El Poblado avaluado en unos 1.800 millones de pesos, según lo reveló EL COLOMBIANO. A Restrepo, que no lleva más de ocho años de vida laboral, siempre en el sector público, no le acaban de cuadrar las cuentas para justificar esta compra.
Esta semana también, desde Bogotá, la emisora La FM le hizo una entrevista a la esposa del alcalde, Diana Osorio, en la que le indagaron sobre la movida que hicieron de un apartamento de propiedad de la pareja a una empresa cuya representante legal es su prima y asesora, Laura Upegui.
A esos casos se podría sumar el de Miguel Quintero, el hermano del alcalde, que ha amasado una fortuna que superaría los $5.000 millones, según otra investigación publicada en abril también en EL COLOMBIANO. Ese es el monto que se ha podido documentar, pero no se descarta que tenga mucho más. Varias personas, en los últimos dos años, se han acercado a este medio a denunciar que el hermano del alcalde les habría pedido dinero a cambio de contratos. En su momento, por ejemplo, se publicó y quedó documentado su intento de darle una ‘mordida’ al llamado Lote de Carabineros. Pero aún la Fiscalía no ha probado nada contra él.
Miguel Quintero, valga anotar, en lo laboral ha sido básicamente empleado público. En el sector privado su única experiencia fue como gerente de Intrasoft, una firma de Daniel Quintero, que ha sido cuestionada, al mismo tiempo que hacía de concejal de Medellín (2012-2015).
Estos casos salen a flote en momentos en los que se hace evidente en Medellín el estado lamentable de su mobiliario urbano, educativo y deportivo, como se puede ver en el especial que se publica en esta misma edición. Más del 90% de colegios tienen serios problemas en su infraestructura. Más de una veintena de paraderos de buses están retorcidos o se desploman. A lo largo de la ciudad se encuentran puentes con barandas rotas que se convierten en trampas mortales. Varias estaciones de Encicla, el programa de bicicletas públicas, aparecen destruidas y cerradas. Muchas canchas de barrios dan grima y escenarios deportivos de alto rendimiento como las piscinas olímpicas y el velódromo están abandonados a su suerte. Por no hablar de las basuras y los parques enmontados.
El especial periodístico que se publica hoy, sobre los destrozos que cada día más se ven a lo largo y ancho de Medellín, es un testimonio de cómo los recursos públicos, los impuestos que pagan los ciudadanos, no se están viendo como debieran –y como se han visto históricamente– en la ciudad. ¿Dónde están los recursos públicos para el mantenimiento de la ciudad? ¿A dónde fueron a parar?
El hecho de que la ciudad esté medio abandonada es aún más llamativo si se tiene en cuenta que el alcalde Quintero ha utilizado los presupuestos más altos de la historia de Medellín. El año pasado, Quintero tuvo a su disposición 7,7 billones de pesos, una cifra que hace ruido si se compara con los 3 o 4 billones ejecutados cada año por otras alcaldías, en las cuales la ciudad lucía con más dignidad.
Y como si fuera poco, a Daniel Quintero parece que no le alcanza la plata. El caso de los colegios es un buen ejemplo. A pesar de los varios billones de pesos que ha tenido cada año, nunca se le ocurrió destinar recursos para arreglar los colegios. El alcalde se gastó todo el presupuesto y luego, en su tercer año, puso contra la pared al Concejo para que le permitiera utilizar “vigencias futuras” para echarle una mano a los colegios.
Algo parecido ocurrió en los escenarios deportivos, a pesar de que esta entidad sí ha tenido recursos para su mantenimiento, las presuntas irregularidades que se han dado en la contratación tienen en regular estado todo tipo de canchas. Y entonces, otra vez, el Concejo muy generoso le aprobó también vigencias futuras.
Las vigencias futuras no son otra cosa que gastarse desde ya la plata que le correspondería a las próximas alcaldías para invertir en Medellín. El alcalde, en total, ha llevado 11 proyectos para aprobar vigencias futuras y le han aprobado más de 1,2 billones de pesos. El más reciente, para la construcción de una cárcel en San Cristóbal, está lleno de irregularidades.
Lamentablemente, ante este panorama, son pocas las investigaciones penales que se adelantan. O al menos, los ciudadanos no han tenido respuesta a sus inquietudes de las autoridades que tienen la obligación constitucional de hacerlo.
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