Las certezas y los informes son numerosos y sólidos, además de preocupantes para Colombia y la comunidad internacional: los dos últimos años el aumento de los cultivos ilícitos, y en consecuencia la producción de droga en el país, supera el 50 por ciento. Solo con leves diferencias métricas o porcentuales, la DEA, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas —Unodc, por sus siglas en inglés— y el Departamento de Estado de EE.UU. tienen información que confirma un nuevo auge de esa empresa criminal.
El incremento, calificado de “dramático” por las agencias que monitorean los sembradíos, ha merecido dos pronunciamientos del presidente Donald Trump. A comienzos de septiembre amenazó con descertificar si no se frena la actual “superproducción de cocaína”. Y esta semana envió una carta a su homólogo Juan Manuel Santos que, aunque cordial, enfatiza en el cometido de cortar un problema que se ha duplicado.
Las buenas maneras de la reciente misiva no borran la posibilidad de que si persiste el volumen de cultivos ilegales y narcotráfico, Estados Unidos considere designarnos como una nación otra vez “fallida” en la lucha contra las drogas, escenario que no se presenta desde 1998.
Que se ponga en entredicho el interés de Colombia de erradicar —voluntaria o forzosamente— por lo menos 100 mil hectáreas de coca, de las 200 mil reportadas en la actualidad, no solo produce una mancha política inconveniente sino que dimensiona las dificultades enormes que está teniendo el Gobierno Nacional para desarrollar programas de sustitución, muy en especial en áreas donde las Farc tuvieron influencia armada y donde hoy proyectan desarrollar su proyecto político.
O el Estado logra consolidar su presencia institucional y sellar su legitimidad, con una cuota fuerte de interacción y adhesión ciudadana, además de imponer su control militar-policial para someter y desbaratar las mafias y su cultura de ilegalidad, o lo que amenaza con reforzarse son nuevas cadenas y bandas criminales, cada vez más blindadas y empoderadas para destruir los planes y los esfuerzos oficiales que pretenden reorganizar comunidades desde la Constitución y la Ley.
No se trata solo de la alerta peligrosísima que dan estas mediciones de cultivos ilícitos, se trata de la continuada penetración de las mafias en el tejido social de amplias zonas rurales y semirrurales, donde, además del abandono y la precaria atención gubernamental, se revuelven actores y factores capaces de lesionar la integridad y la seguridad del territorio.
Las muertes por sobredosis de cocaína y opiáceos en Estados Unidos —más de 65 mil en 2016— y los asesinatos de líderes sociales partidarios de la restitución y de campesinos que protestan por los incumplimientos en inversión social y desarrollo agrario integral en Colombia, son los extremos de una crisis que exige medidas prontas y eficaces.
Se advierte lo que pasó con sociedades en posconflicto como El Salvador y Guatemala, donde la delincuencia común, el pandillerismo y la inseguridad urbana crecieron a tope, en parte aupados por el narcotráfico. Aunque se reconoce a Colombia como un Estado con mayor solvencia institucional, hay antecedentes mafiosos y fenómenos actuales de criminalidad y violencia que pueden inflamar con el auge del mercado local y global de la cocaína. No se necesita otra carta de Trump para entenderlo.
