Las conductas de todo militar en el campo de batalla, o de “acción operacional”, deben ser impecables. Más si ese examen de comportamiento se refiere a uniformados que representan a un Estado, con responsabilidades constitucionales, y su capacidad de cumplir y comportar las normas, con la obediencia debida, y proteger las garantías ciudadanas.
Las denuncias de Human Rights Watch, sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, por parte de oficiales de la Fuerza Pública colombiana, merecen esa reacción: la del respeto a la presunción de inocencia, pero, al tiempo, la atención necesaria para que ante irregularidades basadas en documentos no se pase por alto el deber del Estado de responder y actuar.
La aparición del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, en la lista de sindicados, pero bajo la aclaración de que él no ha sido vencido en juicio y desconoce alguna investigación en su contra, plantea, por lo menos, la necesidad de que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas aclaren este entorno de denuncias que mancha la legitimidad y credibilidad de sus miembros.
Hay que andar con pies de plomo ante señalamientos que, por graves, requieren un exhaustivo proceso de verificación, contrastación y depuración en sus contenidos y alcances, para evitar juicios a priori, pero igual para no dejar espacio a confusiones respecto del papel de un país que cada vez se enrumba a solidificar sus instituciones y procesos democráticos, ajustados al Estado de Derecho.
El gobierno colombiano tiene compromisos y retos ante la comunidad internacional. Por obligaciones adquiridas como integrante (Estado parte) de los organismos y sistemas de observancia y garantía de los derechos humanos, y de estatutos universales que rigen el comportamiento de las Fuerzas Armadas de esos Estados miembros.
Dada la representatividad de los altos oficiales involucrados, en diferentes momentos y procesos de los últimos gobiernos (Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque), y su influjo en la labor de las FF.AA., resulta pertinente que el Gobierno Nacional asuma una posición firme de atención y respuesta a una denuncia pública frente a la cual HRW asegura tener expedientes y respaldos rigurosos.
Estos señalamientos no dan espacio para la pasividad o la tardanza oficiales. En particular, porque se demerita la solvencia de la actual cúpula militar, e incluso el futuro mismo de nombramientos y ascensos en las fuerzas.
Colombia, inmersa en un proceso de posacuerdo con las Farc, que le ha costado tantos reclamos y controversias con agentes mundiales de DD.HH., poco neutrales y contextualizados de sus procesos históricos, no puede dejar a la vista lunares que desluzcan el interés cierto por los cambios y la optimización de su vida republicana y democrática.
El perfeccionamiento de los controles a los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas queda servido para que el Congreso, en adelante, esté atento a cualquier señal de cuestionamiento y denuncia internacional, con el fin de que las instituciones pervivan impolutas en el fervor y el respeto de los ciudadanos.
Aquí hay un asomo, aún improbado, con contundencia, de irregularidades de los militares de la patria. Ni ellos, ni la ciudadanía a la que defienden, se pueden permitir señalamientos. Queda, entonces, que el Estado actúe de conformidad. Sin tacha.
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