El escenario es histórico: la obligación de apurar los tiempos de la negociación y de concretar lo más pronto posible el cese el fuego bilateral y definitivo quedó en manos del Gobierno y las Farc, a partir de la rápida expedición, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la resolución 2261 en la que el organismo aceptó su rol de monitorear y verificar.
Hay que repasar las líneas recién escritas para dimensionar el punto al que ha llegado la negociación del fin del conflicto armado con las Farc.
Aun con los vacíos que no se dejan de criticar, estamos ante un momento inédito, ocho meses atrás impensable. Entonces, los análisis decían que el proceso había entrado en su etapa más crítica y que, si no se reinventaba, estaba condenado al fracaso.
En un recorrido más amplio, basta poner el espejo retrovisor en San Vicente del Caguán, entre 1999 y 2002, para recordar que todo se quedó estancado en la retórica marxista y la soberbia de unas Farc que nunca en la mesa dejaron de llevar fusiles y camuflados. Que no aceptaron ninguna verificación y se agotaron en exigir estatus de beligerancia mientras que continuaban sus secuestros, ataques a la infraestructura y tomas demoledoras de pueblos y bases policiales.
El ambiente actual es bastante diferente. Se mantiene una tregua unilateral de la guerrilla, están evacuados cuatro de seis puntos de la agenda y, aunque caben las necesarias discrepancias frente a asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz y la aún no explicada “dejación de armas”, el país no respira el humo de los cilindros-bomba ni sufre asaltos permanentes en carreteras y localidades periféricas.
Tras tres años y dos meses de haber iniciado en Cuba las conversaciones, las partes están ahora comprometidas a definir cuanto antes las condiciones y mecanismos que servirán de base para la tarea de verificación civil (política, no militar) de la ONU, con apoyo y componentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
No siempre la ONU ha sido garantía de éxito, pero también es cierto que es el organismo más recurrido por los contendientes de conflictos armados en estas etapas de cese el fuego. Sus misiones, por ejemplo, recibieron críticas en El Salvador y Guatemala, pero al final lograron el objetivo en tanto que se firmaron sendos acuerdos de paz.
Que el Gobierno Nacional y las Farc hayan solicitado a la ONU esa verificación implica obligaciones políticas muy altas, que por supuesto se deben honrar. Ahora, más que mirar atrás, a los más de 50 años de hostilidades y posiciones irreconciliables, las partes deben trabajar con celeridad en el protocolo que regirá la concentración de frentes guerrilleros, el alto el fuego y el desarme de los ilegales.
La selección de las zonas de concentración de los subversivos y su número (entre 8 y 16, aunque el Gobierno no quiere más de 10) empiezan a causar polémica y divergencia: ¿estarán o no en poblados y corredores de presencia histórica y estratégica de las Farc? ¿O se instalarán en áreas ajenas en las que las comunidades no quieren campamentos subversivos? Las preguntas son muchas y diversas.
Hay que estar concentrados. No solo las Farc. Ellas lo estarán en los territorios que verificará la ONU, pero nosotros tenemos que estarlo para cuidar que la inminencia del final del proceso no se convierta en nada distinto que el fortalecimiento de la democracia donde la palabra “víctima”, en ninguna de sus diversas aplicaciones, haga parte del futuro
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