La imagen de un funcionario del CTI que logra ingresar a un jefe de una de las más peligrosas bandas delincuenciales de Medellín a los calabozos del búnker de la Fiscalía, produce tanta preocupación como desconfianza sobre el nivel de corrupción y penetración del crimen organizado que afecta hoy a las entidades de seguridad e investigación judicial de la región y del país.
Alias “don Gato” (Gustavo Alexis Bermúdez) lleva disfrazado de funcionario, a las celdas del complejo, a William Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, para que pueda amenazar cara a cara, para que no abran la boca, a algunos de sus compinches capturados en un operativo antidrogas.
Pero si esta es una escena reveladora de los vínculos de los delincuentes con agentes de la seguridad y la investigación judicial, otras más de policías que integran o apoyan redes de microtráfico en el Centro de Medellín acaban por desvirtuar y horadar la confianza ciudadana en la Fuerza Pública y el Estado.
Resultó de gran preocupación un informe aparecido en este diario el pasado lunes 24 de septiembre, que registró en detalle las conexiones entre miembros de la Fuerza Pública y otras entidades con la banda la Terraza, una de las estructuras de mayor recorrido en el hampa urbana y parte de la ya vieja confederación criminal conocida como “la Oficina”. Desde noviembre de 2017 han sido capturados 11 policías y un agente del CTI de la Fiscalía por nexos con ese grupo.
Uno de los propósitos del plan de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez era, precisamente, la depuración de las instituciones encargadas de combatir todas las modalidades de la delincuencia urbana: desde el robo de celulares, pasando por el de vehículos y la venta ilegal de autopartes, hasta la extorsión, el microtráfico y la explotación sexual.
Pero resulta bastante difícil y cumplible una tarea de esas proporciones, en Medellín, con semejante nivel de contaminación del crimen organizado en las filas oficiales. Desde el comienzo de esta administración municipal se señalaron filtraciones en la Fiscalía y en la misma Policía, circunstancias que hoy se corroboran.
Varios exagentes policiales, además, han terminado como integrantes de las cúpulas del crimen organizado en el área metropolitana: caben ejemplos como el de alias “Tombolín” y alias “Orión” (asesinado en el contexto de retaliaciones de “la Oficina”), lo cual habla de la necesidad de fortalecer el control interno de estas instituciones, en materia de formación y sanciones efectivas, como en un trabajo de contrainteligencia capaz de reducir a niveles mínimos la corrupción que hoy afecta el cuerpo de patrulleros y oficiales y de agentes rasos e investigadores de alto nivel en la Fiscalía.
Sin filtros en la selección del pie de fuerza y del cuerpo de investigaciones de esos entes, será habitual (ahora y en el futuro) que se presenten fugas de información, confidencial y estratégica, para adelantar capturas y allegar pruebas.
Los lectores del citado informe lo expresaron en el foro de lectores de nuestra edición digital: “así, ¿en qué autoridad puede creer el ciudadano? ¿Quién se atreve a denunciar con el riesgo evidente de ser ubicado por los criminales?”.
La tarea de depuración debe ser tan urgente como amplia y profunda. Con estos síntomas de corrupción y descomposición se hace imposible una tarea efectiva y creíble de desarticulación de las superestructuras que gobiernan el crimen urbano, con persistencia histórica y lamentable.
